DESMENTIDO DE LA NACIÓN

Mapuches/Estado, y Juan Grabois, el asesor de Francisco

Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de Economías Populares (CTEP), el obispo católico Juan José Chaparro, la defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Beatriz Oñate; y la diputada Silvia Horne se acercaron hasta el Juzgado Federal para presentar formalmente la conformación de la Mesa de Diálogo ante el juez Gustavo Villanueva, acerca del conflicto territorial en Villa Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi. La Administración Macri aclaró que no hay ningún acuerdo.

“Pasar de la confrontación a una mesa de diálogo es un gran avance. Pero lo primero que queremos aclarar es que la RAM no existe y hay un consenso entre las organizaciones mapuches y sociales. Esto no es más que una reivindicación territorial como tantas que hubo en la Patagonia aunque nunca se llegó a una instancia como ésta”, dijo Juan Grabois al término de la reunión de creación de la Mesa de Diálogo en San Carlos de Bariloche.

Grabois es un dirigente social, hijo de Roberto 'Pajarito' Grabois, quien fue el primer marido de Matilde Svatetz (luego de Menéndez), un simpatizante del guevarismo que pasó del Frente de Estudiantes Secundarios a Guardia de Hierro, donde también estuvo Jorge Omar Bergoglio.

Grabois es asesor del papa Francisco, y coincidió con el obispo católico barilochense, Juan José Chaparroacerca, acerca de la “construcción de un enemigo interno para justificar el nivel de militarización”, en relación a todo lo que la Administración Macri desliza sobre un supuesto RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).

“No se si se trata de una paranoia de Patricia Bullrich o una decisión política. Pero no hay RAM, es solo una página donde no hay un solo miembro conocido. Incluso la familia Jones Huala que tiene el discurso más radicalizado dice que sólo son simpatizantes de algunos comunicados que mandan”, señaló Grabois.

"No siempre que ocupan un lugar significa que son grupos RAM. Aquí sí se han hecho desalojos históricos con violencia. Uno que recorre la línea sur se encuentra con más de un caso de gente que vivía en un lugar y de repente se la sacó, o gente que se fue endeudando en el tiempo de las ventas (sic) y de repente no tenían más el terreno. Eso también es violento", señaló Chaparro en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

A través de la mesa de diálogo, sus integrantes aseguraron que esperan resolver el conflicto. Participaron del encuentro representantes designados del Lof y las comunidades, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, la CTEP, la CTA de Río Negro, la CTA Autónoma, la organización Al Margen, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Abogados de Derechos por la Igualdad, la APDH La Matanza, el Obispado de San Carlos de Bariloche (Juan José Chaparro) y la Universidad Nacional de Río Negro.

Los diputados nacionales que estuvieron fueron Silvia Horne, Leonardo Grosso, Martín Doñate; el legislador provincial de Neuquén Raúl Godoy, y los concejales Ana Marks y Ramón Chiocconi, todos ellos como observadores.

“En principio, hubo una negativa por parte del Estado Nacional pero afortunadamente, enviaron a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, experta en mediación”, destacó Grabois quien aclaró que lo consensuado en la mesa de diálogo no se hará público para preservar “temas espirituales y vinculados a los lugares sagrados”.

Por la noche se conoció una aclaración de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación:

"Ante las versiones en relación a los hechos que sucedieron en el territorio de Villa Mascardi, provincia de Río Negro, el Gobierno Nacional, aclara que en el día de hoy presentó una nota al juzgado con un acta de la mesa de dialogo de la que participo la interventora del INAI, en la que se dejó constancia que en estas condiciones de ocupación del Parque Nacional no es posible progresar en soluciones, las que solo se lograran cuando los actores actúen conforme a la Ley y al Estado de Derecho."

De la Mesa participaron organizaciones mapuches, legisladores del Movimiento Evita y representantes de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Iglesia Católica, tal como lo pidió el juez federal Gustavo Villanueva, a quien le enviaron un acta para ratificar la intención de negociar de las partes, un diálogo que por el momento no implica que los mapuches dejen las tierras que ocuparon: "se ha constituido la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Maipu, las comunidades autoconvocadas del Pueblo Mapuche y el Obispo de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación".

Pero a pesar de la intención de dialogar, lo firmado por los mapuches sostiene que "el Lof Lafken Winkul Maipu y las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial".

Los mapuches también exigen que se discuta "el retiro de la denuncia de Parques Nacionales a la comunidad Lafken Winkul Mapu a fin de que sea posible una resolución de la situación, la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer alimentos y abrigo a quienes allí se encuentran, el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel hasta la ruta".

A su turno, los representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sostuvo en el acta que "para avanzar en un diálogo fructífero que permita solucionar la cuestión de fondo relativa al reclamo territorial, es preciso que la comunidad se retire del territorio y que las personas que se encuentren en el territorio estén sujetas a derecho", algo que no es aceptado por los mapuches, cuyos representantes "solicitaron garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la comunidad. Manifiestan que es necesario hacerles llegar alimentos y abrigo".

Las comunidades mapuches pidieron que de las próximas reuniones participe "un representante del Directorio de Parques Nacionales", y se refirieron a "la situación de los heridos detenidos: Las organizaciones y comunidades solicitan su libertad acompañando el pedido de excarcelación de la abogada. El INAI ofrece ir a verlos, poner a disposición los dispositivos con los que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para revisar sus condiciones de detención y, entre otras cosas, solicitar la visita de la machi que pueda ingresar el lawen".

En ese sentido, las comunidades mapuches agregaron que "se constituirá una comisión de dirigentes sociales y de derechos humanos y referentes institucionales que participarán de la visita y solicitarán que se permita la visita de la machi y el ingreso del lawen".

Referentes de comunidades mapuches apuntaron contra Nicolás Torres, del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que “lejos de defender los intereses de los pueblos originarios, se acercó únicamente a dar el aval al desalojo”.

Patricia Pinchuleo, referente mapuche dijo a la prensa que “tiene que hacerse cargo Parques Nacionales de empezar un proceso real de discusión porque esto no se va a terminar más”.

Aclaró que existe por parte de las comunidades mapuche “una necesidad profunda de avanzar en la discusión que es territorial, acá no hay un capricho sino una necesidad de volver al territorio”.

Algo más

En las últimas horas comenzaron a surgir algunos cortocircuitos entre la familia de Rafael Nahuel y la comunidad mapuche que se encuentra ocupando desde hace más de dos meses la zona de Villa Mascardi.

Graciela -madre de Rafael, el joven muerto el sábado 25/11 durante un operativo de Prefectura- se encuentra muy molesta con la lof Lafken Winkul Mapu, cuyos miembros aún permanecen en el predio de Mascardi.

Fuentes cercanas a la familia de Rafael señalaron a ANB que al ser tan reciente la muerte del joven de 22 años, el dolor es grande, y es por esto que hay algunos cruces con la comunidad de Mascardi. Indicaron que la madre le cuestiona a Lafken Winkul Mapu que “le llevaron” a su hijo y se lo devolvieron muerto.

El joven mapuche murió el sábado pasado en medio de un operativo del grupo Albatros de Prefectura Nacional en Villa Mascardi. Recibió un disparo con una bala de 9 milímetros, calibre utilizado por Albatros.

El proyectil subió por su cuerpo y afectó órganos vitales, provocándole la muerte. Los resultados de la autopsia del cuerpo estarán entre este miércoles y jueves.

Familiares, amigos, comunidades mapuches y organizaciones sociales despidieron este lunes los restos del chico.

Gobernador

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (un gran derrotado si funciona la Mesa de Diálogo, al igual que la ministro Bullrich), insistió ante Radio Nacional que antes del desalojo “Se intentó dialogar durante 60 días”.

Asimismo, el gobernador destacó que ese territorio “es propiedad de Parques Nacionales, es decir del Estado Argentino”, y agregó que se trata de “grupos muy radicalizados que no reconocen al Estado como tal y por eso no acceden al diálogo”.

“No asumen ninguna conducta social ni legal”, aseveró, agregando que “sostienen que ese territorio pertenece a ellos ancestralmente y no reconocen la propiedad, ya sea esta estatal o particular. Ese razonamiento en país democrático es inadmisible”.

Weretilneck abonó la teoría de que existe en la zona Andina un “reclutamiento de jóvenes” para participar en la causa rebelde de las comunidades mapuches y que Rafael Nahuel, el joven que murió en un operativo del grupo Albatros, había llegado a la ocupación bajo esa motivación.

“Por lo que tengo entendido, el joven no tenía militancia conocida en la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), no sé cuál habrá sido la circunstancia por la cual estaba en ese lugar”, dijo Weretilneck a “Río Negro” al tiempo que lamentó la muerte del joven como un “hecho desgraciado”.

Planteó que se debe “investigar a los instigadores de las tomas de tierras” bajo la excusa del derecho ancestral mapuche.

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