UN DEBATE NECESARIO

Proconsumer, automedicación y góndolas

Cierto litigio promovido por la asociación civil Proconsumer pareciera banalizar un tema que merece un debate en profundidad y no quedar como una cuestión de dónde se comercializan los fármacos.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En los días de los injustos APE (Acuerdos Preventivos Extrajudiciales), que siempre cuestionó Urgente24 por considerarlos procedimientos irregulares, destinados a reducir el alcance de la Ley de Quiebras y Concursos en desmedro de los intereses de los inversionistas, el estudio Luchinsky, Prato, Rossjanski y Asociados tuvo un protagonismo importante, con algunas victorias millonarias.
 
Las acciones del estudio jurídico se encontraban estrechamente vinculadas a la asociación civil Damnificados 2002/Consumidores Financieros - Asociación Civil para su Defensa, que enunciaba una causa muy interesante: el reclamo por la falta de capital y/o intereses de las Obligaciones Negociables. 
 
"El riesgo empresario existe", afirmó la entidad patrocinada por Luchinsky, Prato, Rossjanski y Asociados frente al slogan de las empresas demandadas: "El derrumbe de la Argentina nos perjudica". 
 
No obstante, hay que destacar que entre las empresas no todos los casos eran similares: algunas tenían voluntad de pago mientras que otras solo querían estafar a los tenedores de Obligaciones Negociables, descargando sobre ellos el costo de la crisis 2001.
 
El litigio a través de organizaciones no gubernamentales permite al denunciante demandar sin costos ya que lo exime de la obligación de realizar un depósito judicial proporcional.
 
Los casos contra Multicanal/Cablevisión/Grupo Clarín, Aeropuertos Argentina 2000 y Autopistas del Sol que patrocinaron Luchinsky, Prato, Rossjanski y Asociados fueron muy comentados entre 2002 y 2004.
 
Luego, la temporada de APEs acabó. El nicho se extinguió, en parte a causa del 'rebote' de la actividad económica. Entonces, el estudio jurídico se reorganizó.
 
Osvaldo Prato se marchó al estudio Arazi, Prato, Mariani de Vidal, Merola & Asociados, y mantuvo el vínculo con la Asociación Civil Consumidores Financieros. En 2011 fue muy comentada su demanda al Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 500 millones, con motivo de perjuicios ocurridos a arrendatarios de cajas de seguridad, en el contexto del robo boquetero en la sucursal de la avenida Cabildo 1999, en el barrio de Belgrano.
 
En tanto, Rubén Osvaldo Luchinsky y Nora Adriana Rossjanski confluyeron en el estudio Luchinsky, junto a los jóvenes Rodrigo y Matías Luchinsky, entre otros socios.
 
En el caso de Rodrigo, tenía apenas 30 años y ya era subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en días de Jorge Telerman completando el mandato de Aníbal Ibarra, y luego se desempeñó como asesor de la Comisión Nacional de Valores.
 
En el caso de Matías, al igual que su padre se especializó, entre otras variantes del Derecho, en los temas de consumidores. Inclusive él fue docente auxiliar en la materia Defensa del Consumidor, de
la cátedra de Víctor Zamenfeld, en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
 
Hoy día la asociación civil Proconsumer (Asociación Protección Consumidores del Mercado Común de Sur) cuenta con el patrocinio del estudio Luchinsky.
 
Proconsumer se encuentra investigando, en forma permanente, todo tipo de contratos y legislaciones para iniciar las correspondientes acciones legales ya fuese de oficio o en representación de consumidores.
 
Obviamente que es complicado el equilibrio entre los perjuicios reales que sufren los consumidores y la industria del juicio que algunos pueden promover.
 
Sin duda debe  conocer mucho al respecto, por su formación, el titular de la asociación civil, el abogado Ricardo Leandro Nasio, también cofundador de Facua (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Argentina), juez árbitro de los Tribunales Arbitrales de Consumo de la Nación, y profesor del Postgrado “La Empresa y El Consumidor” de la UADE (Universidad Argentina de la Empresa).  
 
Proconsumer ha realizado reclamos legales contra Qantas Airways, Aerolíneas Argentinas, Banco Itaú Buen Ayre, Banco Ciudad de Buenos Aires, Falabella, Telecom Personal, Telefónica Móviles, Banco de Galicia y Buenos Aires, Air France, American Airlines, Avianca, Aysa, y otras empresas, muy conocidas todas ellas. 
 
Durante días recientes, Proconsumer lideró una ofensiva contra la venta de medicamentos en cadenas de farmacias, entendiendo que, los llamados OTC (los productos que se expenden sin necesidad de receta), no pueden comercializarse en góndolas sino exclusivamente “en mostrador”.
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Obviamente que el tema ha provocado una colisión judicial entre las varias cadenas de farmacias que han surgido en el país, y Proconsumer.
 
A muchos no les queda en claro cuál es el perjuicio que sufre el consumidor cuando los OTC se venden en góndola. 
 
Proconsumer afirma que el producto en góndola estimula la automedicación, provocándose así un daño, a veces irreparable, en la salud de los consumidores.
 
Sin embargo, Marcelo Peretta, director de la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimónides, afirmó en un estudio realizado sobre el tema: “La automedicación aumenta sostenidamente desde hace 20 años. Cuando nosotros empezamos estos estudios, 1 de cada 3 argentinos se automedicaban, y hoy nuestras últimas investigaciones arrojan que son 8 de cada 10”. Hace 20 años no existía la venta de productos farmacéuticos en góndolas.
 
Es probable que la clave del enorme problema de la automedicación que padece la sociedad argentina tenga más que ver con la educación que con la comercialización. Y tendrían que opinar y corregir más al respecto los laboratorios medicinales que otros protagonistas de la cadena productiva.
 
A esto pareciera apuntar el Instituto de Política Social, de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), cuando denunció ante Carlos Chiale, titular del ente regulador ANMAT la situación, “la proliferación de publicidades de especialidades medicinales que promocionan supuestos efectos beneficiosos para la salud y abonan la automedicación, aunque ocultan los daños colaterales nocivos cuando son ingeridas sin prescripción y monitoreo profesional”.
 
Es más, en países como España cuando apareció el debate sobre la automedicación, los propios farmacéuticos reclamaron que se revisara la lista de de medicamentos que podían expenderse sin receta y con receta. No se habló de modificar el sistema de comercialización.
 
La automedicación es un problema que excede al sistema de comercialización ya que, según datos del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, 1 de cada 4 argentinos consume fármacos sin la recomendación de un profesional capacitado para ello, que es el médico. Familiares, compañeros de trabajo, vecinos, entrenadores personales y amigos parecen tener más autoridad que un médico a la hora de aconsejar cualquier remedio. El estudio coincide con el resultado de una investigación realizada por la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimónides, que reveló que apenas 5 de cada 10 pacientes lee el prospecto antes de tomar un medicamento y solo 3 lo comprenden. Entonces, luego creada la necesidad en el individuo, aparece el capítulo de la comercialización del producto.
 
Entonces, abordar la cuestión de la automedicación -que es de profundo contenido sociocultural- como una rivalidad de góndolas vs. mostradores es minimizar el tema y desperdiciar una oportunidad de realizar algun aporte serio al respecto, y esto no debería escapar a la comprensión de Proconsumer y sus patrocinadores legales.
 
Tal como se encuentra planteado el tema, pareciera resultar una derivación de las ofensivas de algunos dirigentes gremiales de los farmacéuticos, notablemente funcionales a los intereses de algunos laboratorios que cuestionan las cadenas de farmacias porque los sistemas de compras en volumen de esas organizaciones comerciales, deterioran la utilidad por unidad de producto.
 
Y en ese caso hay que regresar a lo ya advertido: el eventual desequilibrio entre los perjuicios reales que sufren los consumidores y la industria del juicio que algunos pueden promover.

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