Malos tiempos para JP Morgan: Vuelve el caso Arbizu
El Ejecutivo Nacional ha decidido reiniciar su ofensiva contra Grupo Clarín en 3 frentes: seguirá adelante la presión de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que tiene un capítulo judicial pendiente; prospera la idea de aplicar la nueva Ley de Mercado de Capitales, en especial a la empresa Cablevisión, aunque para ello se precisa básicamente de la complicidad del mexicano David Martínez (Fintech Advisory); y se intenta que el juez federal Sergio Torres le conceda más energía a la instrucción del 'caso JP Morgan' (las denuncias del prófugo de la Justicia estadounidense Hernán Arbizu) en lo que se refiere a directivos de Grupo Clarín.
16 de enero de 2013 - 15:36
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En mayo de 2012, parecía que Hernán Arbizu, ex broker del JP Morgan Chase Bank, prófugo de la Justicia estadounidense, sería protagonista estelar del intentó de presionar a los accionistas controlantes de Grupo Clarín.
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El diario K Tiempo Argentino anticipó, en ese momento:
"(...) En vista de la contundencia que tuvo la denuncia que recientemente presentó la Unidad de Información Financiera (...), el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó al juez que entiende en la causa que disponga las medidas para que estos hechos sean tratados en un expediente aparte. Así lo hizo saber Marijuan al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº1, Sergio Torres, a quien pidió que todo lo señalado por la UIF (N. de la R.: Unidad de Investigación Financiera) sea remitido para su sorteo y posterior asignación a un nuevo tribunal."
1 mes antes, en abril la Cámara de Casación Penal había decidido levantar el secreto fiscal al vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y a su director, Lucio Pagliaro, mientras la Unidad de Información Financiera (UIF), intentaba "destabar una investigación que estaba empantanada”, y que se remitiría a dinero proveniente de la fusión de Cablevisión y Multicanal.
En ese contexto, la UIF había acusado a Grupo Clarín de protagonizar una compleja trama de operaciones cruzadas, con fondos varias veces millonarios cuya pista se perdía en medio de una intrincada compra y venta de acciones. El informe elevado por la entidad que encabeza José Sbatella incluía movimientos 'back to back' –una práctica comúnmente utilizada para “blanquear” dinero obtenido de forma irregular–, la creación de una sociedad radicada en uno de los paraísos fiscales de moda y para la que se invirtió apenas un puñado de dólares, la inmediata obtención de un generoso crédito y las idas y vueltas de un paquete accionario que, finalmente, siempre terminaba en las mismas manos.
En el interín las oficinas locales de JP Morgan Chase han sido sometidas a permanentes -e infrecuentes- inspecciones de parte de diferentes funcionarios de organismos del Ejecutivo Nacional, en un hostigamiento complicado, por cierto que una preocupación y un riesgo tanto para sus actuales como potenciales clientes.
Todas estas circunstancias fueron detalladas por la UIF en su Reporte de Operación Sospechosa (ROF) Nº 7549, que originalmente se incorporó como un apéndice al Expediente Nº 9232/08. En esa causa se indaga, entre otros, a la cúpula del Grupo Clarín por la posible comisión del “delito de acción pública”. Se inició en 2008, luego de que el arrepentido Hernán Arbizu, un operador de Wall Street que trabajaba para la banca JP Morgan, denunciara la existencia de cuentas bancarias no declaradas de empresarios argentinos.
El 'caso Arbizu' fue conocido por la opinión pública, curiosamente, por una investigación de Jorge Lanata, quien por entonces dirigía el diario Crítica de la Argentina, que en su inicio realizó numerosas denuncias contra la empresa Papel Prensa, que era motivo también de denuncias varias desde el Ejecutivo Nacional.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, se llevó 40 cajas con documentación secuestrada en un allanamiento realizado a los 3 pisos del edificio en Puerto Madero donde funcionaban las distintas unidades comerciales del JP Morgan.
Debe recordarse que Arbizu se encuentra acusado en USA por JP Morgan de haber robado US$ 2,8 millones de la cuenta de un cliente del banco, y el imputado resistió la extradición, declarando ante la Justicia argentina ser testigo de delitos de evasión y contrabando de divisas de ahorristas argentinos. Entre esos supuestos infractores aparecen directivos de Clarín, motivo por el cual Arbizu devino en personaje importante para el ladriprogresismo, que terminó reivindicando a un prófugo de la Justicia estadounidense. Poco serio.
Tan poco serio que, mientras existía la idea de que el 7D el Ejecutivo Nacional se cargaría a Grupo Clarín, el tema Arbizu tuvo una tregua judicial en lo de Torres, situación que se modificaría, según fuentes de la UIF, apenas regresen los tribunales a la actividad, en febrero.
Hay decisión de la Procuración General de la Nación, de la UIF y, básicamente, de la Casa Rosada de lograr que el Juzgado Federal interviniente cese lo que entienden es una sucesión de dilaciones en la instrucción del expediente.
Para JP Morgan, no solo para Clarín, un problema considerable por la mala prensa que le genera el tema, más allá de que haya utilizado todo el año 2012 para reducir al mínimo su riesgo argentino.
Además, ocurrió otro hecho: en septiembre, la UIF recurrió ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, un fallo del juez Torres, quien negó al organismo ser querellante en la causa que investiga la venta de acciones del Grupo Clarín, supervisadas por JP Morgan.
El fiscal federal Guillermo Marijuan había solicitado al juez Torres que abriese un nuevo expediente con la documentación aportada por la UIF sobre venta de acciones de Cimeco, controlada de Grupo Clarín, al igual que GCSA Investment LLC (con sede en Delaware, USA) y Arte Gráfico Editorial Argentino SA.
Con participación operativa también se mencionó a Banco Credit Suisse, de Londres; y el First Overseas Bank Limited ,de Bahamas.
Este expediente se anexó a la causa “Nº9232/08 NN sobre delito de acción pública”, originada en 2008 por la presentación de Hernán Arbizu.
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