MALA PRAXIS

Argentina: el país desfavorable en salud

La muerte de la renombrada periodista y diputada porteña de 50 años, Débora Pérez Volpin, es un tema que en estos días ha estado presente en todos los medios y que en definitiva causa una gran consternación. Desde Idesa (Instituto para el desarrollo económico y social argentino) han elaborado un informe que demuestra que en la Argentina se han producido más efectos adversos en salud que en los países vecinos y los números realmente son impresionantes y preocupantes.

La muerte de la joven periodista Débora Pérez Volpin, más allá de que aún continúe bajo investigación judicial, estuvo relacionada con una endoscopía. Este es un estudio de uso frecuente en la práctica médica y, en general, de altos niveles de seguridad.
 

El Índice de Acceso y Calidad a la Atención Médica que publicó la prestigiosa revista internacional de medicina The Lancet., contiene un indicador que busca medir la calidad de los sistemas de salud de 195 países basándose en las tasas de mortalidad de 30 factores de muerte evitables. Uno de ellos son los “Efectos Adversos de los Tratamientos Médicos” que mide la mortalidad por complicaciones provocadas por medicamentos, dispositivos médicos e incidentes ocurridos durante la atención médica y/o quirúrgica por reacción anormal del paciente o complicación posterior. En otras palabras, muertes provocadas por errores en los tratamientos médicos.

El indicador presentado adopta valores entre 0 y 100. A mayor valor, menor frecuencia de muertes por efectos adversos de los tratamientos médicos. Según el informe, si se toman países de la región se obtiene que los sistemas de salud de Colombia y Chile arrojan valores para el índice de 77 y 71, respectivamente. Los sistemas de salud de Uruguay, Perú y Brasil se ubican en valores entre 52 y 59 y por último, el sistema de salud de Argentina apenas alcanza el valor de 41.
 
En resumen, los datos dan cuenta de que la cantidad de muertes por efectos adversos de la medicina en la Argentina son significativamente más altos que en los países vecinos. Ciertamente que este tipo de indicadores adolece de imperfecciones y sesgos, pero la magnitud de las diferencias con los otros países es muy sugerente. El caso de la periodista y legisladora es más resonante porque la paciente era una persona pública que vivía en Buenos Aires, pero es altamente probable que sea una más de las miles de muertes anónimas provocadas por malas prácticas en la aplicación de los tratamientos médicos.
 
En la organización del sistema de salud argentino prevalecen la desarticulación y las superposiciones entre los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas. Los ciudadanos hacen un enorme esfuerzo financiero para sostener su funcionamiento, pero gran parte de los recursos se diluyen en  ineficiencia y la alta permeabilidad a la corrupción. El rechazo a medir calidad es visceral de manera que es muy difícil reconocer y premiar a quienes hacen bien su trabajo e identificar y penalizar las malas prácticas, según destaca el informe.
 
Uno de los principales factores que explica la crisis es la errónea idea de que los malos resultados son por falta de recursos y no por mala administración. Dentro del generalizado proceso de decadencia, las acciones tradicionales del Ministerio de Salud nacional no ayudan a una mejor gestión. Por un lado, porque se autoasigna un rol de ente rector del sistema cuando no lo es, debido a que en el arreglo constitucional de la Argentina la regulación y el control sanitario es responsabilidad provincial. Por el otro, porque induce al despilfarro al ejecutar programas que invaden funciones provinciales y municipales. Desde el nivel nacional se distribuyen medicamentos, dispositivos médicos, se construyen o reparan hospitales o se paga parte de las remuneraciones del personal de los centros de salud provincial y municipal. Esto puede ser políticamente muy atractivo pero sanitariamente es muy ineficiente e induce a las autoridades sanitarias provinciales a abandonar roles centrales como es el control de la calidad médica, entre otros.
 
Es por eso que en primer medida el Ministerio de Salud nacional debería pensar en la implementación de un sistema de medición y acreditación de la calidad que publique con rigurosidad, objetividad y transparencia los resultados de las intervenciones médicas de los efectores públicos y privados de todo el país. Con esta herramienta la población estará enterada de qué se hace con los recursos que invierte en cuanto a la salud y ser la base para establecer reconocimientos económicos a los profesionales e instituciones sanitarias que se esfuerzan por la capacitación y la búsqueda de la excelencia médica y penalizar la mediocridad.
 
Con estos números desde el campo de la salud se deben mejorar los servicios de inmediato, ya que para eso cada ciudadano paga sus obras sociales.
 
La salud es uno de los puntos primordiales para poder vivir dignamente y si uno de los pilares fundamentales, que son los centros de salud y hospitales, no funciona correctamente cada vez se  producirán mayor cantidad de muertes que provocarán un mayor incremento en la tasa de mortalidad.
 
Este tipo de errores cómo el que se produjo con Pérez Volpin no deben y no pueden volver a suceder porque en un tratamiento o estudio mal hecho no hay vuelta atrás y en este sentido el resultado final fue el peor de todos, la muerte.
 
Cabe preguntarse entonces cómo sociedad si a partir de este caso se buscará poner un fin a la injusticia o si se hará oídos sordos cómo la mayoría de asuntos que afectan al país y a cada uno de sus habitantes.

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