Al estallar la protesta, aquel diciembre de 2013, el gobernador José Manuel De la Sota se encontraba en viaje hacia Colombia para asistir a un encuentro de gobernantes. Sus colaboradores lo alertaron de la gravedad de la situación durante una escala en Panamá, ante lo cual De la Sota comunicó su determinación de interrumpir el viaje y regresar de inmediato a Córdoba.
4 AÑOS DE LOS SAQUEOS
Caos y resurrección de aquel De la Sota
El 04/12/2013, luego de casi 48 horas de descontrol, huelga y robos, el gobernador José Manuel De la Sota logró llegar a un acuerdo con los policías acuartelados en la Provincia de Córdoba y volvieron a patrullar las calles. Sin duda, uno de los escenarios sociales más complicados de los días kirchneristas en una provincia no kirchnerista.
03 de diciembre de 2017 - 00:00
La protesta policial fue promovida por las esposas y los familiares de los policías, quienes protestaron en la jefatura de la fuerza y frente a la sede del gobierno. Y se había disparado el autoacuartelamiento de efectivos del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP) 4 y 5, en el cuartel del barrio Cerveceros, exigiendo un salario mínimo de $13.000; y habían fracasado las reuniones en el Centro Cívico, de las que participaron los por entonces funcionarios: jefe de Gabinete, Oscar González; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteolivo; y el jefe de policía, comisario César Almada.
Con el correr de las horas confluyeron más policías de otras áreas operativas y del Servicio Penitenciario, y en distintas localidades se improvisaban acuartelamientos o asambleas de los policías, a la espera de novedades desde la capital. Una de las principales concentraciones se registraba a un costado de la ruta 9, en el acceso a las ciudades de Jesús María y Colonia Caroya.
A diferencia de lo que podría pensarse en un primer momento, el levantamiento masivo de la gente, la ola de saqueos y el pánico no fue lo que llevó a las fuerzas policiales a abandonar sus tareas y encerrarse en los cuarteles, sino que fue al revés.
Los paros policiales en Argentina de 2013 fueron una serie de protestas por parte de efectivos de policías provinciales en reclamos de mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Todo comenzó en Córdoba el 14/11/2013 a través de una cadena de mensajes por celulares en toda la Policía, así se empezó a gestar un plan que poco a poco se iría poniéndo en prácticar hasta estallar finalmente el lunes 02/12/2013, cuando algunos policías irrumpieron en la Guardia de Infantería, sin permitir el ingreso o egreso de vehículos.
Por su parte alrededor de 100 oficiales ingresaron durante la madrugada del 03/12/2013 en el comando CAP en Barrio Cerveceros, donde se acuartelaron mientras que sus esposas impedían la salida de los patrulleros. Poco a poco, a medida que iba cobrando mayor importancia lo que estaba sucediendo, más y más efectivos se sumaban al reclamo en la capital y en las principales ciudades del interior de la provincia. Para el mediodía ya eran más de 2.000 los efectivos acuartelados.
Por ese entonces el salario básico era de $6.500, y su demanda era por un aumento que alcanzara un salario mínimo de $13.000 , es decir, del 100%. A todo esto el gobernador De la Sota viajaba a Colombia a un encuentro regional de gobernadores.
Ante la huelga policial, hubo gente que no demoró en sacar provecho de la situación. Entre el 03/12/2013 y el 04/1272013, miles de personas salieron a las calles saqueando un total de 485 lugares, almacenes, supermercados, ferreterías, locales de ropa, lo que estuviese a su alcance.
Vecinos que defendían su barrio y sus locales, delincuentes que salían en forma de broma a forzar cerraduras, Córdoba era un auténtico caos. Hubo 82 saqueos grandes, 382 saqueos menores y 21 intentos: únicamente a las denuncias recibidas.
Los delincuentes estaban formados por grupos de personas a pie o en vehículos motorizados. Del otro lado, los dueños o vecinos de los comercios se defendían como podían, recurriendo o a personal de seguridad privada, o autoconvocándose en defensa de lo propio. Efectivos del grupo ETER ( Equipo Táctico Especial Recomendado), parte de la Guardia de Infantería y el Servicio Penitenciario, decidieron recordar su juramento y mantener el orden público.
Los hospitales en la ciudad estuvieron colmados por la cantidad de personas ingresadas con heridas de armas blancas y de fuego, además de accidentados. Se suspendió el transporte público, y cerraron bancos y estaciones de servicios. Sin embargo, entre tanto caos, sólo ocurrió 1 víctima fatal, Javier Rodríguez, quien viajaba como acompañante en una moto durante los saqueos que se produjeron cerca de barrio Ciudad Evita, y un balazo le atravesó la espalda. Javier murió en la madrugada del 04/12/2017. Nunca fue resuelto el crimen.
Durante los saqueos, los principales funcionarios llamaron en forma incesante a la Casa Rosada pidiendo que se desplazaran a Córdoba destacamentos móviles de la Gendarmería Nacional. Sin embargo, del otro lado se insistía: "la seguridad en Córdoba es responsabilidad del gobernador”. No es una casualidad que Cristina Fernández de Kirchner provoque tanto enojo en Córdoba.
La despreocupacion del hombre fuerte de la seguridad K, Sergio Berni, por instrucción de CFK, tenía su origen en la derrota legislativa que el Frente para la Victoria había sufrido el 27/20/2013: su candidata a diputada nacional, Silvia Carolina Scotto, había finalizado en 3er. lugar, detrás de la UCR y Unión por Córdoba.
Regresado, De la Sota debió tomar cartas en el asuntoy mandó pedir las escopetas Itakas disponibles, armando a todo el Grupo ETER. Fue un mensaje de que estaba dispuesto a pagar el costo político necesario para restablecer la seguridad pública.
El "efecto Córdoba", tal como le denominaron los medios de comunicación, fue el "efecto rebote" que provocó lo sucedido en la provincia: las fuerzas policiales de 20 provincias más del país entraron en paro a fin de recibir mejores salarios, y también ocurrieron saqueos y violencia. La provincia más afectada fue Tucumá: al menos 8 fallecidos.
El 04/12/2013, luego de casi 48 horas de descontrol, huelga y robos, De la Sota logró un acuerdo con los policías acuartelados y volvieron a patrullar las calles. El acuerdo consistía en un aumento, pero no del 100%, sino del 35% (de $6.500 a $8.000), y se prometió que no habría sanciones ni represalias para quienes se habían adherido al paro.
El pacto salarial desencadenó un costo fiscal de más de $1.700 millones, además del dinero que el Estado entregó en ayudas, créditos blandos y subsidios de tasas a los comercios saqueados.
El Gobierno Nacional comenzó a enviar de forma progresiva 2.000 gendarmes a la provincia, recién cuando el caos había sido apaciguado.
Consecuencia del incremento salarial otorgada a las fuerzas de seguridad, durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2013, empleados públicos, docentes y trabajadores de la salud de la provincia se movilizaron en reclamo de mejoras salariales, en muchos casos exigiendo un tratamiento similar al que obtuvo la policía cordobesa.
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