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El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que no reglamentará la ley 9209, que permite el uso de sustancias químicas en la minería en la provincia al modificar la 7722, para iniciar un diálogo abierto para lograr el consenso social, y su decisión fue leída como un triunfo de la movilización popular y un paso en la dirección del veto a la ley 9209, que resiste el gobierno argumentando que en el actual contexto de pobreza y falta de trabajo genuino, inserto en el escenario mayor de una economía nacional muy comprometida, lo que busca es ampliar las fronteras productivas, con generación de riqueza y trabajo, y que la minería, una actividad lícita, ofrece a Mendoza tal posibilidad. El Frente de Todos aprovechó la movida para mostrarse comprometido con la búsqueda del consenso y desde el Grupo Clarín le respondieron con los intereses de Alberto Fernández por el desarrollo del litio y el silicio.
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Sin reformas estructurales que incorporen la realidad del siglo 21 no hay aumento del empleo ni una transferencia del empleo informal al formal. Pero al sindicalismo convencional, siempre cercano al gobierno de turno y si fuese peronista será preferible, no se interesa en participar de la innovación porque se circunscribe a la defensa de sus ingresos que son vía obras sociales y procurar acuerdos de indexación salarial o algo parecido. Por lo tanto, hace mucho tiempo que no hay una política de recursos humanos en la Argentina. Es cierto que en la emergencia, tal como lo ha denominado la Administración Fernández, no hay tiempo para todo esto. También es verdad que con estos aportes patronales se carece de estímulo al empleo 'blanco'. Pero en nombre de la llamada 'paz social', el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, además amigo personal del presidente Alberto Fernández, realizó algunos anuncios que aseguren un verano de calma, un objetivo importante del Gobierno.
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