El séquito de ministros de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, salieron a respaldar al hermano de la mandataria a horas de que se fuge por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
POLÍTICA CORRUPTA
El hermano de Boluarte está prófugo: Ministros del Perú sugieren un 'lawfare'
Los funcionarios cercanos a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, defienden a su hermano Nicanor, ahora prófugo de la Justicia. Pero es indefendible su historial de corrupción, tráfico de influencias y cohecho.
Nicanor Boluarte se encuentra prófugo de la Justicia desde este martes, cuando un juez ordenó su prisión preventiva por tres años en el marco de la investigación fiscal por corrupción, que ha llevado a la desacreditación general del actual gobierno.
La Fiscalía de Perú considera que el hermano de la presidenta encabezó una organización criminal, apodada “los waykis (hermanos en quechua) en la sombra”, que se dedicaba a nombrar funcionarios públicos a cambio de coimas y de recursos del Estado para recolectar firmas para inscribir a un partido político.
Aún no se sabe el paradero del procesado, cuyo abogado ha confirmado que se profugó cuando recibió la orden de detención dictada por el Richard Concepción Carhuancho.
Como reveló Urgente24, la investigación judicial en curso no sólo alcanza al hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, sino también a Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado, y a otros 8 sujetos más.
El caso de los "Los Waykis en La Sombra", abierto por la Fiscalía, cree que el hermano de Boluarte copó las prefecturas y subprefecturas en Tarapoto, San Martín y Cajamarca para hacer uso de sus influencias en el Poder Ejecutivo.
En las últimas horas, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, informó que la presidenta Dina Boluarte está “consternada” por esta orden de arresto preventiva contra su hermano. Además agregó que no saben del paradero de Nicanor Boluarte.
También declaró que considera que detrás de la prisión preventiva contra Nicanor, hay una operación de los afines al expresidente Castillo, para buscar acusar a la mandataria Dina Boluarte de “incapacidad moral” y así facilitar su destitución por parte del Congreso.
En esta campaña estarían detrás las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, promotores de la vacancia presidencial, y los castillistas que pretenden un Golpe, según sus palabras.
Ministros de Boluarte denuncian un lawfare en Perú
En medio de la creciente impopularidad del Gobieno de Dina Boluarte, por el fantasma de la corrupción de su hermano, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, salió a bancar a Nicanor Boluarte y tildó todo esto de un 'lawfare'.
El funcionario, lejos de soltarle la mano al hermano de su líder, indicó que existe un “bajísimo estándar de la libertad”.
Al apoyo público, se le unió el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, quien cuestionó el proceso judicial, lejos de quedarse callado.
Este ministro clave de la gestión de Boluarte, soltó que la lectura de sentencia contra Nicanor llamativamente dio inicio al último día de la Cumbre APEC en Perú: deslizó que fue a propósito para desviar la atención a logros del gobierno en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Lo mismo lanzó el ministro de Salud, César Vásquez, quien calificó como una rara “coincidencia” que apenas concluya la cumbre de APEC se diera inicio a un “show mediático” contra Nicanor Boluarte.
También, otro que se sumó a la ola de cuestionamientos es el ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Tal funcionario, Julio Demartini, dijo que la medida de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y que se utilizará para decir: “Presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado, y eso no es así”.
“No puedo opinar porque él (Nicanor Boluarte) tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meditando, si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, agregó.
Sin embargo, uno que sí se mantuvo al margen fue el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. El funcionario dijo que no hablará sobre el caso pues “que un ministro pueda pronunciarse respecto de esta situación más bien afectaría”, aunque agregó que las decisiones judiciales son respetadas únicamente “cuando nos conviene”.
“Como peruano, como ministro de Estado, sí puedo hacer una invocación a que en nuestro país se respeten los derechos fundamentales, de que todos tengan predictibilidad del Poder Judicial, garantía de un juez imparcial, garantía del debido proceso y presunción de la inocencia”, afirmó.
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