Entre IVA, contribución municipal, provincial, impuesto provincia Buenos Aires Ley 7290 y 8016/73 y fondo Provincia de Buenos Aires ley 9038 le aportan a la factura de Edenor el 30% del valor a pagar por un usuario medio, mientras que los cargos fijo y variable del consumo propiamente dicho representan el 70%.
LA QUITA TRIBUTARIA NO LLEGA AL 7%
Tarifazo en mayo: uno más y no jodemos más
El proyecto de ley ingresado en el Senado que propone eliminar cargas tributarias menores de las facturas de electricidad, gas y agua (excepto la parte del león, IVA e ingresos brutos) no suma más del 7% en promedio del monto total que debe pagar cada usuario, en vísperas de un incremento en la tarifa del gas superior al 40%, sin contar en el acumulado de los servicios públicos domiciliarios en los 2 años de gestión de Cambiemos. Al recibir la iniciativa, el titular del bloque oficialista de la Cámara Alta, Federico Pinedo, prometió que sería el último aumento de esa magnitud. El gobierno se metió en camisa de once varas al vincular tarifas con impuestos para incluir a los gobernadores en el costo político de los tarifazos, cuyo objetivo fiscal era transferir a la tarifa que pagan los consumidores el subsidio presupuestado a la Tesorería. Pero como política energética, el propósito ha sido mejorar sustancialmente el precio que reciben los productores, transportistas y distribuidores de la energía a fin de promover las inversiones que faltaron en todos estos años. El problema fue sobrecargar en “la tarifa”, por atrasada que se la considerara, el peso del déficit fiscal y de la postergación de las inversiones privadas, lo cual condujo al actual callejón sin salida.
25 de abril de 2018 - 19:02
El anuncio formulado por la gobernación bonaerense como anticipo al proyecto de “ley de transparencia en la facturación de los servicios públicos esenciales" que el Poder Ejecutivo Nacional ingresó en el Senado significa, en el caso de la luz, un recorte de la mitad del tributo liquidado por su jurisdicción, que alcanza al 37% del rubro total de impuestos y contribuciones, contra 48% que embolsa y coparticipa Nación con el IVA y 25% que se lleva el municipio.
En el caso de AySA (agua), el IVA ocupa el 88,7% de la carga tributaria mientras entre las alícuotas de financiamiento del Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) de la empresa suman el 11,3% restante. Por su lado, la Administración Vidal prometió bajar 6,2% la tarifa del agua, aunque sólo alcanza a Aguas Bonaerenses (ABSA) que comprende a 786 usuarios del interior de la provincia porque AySA, que le suministra a la mayor parte de la población, es un coto de caza del sindicalista José Luis Lingieri.
La liquidación del gas es bastante más complicada. El 36% de lo que se paga son impuestos y contribuciones y de ese porcentaje algo menos de la mitad se lo lleva el IVA. El 30% es por una percepción de AFIP, y quedan de gabela provincial 15% y municipal 5%. Después hay un fondo fiduciario que recauda 0,03% de cada boleta y otra percepción ininteligible de AFIP que explica otro 13%. Enargas recibe 6% de la tajada tributaria e ingresos brutos 3,5% entre transporte y distribución, más un 0,05% de una ley 25.418. La Plata dijo que hará una quita del 6,3%.
De modo que de las facturas de la electricidad, el gas y el agua que paga un usuario medio, el 30, 36 y 20%, respectivamente (promedian 33%), corresponden a distintos impuestos y contribuciones, con lo cual la tarifa neta regulada por el Ministerio de Energía ocupa el 67% de las 3 sumadas.
El proyecto en su artículo 6to establece que "las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario", además de incluir el impuesto al IVA e Ingresos Brutos, si correspondiere. Y en su artículo 7mo aclara que "no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados en el artículo 6 de la presente ley".
Es decir que los impuestos municipales o provinciales que quedarán excluidos y deberán cobrarse a través de otro medio incidirían en alrededor de 7% en los consumos intermedios, que frente a tarifazos mayores al 40% no se notarán demasiado a la hora de pagar la cuenta final, por más financiada en cuotas que esté.
La cosmética de dividir las boletas en cuotas y desgravar un porcentaje ínfimo de la carga tributaria intenta disimular el impacto, primero social y luego político, de los tarifazos y frenar la escalada parlamentaria, antes que reparar en el perjuicio que ocasionaron en los presupuestos familiares.
Una acción psicológica complementaria ejecutaron los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires al salir con rebajas que, en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, consisten en llevar a cero por este año la parte de ingresos brutos facturada en gas y agua, para que los importes cedan ese 4%, con lo que resentirá la caja en $1500 millones.
El año que viene el gravamen regresará pero al 3%, conforme lo establece la pauta del consenso fiscal firmado por las provincias y la Nación, que estipula la rebaja progresiva de tasas hasta desaparecer, en 2021.
Su colega del otro lado del Riachuelo y la avenida General Paz anunció que hará una baja del 15,6% en la luz, 6,3% en el gas y 6,2% en el agua.
Disparidades territoriales
La situación del tridente del operativo reelección 2019 no es la misma que en otras jurisdicciones, ya que en Salta, Tucumán, Formosa, Santa Cruz, Misiones, Corrientes y Chubut no se cobran impuestos provinciales en cabeza del usuario, como en Buenos Aires, como previno el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey en un comunicado. “Por lo tanto, agregó, no podemos reducir algo que no existe".
El columnista de ámbito.com, Carlos Burgueño, afirmó en un artículo aparecido hoy que la Casa Rosada se encuentra poniendo en marcha un plan que implica dar un giro en la política tarifaria que rige desde el comienzo de la gestión, según el cual se traslada el costo de eliminar el subsidio al consumidor final (residencial, comercio e industria), sin afectar los costos en el proceso de generación y transporte, en los que nivel de subsidios sería entre 15 y 20% en promedio.
“El Ministerio de Energía de Juan José Aranguren intentó un alza primaria en 2016 de hasta 400%; la que posteriormente se redujo a un tercio por la protesta social”, recuerda el periodista.
Dos años después de castigar las economías familiares, afectar el consumo y la inflación, el gobierno nacional estaría analizando una reducción de impuestos en la primera base de la producción de energía y gas; negociando con las empresas generadoras y transportadoras el 40% de tributos nacionales, según Burgueño.
Empalma con la línea que tomó la diputada Lilita Carrió, de exigirles a las compañías involucradas en esta etapa un compromiso firme y por escrito de inversiones directas para mejorar la oferta energética del país, con Camuzzi y Pampa Energía, junto con TGN, TGS, al tope del listado.
La idea sería, desde el año próximo, negociar nuevos contratos a mediano y largo plazo que garanticen inversiones por casi 10.000 millones mientras, paralelamente, la presión impositiva nacional, provincial y municipal sobre las facturas finales llega más atenuada al público.
El prestigioso comentarista Joaquín Morales Solá desplegó en su columna en La Nación un paper que radiografía el déficit fiscal de este año, para el cual se necesitarán créditos, una parte tomados en el exterior, entre US$30.000 y 35.000 millones: casi US$20.000 millones se atribuyen a solventar subsidios de luz, gas, agua y transporte, que la pretensión oficial es que desaparezcan definitivamente en 2019.
El esquema, que atiende una lógica que suele escuchárseles al presidente Mauricio Macri, en primer término, y en las intervenciones mediáticas de los ministros Rogelio Frigerio, Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y del propio coordinador Mario Quintana, se enmarca en los límites que, afirman, imponen:
-los subsidios sociales y a las tarifas,
-el empleo público y las jubilaciones.
Los cuales representan el 70% del presupuesto nacional.
Dentro de esa participación englobada, sin embargo, existen detalles no menores de una distribución desigual que beneficia a privilegiados y castiga a la gran mayoría restante, cuya normalización y verdadera transparencia modificarían los macronúmeros en torno de quiénes deberían pagar esos subsidios y quiénes no deberían gozarlos.
Si al asumir Cambiemos se hubiera aplicado una política de reparto de la descarga equitativa de subsidios entre consumidores finales, empresas transportistas y distribuidoras de energía, y al mismo tiempo, Nación, provincias y municipios también hubiese reducido la carga tributaria llegando a un nivel residual, el tarifazo habría sido la mitad.
Pero, además, la factura final se podría haber discriminado entre lo que toca a clientes residenciales, comercios o industrias y, entre éstas, según se tratara de pymes o medianas y grandes empresas.
Suponiendo que el plan Aranguren esté agotado, como titula ámbito.com y se establezca un nuevo punto de partida tarifario en el que sean involucradas las empresas, desde la boca de pozo hasta la distribución junto al consumidor final, el actual cuadro de situación sobre el que se trabajará lo describe el ex secretario de Energía y ex presidente de YPF, Daniel Gustavo Montamat: de 14.500.000 viviendas registradas en el país, unas 8.700.000 se encuentran conectadas a la red de gas natural y un 98% a la red nacional de energía eléctrica. Y h ay 4,3 millones de hogares a lo largo y a lo ancho de la Argentina con una tarifa social eléctrica subsidiada y 2 millones de hogares con una tarifa social de gas natural subsidiada.
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