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Avanza la pena de muerte en Perú: Proponen salida del Pacto de San José

En Perú plantean retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en medio del debate sobre la pena de muerte.

Algunos en Perú tomaron con seriedad las declaraciones de la presidente Dina Boluarte que invitó a abrir el debate sobre la restitución de la pena de muerte en el país, que se dejó de aplicar desde que entró en vigencia la Constitución de 1979, para violadores de menores tras el abuso y asesinato de una niña de 12 años en Villa El Salvador.

En Perú la pena de muerte solo podría ser restablecida mediante una reforma constitucional que apruebe el Congreso. La iniciativa tiene obstáculos legales significativos ya que Lima es signataria del Pacto de San José de Costa Rica, conocido mundialmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obviamente impide su aplicación.

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El Pacto de San José de Costa Rica impide la pena de muerte.

El Pacto de San José de Costa Rica impide la pena de muerte.

“Yo creo que el Estado peruano, conjuntamente con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, tiene que efectuar un análisis para evaluar si nos resulta conveniente la pertenencia o no al pacto”, afirmó Boluarte días atrás.

El capitulo II de los Derechos Civiles y Políticos de la convención reza: "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido".

Controvertida iniciativa

Parece que la iniciativa está tomando forma. Este viernes (13/12) la congresista de Alianza para el Progreso (derecha), María Acuña, presentó un proyecto de ley que busca retirar al Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, de aprobarse esta propuesta, dejaría de tener competencia sobre el país la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que no habría instancia supranacional que proteja los derechos fundamentales, informó Rpp.

"Se declara de interés nacional el retiro de la República Peruana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, así como la denuncia de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", se lee en el documento.

De acuerdo al medio Ahora, el proyecto no solo plantea el retiro del país del sistema interamericano de derechos humanos, sino que establece condiciones para una posible reincorporación.

“Según la propuesta, el Perú solo podría regresar a la convención una vez vencidos los plazos estipulados y ‘con las reservas sobre temas que deben ser decididos de manera soberana por el país’, haciendo especial énfasis en el debate sobre la pena de muerte”.

La Defensoría del Pueblo se pronunció en contra “Es incorrecto. (…) No podemos llegar al populismo al decir ‘hay que aplicar pena de muerte’ y con eso se aumenta un punto de popularidad”.

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Según el Instituto Internacional de Derechos humanos (IIDH-América): “No hay estudios que sostengan que la pena de muerte pueda disuadir al delincuente para que los sicarios dejen de matar, que los violadores dejen de atacar a niños o para que los corruptos deje de lucrar ilegalmente. La cadena perpetua es la otra cara de la medalla de la pena de muerte y en Perú se aplica”.

Desde que tomó el poder, el gobierno de Dina Boluarte ha mostrado un cierto desprecio por los DDHH de los peruanos. La presidenta fue denunciada ya dos veces ante la Corte Penal Internacional por las 50 muertes de manifestantes durante protestas en 2023-2024 a favor de Pedro Castillo que se oponían al liderazgo de ella y reclamaban un adelanto de elecciones y cierre de congreso.

Dos días atrás, el ministro de Educación de Perú, Morgan Quero afirmó que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, consultado por la omisión del gobierno de Dina Boluarte sobre los fallecidos en las protestas durante su discurso en el marco del Día Internacional de los DDHH.

Quero intentó excusarse. Alegó que pensaba que la reportera se refería al debate que está impulsando el Ejecutivo sobre la pena de muerte para violadores de menores, dejando clara la posición del gobierno de romper con el Pacto de San José de Costa Rica.

“El espacio en donde estábamos transitando con los periodistas no me permitió tener la capacidad de escuchar esta pregunta, supuse que era la misma en torno a los derechos humanos de los violadores y por eso respondí eso. Me refería a que los violadores de niños y niñas son ratas. En ningún momento me refería a los lamentables acontecimientos que vivió nuestro país meses atrás, en donde las investigaciones están a cargo de la Fiscalía”.

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