El juez federal Ariel Lijo dictó el sábado 28/03 medidas de restricción contra Marcelo Grandio, en la causa que salpica al entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La decisión se dio tras una denuncia por hostigamiento presentada por Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la firma aérea JAG Executive Aviation.
VANESA TOSSI DENUNCIA
Vuelo del escándalo: Perimetral para Marcelo Grandio (amigo de Manuel Adorni)
Caso Manuel Adorni: La secretaria del piloto denunció que Marcelo Grandio, la hostiga. Declaró por el viaje del escándalo a Punta del Este. Medida judicial.
28 de marzo de 2026 - 19:36
Marcelo Grandio y Manuel Adorni Imagen creada con IA/Grok
Según fuentes judiciales, la medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien alertó sobre intentos concretos de amedrentamiento hacia la testigo en pleno proceso de declaración.
Prohibición decidida por Ariel Lijo
La resolución es contundente: Grandio deberá abstenerse de contactar a Tossi por cualquier medio —personal, telefónico, digital o a través de terceros—. Además, se le impuso una restricción de acercamiento a su domicilio, lugar de trabajo y espacios de circulación habitual.
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Presiones en plena declaración
El episodio que detonó la intervención judicial ocurrió durante la audiencia testimonial del viernes. Mientras Tossi declaraba ante Pollicita sobre el vuelo que trasladó a Adorni a Punta del Este, recibió múltiples llamadas y mensajes atribuidos a Grandio.
Para la fiscalía, se trató de una maniobra directa de presión. La propia testigo sostuvo que las comunicaciones —sumadas al envío previo de una carta documento en tono intimidante— buscaban condicionar su relato.
Dato sensible: Pago del vuelo
En su declaración, Tossi aportó un elemento clave: aseguró que Grandio habría abonado el vuelo y, además, habría pedido que no se emitiera factura por el servicio. Este punto abre un frente adicional en la investigación.
Investigación por amenazas y coacción
Ante la gravedad de los hechos, Pollicita avanzó con una investigación paralela por posibles delitos de acción pública, como amenazas y coacción.
En su dictamen, el fiscal fue claro: no se trata de una percepción subjetiva de la testigo, sino de “indicadores concretos de presión” que ponen en riesgo la integridad de una prueba central.
Para justificar la urgencia, invocó el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, señalando que las interrupciones y contactos insistentes durante la declaración configuran un riesgo real que debía neutralizarse de inmediato.
Ariel Lijo ordena profundizar la causa
El juez también dispuso extraer testimonios de las piezas clave del expediente —incluida la declaración de Tossi y la documentación aportada— para avanzar formalmente sobre las presiones denunciadas.
Clave: Proteger la investigación
Desde el juzgado remarcan que las medidas no implican una sanción anticipada, sino una acción preventiva para resguardar a la testigo y garantizar la transparencia del proceso.
El foco está puesto en evitar cualquier interferencia en una causa sensible, que involucra el uso de servicios privados por parte de un alto funcionario del Gobierno.
La investigación sigue abierta. Y el caso suma un nuevo capítulo con derivaciones políticas y judiciales.
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