La revisión de los horrores de 2000 y 2001 favorecerán a K

Según Di Cola, no coincidían los números de CUIT CUIL, ni los datos correspondientes a personas físicas o razón social, con los registrados por el fisco.

El monto de la fuga de divisas durante el año 2001 fue de US$ 16.000 millones, según la investigación encarada por los legisladores.

Di Cola precisó que de 7.000 transferencias analizadas, superiores a los US$ 300.000 cada una, contaban con datos apócrifos o no registrados por la AFIP.

"No podía ni siquiera controlarlas porque los datos no se compadecían con datos que tenía el ente recaudador", enfatizó el diputado cordobés.

Según indicó, también se habrían utilizado nombres y números de documento falsos: "hubo más de 15.000 personas físicas que no pudieron ser cruzadas con los datos del Registro Nacional de las Personas, porque no se correspondían por números" de DNI válidos.

Además, advirtió que "un país en el que los excedentes que genera en riquezas se van para afuera y en el que sus mejores mentes también se van obviamente no tiene futuro".

Di Cola señaló que los organismos de crédito como el FMI y el Banco Mundial "recomiendan un control escricto de individualización de la persona" que realiza transferencias de fondos al exterior.

Opinó al respecto que las irregularidades detectadas en la Argentina no corresponden a "un capitalismo serio" y advirtió que están en juego "cuestiones de seguridad nacional", en la detección de transferencias irregulares de divisas.

El diputado dijo que los bancos "son muy precisos cuando prestan", individualizando al beneficiario de créditos, "pero son demasiado laxos e imprecisos cuando se trataba de transferir divisas, tanto en la determinación de las personas, como en el origen de los fondos".

También cargó contra la República Oriental del Uruguay, al advertir que existe "un país vecino que da todas las facilidades que como destino final o destino intermedio" para la fuga de divisas.

Según consideró, detrás de la salida de divisas del país "se esconde la salida de dinero que es ilegal" y aclaró que no es el caso de quien "legítimamente ganó sus fondos, tiene ahorros legales y decide llevarlos a otro país porque lo considera más seguro".

Según consideró, buena parte de los fondos que salen del país, se fugan para "ponerlos lejos de la ley impositiva argentina o directamente de la ley penal".

Por su parte, el abogado laboralista Héctor Recalde consideró que "hay una responsabilidad personal y patrimonial" de los funcionarios del gobierno de la Alianza en la actual crisis del sistema previsional por haber obligado a las AFJP a adquirir bonos del Estado, por lo que propició un "embargo sobre los bienes" de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo.

"Puede que una persona tenga derecho a jubilarse a partir de mañana y vea que los fondos que estuvo aportando en una AFJP ahora se ven menguados por el incumplimiento del Estado por un lado y también por lo que podría denominarse mala praxis de la administradora. En ese caso tiene derecho a hacer un juicio", sostuvo el letrado.

En tal sentido, indicó que "hay responsabilidades concurrentes" en la actual crisis del sistema y apuntó a la "responsabilidad personal y patrimonial de (el ex presidente Fernando) De la Rúa, (el ex ministro de Economía, Domingo) Cavallo y todo su gabinete".

"Porque se firmó un decreto de necesidad y urgencia a fines de 2001, el Decreto 1.572, por el cual obligóse a las AFJP a comprar letras del Tesoro. Esto es una actitud manifiestamente inconstitucional, lesiva del derecho de propiedad y tiene que hacer responsables a los funcionarios que a sabiendas firman un decreto de esta índole", subrayó.

"Podemos ir, como Estado, a la casa de De la Rúa y Cavallo a embargarles los bienes porque hay una responsabilidad. Esta impunidad tiene que ver con la negligencia del funcionario público", insistió.

Recalde destacó que "haber admitido comisiones que van del 30 al 50 por ciento es otra violación a normas de convivencia incluso".

"¿Cómo es posible que aquellos que levantaron la libertad del mercado, hayan admitido y propiciado una ley que dispone que si usted va a una AFJP queda prisionero para toda su vida? Esto va contra elementales principios de la constitución nacional", cuestionó.

Recordó que "la Cámara de Diputados votó la posibilidad de que un trabajador que esté en una AFJP pueda volver (al sistema de reparto) y está durmiendo en el honorable Senado de la Nación hace un año".

"Confió en que después de esta crisis vamos a estudiar en profundidad un sistema donde no incurran en ninguna de estas patologías y se ampare al jubilado", expresó.

En tanto, el presidente de la AFJP Profesión, Horacio López Santiso, recordó que las propias administradoras han "iniciado cuestionamientos de tipo judicial respecto a la anulación de los préstamos garantizados unilateralmente por el Gobierno" al tiempo que deben "seguir defendiendo la posición de los afiliados".

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas aseguró que el sistema no tuvo ganancias, ya que "las AFJP, en su conjunto, todavía no han recuperado el capital".

López Santiso admitió que las AFJP cobraron alrededor de "$ 25.000 millones en comisiones" mientras que "los afiliados tienen $ 43.000 ó $ 45.000 millones" capitalizados.

Pero aseguró: "Las comisiones argentinas son las más baratas del mundo, buena parte de los $ 25.000 millones se dedicó al seguro previsional, el seguro fue atendiendo invalideces, fallecimientos. Con el resto se pagó el 7% de dinero al Estado por la comisión de cobranza, en la Capital Federal se pagó el 5% del impuesto a los ingresos brutos y se atendieron todos los gastos".

"La comisión administrativa con la cual se tenían que atender los gastos era el uno por ciento, y al cobrar sobre el flujo la comisión se hace cada vez más baja. La comisión para una persona que aporta durante 60 años termina siendo el 0,6%", argumentó.

"No fue un buen negocio, no hemos hecho buen negocio", se quejó López Santiso, aunque consideró que las AFJP siguen en pie "para mantener un negocio que a lo mejor en el futuro se mantiene bien".