Empresarios contra Donald Trump: viajan a Washington para presionar por el impuesto a la inversión extranjera

Esta sección amenaza con frenar la inversión extranjera directa, afectar millones de empleos y socavar la competitividad económica de Estados Unidos.

La disposición en cuestión permitiría a EE. UU. imponer impuestos adicionales a empresas e inversores provenientes de países que considera que tienen políticas fiscales “punitivas”. Aunque el objetivo declarado es contrarrestar medidas internacionales que Washington considera desfavorables para las compañías estadounidenses, críticos de la medida advierten que sus efectos colaterales serían severos.

Preocupación corporativa: riesgo para empleos e inversiones

Jonathan Samford, presidente de la Global Business Alliance (GBA), confirmó al Financial Times que cerca de 70 compañías representadas por la organización participarán en reuniones con miembros del Congreso para exponer sus preocupaciones. “La Sección 899 será un tema central en todos los encuentros”, aseguró.

La GBA, que aglutina a casi 200 empresas de capital extranjero con operaciones en territorio estadounidense —incluyendo gigantes como Shell, Toyota, SAP y LVMH—, advierte que la disposición pone en peligro los 8,4 millones de empleos generados por estas firmas en EE. UU. “Hay un creciente consenso en el Senado sobre lo contraproducente que resultaría esta disposición para la visión económica de la actual administración”, agregó Samford, en alusión a la promesa de Trump de fortalecer la inversión en suelo estadounidense.

Sector financiero también en alerta

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Empresarios de diferentes rubros buscan que frenar la implementación de la Sección 899 del presupuesto de Donald Trump.

A la presión de las multinacionales se suma la del sector financiero internacional. El Instituto de Banqueros Internacionales, IIB (por su sigla en inglés), que representa a entidades como HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Canada, UBS, Bank of China y Mitsubishi UFJ Financial, también ha organizado encuentros esta semana con el Tesoro y con miembros republicanos del comité bancario del Senado.

Beth Zorc, directora ejecutiva del IIB, fue contundente frente a Financial Times: “Tal como fue aprobada por la Cámara de Representantes, la Sección 899 sofocará la inversión extranjera directa, provocará disrupciones en los mercados financieros y pondrá en peligro empleos en comunidades de todo el país”.

Según cifras del propio instituto, los bancos extranjeros canalizaron más de US$ 1,3 billones en préstamos a empresas estadounidenses durante 2023. Además, respaldaron US$ 5,4 billones en inversión extranjera directa, generando alrededor de US$ 270.000 millones en ingresos para la economía nacional. El temor es que una tributación más agresiva disuada a estos actores de seguir apostando por el mercado estadounidense.

Qué establece la Sección 899

La medida se dirige a países considerados por Estados Unidos como responsables de “impuestos extranjeros injustos”, una categoría que incluiría a la mayoría de los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá y otros aliados históricos. De ser aprobada, la disposición aumentaría en 5 puntos porcentuales anuales durante cuatro años los impuestos aplicados a dividendos e intereses de acciones estadounidenses y ciertos bonos corporativos en manos de inversores extranjeros.

Además, eliminaría la exención actual que beneficia a fondos soberanos extranjeros, afectando a estados que históricamente han canalizado recursos significativos hacia la economía estadounidense mediante estos vehículos de inversión.

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El Congreso de Estados Unidos tendrá un papel clave en la resolución sobre el presupuesto enviado por Donald Trump.

Tensiones geopolíticas y riesgo de represalias

El bufet de abogados Davis Polk advirtió que la disposición podría desencadenar represalias fiscales de otros gobiernos, lo que añadiría complejidad a un escenario geoeconómico ya tenso. Para algunos analistas, el riesgo va más allá del ámbito tributario y podría escalar a disputas diplomáticas y comerciales con aliados estratégicos.

Desde el Congreso, el debate se encuentra dividido. Mientras que algunos legisladores republicanos defienden la medida como una herramienta de presión geopolítica, otros, más moderados, consideran que su costo económico podría superar cualquier beneficio a largo plazo.

Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios —clave en la redacción de leyes fiscales— intentó justificar la propuesta: “Esta es una forma de enviar un mensaje claro a gobiernos que están intentando robar miles de millones de dólares a empresas estadounidenses. Si lo hacen, habrá consecuencias”, comentó al Financial Times.

No obstante, el propio Smith reconoció que el ideal sería que la Sección 899 nunca entre en vigor: “Esperamos que los países modifiquen sus políticas para que esto no sea necesario”.

Impacto fiscal y críticas al modelo

Según el Comité Conjunto sobre Tributación, una entidad no partidista, la Sección 899 permitiría recaudar alrededor de US$ 116.000 millones durante la próxima década. Sin embargo, esto apenas compensaría una fracción del impacto presupuestario total del plan fiscal de Trump, que añadiría US$ 2,4 billones a la deuda pública para 2034, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Críticos de la propuesta argumentan que castigar la inversión extranjera para financiar recortes fiscales internos es una estrategia cortoplacista que pone en riesgo la reputación de EE. UU. como destino confiable para los negocios.

La lucha en torno a la Sección 899 se perfila como un test crucial para la política económica de Estados Unidos en la era post-pandemia. Mientras el país busca reafirmar su liderazgo global, debe balancear cuidadosamente la necesidad de proteger sus intereses fiscales sin alejar a los inversores que, en buena parte, sostienen su dinamismo económico. El desenlace de esta disputa podría redefinir el clima de negocios internacional en los años por venir.