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Algunas dudas sobre el impuesto a Internet mientras el FMI dice OK

Todo listo para el ingreso al Congreso Nacional del megaproyecto de ley de triple emergencia que redactó el Ejecutivo Nacional. Ya se conocen algunos trascendidos, como los del propio Presidente de la Nación, y otros que surgen de conclusiones (por ejemplo, considerando que la mayoría de las webs contratan en el exterior sus servicios de conectividad a Internet, y en verdad todas las telecomunicaciones están en dólares, los pagos en moneda extranjera en el exterior suponen un incremento de costos para las webs). También algunas sospechas: el Fondo Monetario Internacional 'bancó' a Alberto Fernández en su actualización y hasta suba de los derechos de exportación al campo.

Ya es conocido: el presidente Alberto Fernández adelantó que el Gobierno congelará las tarifas de los servicios públicos al menos hasta el 30/06/2020. Él señaló que en los próximos meses analizarán la forma que tendrá el nuevo esquema tarifario pero afirmó que se terminará con la dolarización. 

“Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización”, dijo en una entrevista en la que también anunció que la alícuota de Bienes Personales tendrá un aumento y confirmó bono para jubilados y destinatarios de Asignación Universal por Hijo.

Resultará complicadísimo saltar la dolarización de las tarifas y los combustibles, pero es un desafío a afrontar.

En diálogo con Telefe Noticias, Alberto Fernández confirmó, acerca del cuadro tarifario, que “está suspendido en su aumento porque el gobierno de Mauricio Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar”.

Es decir: él no pagará el costo político que le intenta dejar como herencia Mauricio Macri.

A propósito del período que durará el congelamiento, Fernández dijo que será “hasta el 30 de junio” y durante ese tiempo señaló que el Ejecutivo analizará “el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, añadió.

“Las empresas cuentan con un colchón lo suficientemente amplio”, dijo Fernández, y profundizó: “Ellos van a entender la crisis en la que estamos. Les ha tocado ganar y no quiero discutir lo que han ganado, pero necesito que ayuden”.

Las empresas dicen, en contrapartida, que en estos 4 años sólo obtuvieron un resarcimiento de lo que perdieron durante los 12 años anteriores. Pero el debate es inútil, al menos por ahora, porque el Presidente empeñó su palabra.

Cabe contemplar que, a causa del elevado componente impositivo que tienen las tarifas de servicios públicos, el Estado también está renunciando a una recaudación importante.

Dólares en el exterior

En cuanto al impuesto de 30% a las compras con tarjeta en el exterior, ya se conoce que le permitiría al Gobierno recaudar $95.000 millones durante 2020. 

La medida, explicada como un desincentivo al drenaje de dólares generado por la cuenta de gastos en el extranjero, debería contemplar algunas excepciones tales como cuando esos gastos en dólares son con motivos de actividad económica. Por ejemplo, la contratación de servicios indispensables tales como telecomunicaciones y conectividad a Internet. 

El cálculo del potencial recaudatorio toma en cuenta una caída de 35% en ese componente de la cuenta corriente externa.

Según el diario Página/12, un informe de la consultora PxQ estimó que los gastos en el exterior totalizarán US$7.800 millones durante el 2019, "con lo cual si se hubiese aplicado el impuesto la recaudación podría haber alcanzado el 0,5% del PBI". Es decir, en 2019 se habrían recaudado US$2.340 millones, lo que equivaldría a $152.000 millones con un dólar estimado en $65. Coincidió en esa estimación el director de Econviews, Miguel Kiguel: "Un impuesto del 30% al turismo saliente parece tener un claro objetivo recaudatorio. Puede generar mas de 0,5% del PBI".

Pero ambos cálculos dejan de lado uno de los efectos buscados por la medida: desincentivar el gasto en el exterior, que para el balance cambiario opera igual que las importaciones. En ese sentido, un virtual precio del dólar para turistas pasaría a ser $82. Eso afectará necesariamente a una de las mayores explicaciones de la salida de divisas que se observó durante el 2019.

“El proyecto debería aclarar que el impuesto es para compras en comercios domiciliados fuera de Argentina, sin importar la moneda de venta”, indicó a Página/12, Ariel Setton, economista especializado en medios de pago. “Si la compañía es extranjera pero hace onshoring, no debería aplicar”, agregó. 

El impuesto aplica a servicios como Netflix, Spotify y Airbnb, dado que el servicio se brinda desde el exterior. Lo pagarán los usuarios aún cuando la tarifa esté en pesos. Queda definir si el 30% es sobre el precio final, dado que las tarifas incluyen 21%de IVA. 

Con estas modificaciones estarán alcanzados otros servicios provistos desde el exterior, como servicios de almacenamiento estilo Dropbox o iCloud, de Apple, aplicaciones en Google Play o iOS, videojuegos, plataformas de streaming, antivirus, plataformas de compras como Amazon o Ebay, entre otros. 

“Más allá de que puede perjudicar al consumidor, lo más importante no es Netflix, sino la pérdida de competitividad de los profesionales que compran insumos para trabajar, como suscripciones a software”, opinó Romina Gaya, economista especializada en comercio y servicios basados en el conocimiento. “Armar un listado de servicios excluidos es muy difícil porque hay herramientas de trabajo que pueden ser generalizadas como el uso de Google Drive, pero otras son muy específicas ”, agregó. Las discriminaciones que podrían realizarse son entre bienes y servicios o rubros de comercio, pero no por locación de compra.

Retenciones

Muy importante el comentario de Carlos Burgueño en el diario Ámbito Financiero:

"La decisión de Alberto Fernández de volver a aplicar retenciones porcentuales a las exportaciones primarias, especialmente soja; tiene un destinatario encriptado: el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Presidente terminó por volcarse por esta medida, sabiendo lo incómoda que será para su futura relación con el campo, teniendo en cuenta un dato clave que obtuvo de sus charlas con altos representantes del FMI como el mexicano Alejandro Werner. Sabe el jefe de Estado, que aplicando este duro ajuste al principal generador de divisas que tiene el país; se analizarán con mayor seriedad las promesas de solvencia fiscal que la Argentina quiere plantear para comenzar a renegociar la deuda con el FMI y los privados. Y que la idea de garantizar un déficit fiscal primario ordenado para el 2020 y un equilibrio para el 2021 es una promesa seria y una convicción. Que sea con un ajuste sobre los privados y no sobre el gasto público, sabe Fernández, no debería ser una queja de los hombres de Washington.

El Presidente tiene un antecedente que lo convenció. El propio organismo financiero había presionado en la última semana de agosto de 2018 al gobierno de Mauricio Macri al negociar la segunda versión del stand-by; para que aplique retenciones duras y clásicas contra el campo; para garantizar la solvencia fiscal de las cuentas nacionales ante el reclamo de una mejora de las condiciones del paquete de desembolsos del organismo. Fue en una reunión en Washington, durante los primeros días de septiembre del año pasado, donde Werner y el italiano Roberto Cardarelli le reprocharon a Nicolás Dujovne, la poca solvencia en los números fiscales que le mostraba el ministro de Hacienda. El entonces hombre fuerte de la relación del país con el FMI, le aseguraba a sus interlocutores del Fondo; que la intención del gobierno de Mauricio Macri era la de llegar este año a un nivel final de déficit primario cero. El ministro se comprometía a demoler todos los proyectos de obra pública, a congelar los gastos con proveedores, a reducir cualquier atisbo de gastos superfluo; como garantía para lograr el equilibrio fiscal.

Sin embargo los hombres de Washington ya no creían en sus promesas, y le reclamaban mayores esfuerzos fiscales para liberar el dinero que se negociaba. Al no haber mayores avances en las negociaciones, avanzó el equipo negociador de Christine Lagarde y, con los números fiscales sobre la mesa generados luego de la devaluación de abril del 2018; sin mayores vueltas le reclamaron por un regreso a las retenciones según el modelo que Macri había heredado del último kirchnerismo. Al regreso de Dujovne a Buenos Aires, comenzó una batalla en el gabinete macrista entre el ministro de Hacienda, al que acompañaba Marcos Peña; y el titular de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, que incluso amenazó con renunciar si el proyecto avanzaba.

A esa altura, eran varios los medios que ya adelantaban que volverían las retenciones al campo y que se gestaba el divorcio entre el sector y el oficialismo. Finalmente, el 3 de septiembre llegó la paz dentro del gabinete. Lidió Mauricio Macri, que aceptó una versión devaluada de las retenciones directas; aceptando la propuesta alternativa de una suma fija según el commoditie exportando; aclarando que se trataría de una presión extra y antipática temporal, justificada porque “el país está en crisis”. En Washington aceptaron, a regañadientes, la segunda versión; luego de una nueva presión llegada desde la Casa Blanca para que se le libere el acuerdo al país en las condiciones que imponga la Argentin a. (...)".

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