Portugal también prohíbe ingreso irrestricto a menores de 16 años

Después de Australia, una de las grandes impulsoras de este tipo de iniciativas, y del avance de Francia, ahora llegó el turno de Portugal. Los menores de 16 años dejarán de tener acceso irrestricto a redes sociales y plataformas online en ese país. El Parlamento aprobó el jueves 12/02 el proyecto de ley que prohíbe el acceso sin control parental.

La regulación abarca plataformas de

Redes sociales
Sitios de apuestas y juegos en línea
Servicios para compartir imágenes y videos, y
Prestadores de contenidos considerados adictivos, violentos o sexuales con restricciones de edad.

Para acceder a las plataformas será obligatorio confirmar la edad del usuario mediante la “Chave Móvel Digital”, sistema de identificación electrónica del Estado portugués. Se trata de una firma digital certificada que permite acceder a portales públicos y privados y firmar documentos digitales.

Los menores son potencialmente sensibles a desafíos virales en redes sociales.

Otras regulaciones

Además, la ley establece que, entre los 13 y 16 años, el ingreso solo podrá permitirse con un “consentimiento parental expreso y verificado”.

Aplicaciones como Instagram, TikTok o Facebook solo estarán habilitadas si existe una autorización parental formal.

Amplia aprobación

El proyecto fue aprobado por 148 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones. Además de los socialdemócratas, la iniciativa contó con el respaldo del Partido Socialista (PS), el Partido Animalista (PAN) y Juntos por el Pueblo (JPP).

En cambio, Chega (partido de extrema derecha) e Iniciativa Liberal votaron en contra, mientras que el Partido Comunista Portugués (PCP), Livre, el Bloco de Esquerda y el Centro Democrático y Social–Partido Popular (CDS-PP) optaron por la abstención.

Dos horas de debates

Durante dos horas, los diputados debatieron en el plenario la propuesta impulsada por el Partido Socialdemócrata (PSD, de centroderecha), señalaron diversos problemas técnicos del texto.

Allí surgieron objeciones vinculadas con la desigualdad entre familias. La diputada socialista Sofia Pereira explicó

No todas las familias tienen el mismo tiempo ni la misma alfabetización digital ni los mismos recursos; trasladar la responsabilidad principal a los padres significa que quien tiene más capacidad acompaña y quien tiene menos queda solo No todas las familias tienen el mismo tiempo ni la misma alfabetización digital ni los mismos recursos; trasladar la responsabilidad principal a los padres significa que quien tiene más capacidad acompaña y quien tiene menos queda solo

Otros legisladores también apuntaron al control estatal sobre los datos a través de la “Chave Móvel Digital” que permitiría acceder a las plataformas.

Por su parte, la diputada Rita Matias del partido de extrema derecha Chega, cuestionó la medida.

Siempre que el Estado crea un control invoca buenas intenciones, pero estos controles nunca desaparecen y siempre se expanden. Dicen que es para proteger a los niños, pero este proyecto obliga a las plataformas a anular mensajes de desinformación y contenidos falsos. ¿Quién decide qué es falso? Siempre que el Estado crea un control invoca buenas intenciones, pero estos controles nunca desaparecen y siempre se expanden. Dicen que es para proteger a los niños, pero este proyecto obliga a las plataformas a anular mensajes de desinformación y contenidos falsos. ¿Quién decide qué es falso?

Frente a los cuestionamientos, Sofia Pereira, del PS, replicó:

Un partido que ataca constantemente la libertad individual, que promueve el odio, la discordia y las noticias falsas, y que no quiere regular el espacio digital, está siendo coherente Un partido que ataca constantemente la libertad individual, que promueve el odio, la discordia y las noticias falsas, y que no quiere regular el espacio digital, está siendo coherente

La fiscalización de la nueva ley quedará a cargo de la Autoridad Nacional de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Protección de Datos, que podrán aplicar multas de hasta dos millones de euros o el 2% del volumen de negocios anual mundial de las empresas que incumplan la normativa.