ICE vigiló a activistas de izquierda y se abrió un debate en USA

Donald Trump utiliza al ICE para vigilancia de activistas de izquierda en una operación que evoca los períodos más oscuros del espionaje estatal en USA. La campaña, a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), reabre una pregunta central: ¿Dónde termina la seguridad pública y comienza la persecución política?

ICE en la mira de la Justicia estadounidense. Se los acusa de espionaje intrusivo, de acciones violatorias de la 2da enmienda de la Constitución Nacional americana y de persecución a la amplia gama de "rebeldes" al régimen de Trump, señaló Wired.

ICE bajo cuestionamiento federal

La investigación contra 15 residentes de Minnesota acusados de conspirar para obstaculizar a agentes federales expuso una extensa operación de vigilancia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según documentos judiciales examinados por WIRED, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una de las divisiones del organismo, infiltraron grupos de activistas, siguieron reuniones comunitarias y recopilaron información digital y financiera en Minnesota y otros estados. Los abogados defensores cuestionan la legalidad y el alcance de estas prácticas.

La investigación, que se desarrolló durante el operativo migratorio Metro Surge, incluyó dos iniciativas denominadas Operation Puppet Master y Project Whipple Shield. Según las fuentes, ambas contaron con recursos de Operation Keyhole, un programa de investigaciones encubiertas de HSI que funciona desde 2008. La información incorporada al expediente incluye informes de agentes, transcripciones, fotografías, correos electrónicos y registros de comunicaciones.

El medio informó que alrededor de 120 agentes fueron asignados al caso y que al menos 11 trabajaron de forma encubierta. La operación alcanzó reuniones, manifestaciones, cursos de capacitación y grupos de mensajería cifrada. Los investigadores también siguieron actividades de organizaciones en ciudades como Chicago, Seattle y Nueva York.

Cómo funcionaba la vigilancia contra los opositores a Trump

La investigación describe agentes que se incorporaron a grupos de Signal, registraron conversaciones sobre protestas y tomaron fotografías de vehículos y asistentes a reuniones. También hubo seguimiento de encuentros realizados en iglesias, escuelas, parques y otros espacios comunitarios.

Los investigadores combinaron datos de matrículas, registros públicos, plataformas comerciales y servicios digitales para identificar a personas vinculadas con las redes de protesta.

El medio también informó sobre el uso de imágenes captadas por drones Reaper no armados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como herramientas de investigación asociadas con la legislación antiterrorista aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Uno de los aspectos más sensibles es el acceso a comunicaciones privadas y registros de organizaciones sociales y sindicales. Los expedientes describen solicitudes de información financiera sobre 29 personas y consultas relacionadas con organizaciones sindicales. También documentan intentos de obtener registros telefónicos de periodistas que cubrieron el operativo migratorio. La legalidad de estos procedimientos y su relación con los cargos penales forman parte de la controversia judicial.

En agosto, Minnesota Reformer y The Guardian ya habían publicado información sobre agentes encubiertos que ingresaron en grupos de mensajería, registraron reuniones y fotografiaron a manifestantes. Los nuevos documentos ampliaron el panorama de las técnicas utilizadas y de la cantidad de recursos movilizados.

Infiltración: fiscalía vs. defensa

El Departamento de Justicia anunció el 16 de junio la imputación de 15 integrantes y asociados de Direct Action Minnesota, una coalición de grupos de protesta. La fiscalía los acusó de conspiración para obstaculizar o agredir a agentes federales, entre otros delitos. Algunos enfrentan cargos adicionales por presunto acoso interestatal, amenazas, agresiones y daños a bienes públicos.

Según la acusación, los involucrados participaron en acciones destinadas a impedir arrestos y deportaciones, entre ellas bloqueos de vehículos federales, seguimiento de agentes y coordinación mediante grupos de mensajería. El Gobierno sostuvo que esas conductas excedían el ejercicio del derecho a protestar.

La defensa rechaza esa interpretación. Los abogados sostienen que la vigilancia alcanzó actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza libertades como la expresión, la reunión y la protesta. También cuestionan que los cargos penales se correspondan con las acciones atribuidas a sus clientes.

La acusación se produjo en el marco de Metro Surge, un operativo que movilizó a miles de agentes federales en las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul. Según la fiscalía, el procedimiento derivó en más de 4.000 arrestos. La intervención generó protestas y enfrentamientos, además de cuestionamientos de autoridades estatales y municipales, según Associated Press.

La existencia de una investigación encubierta no demuestra por sí sola que todos sus procedimientos hayan sido ilegales. El punto central es determinar si las autoridades respetaron los límites legales para obtener información y si utilizaron herramientas de vigilancia de manera proporcional a los delitos investigados.

El memorando de Trump

La controversia también involucra el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM-7), emitido por Trump en septiembre de 2025, después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La directiva ordenó a las agencias federales investigar redes y personas que, según la administración, estuvieran vinculadas con actividades extremistas y violencia política.

El documento incluyó referencias a ideas como el anticapitalismo y la oposición a determinadas posiciones religiosas o sociales dentro de su descripción de las corrientes que las autoridades debían examinar. Sus críticos sostienen que esa amplitud puede favorecer investigaciones contra personas por sus ideas políticas o por actividades que están protegidas por la Constitución.

Un análisis del Brennan Center for Justice, publicado el 1 de septiembre de 2026, advirtió que la combinación del NSPM-7 con las directivas de Trump contra el movimiento antifascista (antifa) puede ampliar las investigaciones y los procesos penales contra opositores al Gobierno. La organización cuestionó que se agrupen bajo una misma categoría conductas violentas y actividades políticas protegidas por la Primera Enmienda.

La administración, por su parte, sostiene que debe utilizar las herramientas disponibles para investigar amenazas contra funcionarios y agentes federales. El Departamento de Justicia presentó el caso de Minnesota como una acción contra una presunta conspiración para impedir la aplicación de la ley migratoria.

COINTELPRO y los límites de la vigilancia estatal

Abogados y antiguos funcionarios de seguridad compararon la investigación con COINTELPRO, el programa del FBI que vigiló e infiltró organizaciones por los derechos civiles, movimientos contra la guerra y grupos políticos entre las décadas de 1950 y 1970. El programa quedó bajo fuertes cuestionamientos por sus prácticas abusivas y sus intentos de debilitar organizaciones opositoras.

La comparación no significa que ambos operativos sean jurídicamente idénticos. La diferencia que destacan los especialistas es la capacidad actual de reunir grandes volúmenes de información procedente de comunicaciones digitales, registros financieros, bases comerciales y sistemas de seguimiento.

El caso de Minnesota plantea así una discusión que excede la política migratoria: hasta dónde puede llegar el poder de investigación del Estado cuando las personas observadas participan en protestas, organizan redes comunitarias o cuestionan las decisiones del Gobierno.

La causa deberá determinar si las pruebas obtenidas pueden utilizarse legalmente y si las conductas atribuidas a los acusados constituyen delitos o actividades protegidas por la Constitución. Mientras tanto, los documentos divulgados muestran que la vigilancia federal contra opositores al operativo migratorio fue más extensa de lo que se conocía y abren nuevos interrogantes sobre los controles que limitan el poder de las agencias de seguridad.

...