Un juez en USA ha dado luz verde para que 75.000 empleados que se acogieron al programa “Bifurcación en el camino” acepten un paquete de indemnización diseñado por el Departamento de Eficiencia Gubermental (DOGE) de Elon Musk.
CAMINO DESPEJADO
Elon Musk triunfa: Juez permite indemnización para 75.000 empleados
La reforma de DOGE de Elon Musk gana fuerza luego de que un juez autorizara indemnizaciones para miles de trabajadores federales. Derrota de los sindicatos.
El magistrado George O'Toole no se pronunció sobre la legalidad del programa de renuncia diferida promovida por la administración de Donald Trump, pero dictaminó que varios sindicatos que presentaron demandas por el programa carecen de legitimidad para llevar el asunto ante los tribunales.
El programa que ofrece a los empelados 8 meses de salario como compensación por su salida, fue inicialmente cuestionado por sindicatos que argumentaban que el plan violaba sus derechos. Los sindicatos habían advertido a los empleados que no aceptaran la oferta dudosa. La administración de Trump ha prometido pagarles los salarios hasta octubre sin obligarlos a trabajar.
Musk y Trump han amenazado que los empleados que no acepten la oferta serán despedidos o sufrirán cambios en sus condiciones laborales, como la obligación de acudir a la oficina cinco días a la semana.
Según The Hill, apenas 3,75 % de los 2 millones de empleados federales del país aceptaron el acuerdo. Está por debajo del 5 a 10 % de empleados federales que la Casa Blanca esperaba.
Reforma DOGE
El fallo abre el camino para una de las reformas más controvertidas de DOGE: reducir la fuerza laboral federal. Medios norteamericanos lo consideran una victoria para el magnate de Tesla, ya que la restructuración federal, no exenta de polémicas, está tomando fuerza.
Los sindicatos que representan a los trabajadores federales habían presentado una demanda para detener el programa y lo habían demorado durante seis días mientras el juez de distrito de USA George O'Toole en Boston analizaba el asunto.
Los sindicatos argumentaron ante el tribunal que la oferta enviada a más de dos millones de empleados carecía de una autorización legal clara y era engañosa porque el Congreso ha financiado al gobierno sólo hasta mediados de marzo, por lo que la administración no puede garantizar que los trabajadores que renuncien ahora seguirán recibiendo sus pagos hasta septiembre.
Esa dinámica podría violar la Ley Antideficiencia, que prohíbe al gobierno gastar más de lo que dicta su presupuesto y le exige utilizar los fondos federales según lo previsto, anotó el diario demócrata citado.
Se garantiza que seguirán los litigios. Casi al mismo tiempo que O'Toole emitió su decisión, un sindicato de empleados del Departamento del Tesoro presentó una nueva demanda en Washington, DC, solicitando a un juez que declarara ilegal el programa de renuncia diferida.
Musk se ha enfadado con las críticas dirigidas a él o a Doge, y ha criticado las órdenes judiciales emitidas por jueces federales.
Los jueces han bloqueado los esfuerzos de Trump para imponer congelamientos amplios al gasto federal, desmantelar la principal agencia que maneja la ayuda exterior, poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.
Durante el fin de semana, Musk promocionó una serie de publicaciones que contemplaban desafiar una orden judicial que impedía temporalmente que el Departamento del Tesoro diera a Doge acceso a sus sistemas de pago.
Musk y Trump describen esta desafío legal como parte de un "golpe judicial".
El martes (10/02) el presidente norteamericano firmó un orden ejecutiva que le otorga más poder a Musk que obliga a todas las agencias a colaborar con DOGE. Como parte de su reestructuración, se prevé además un ola de despidos en diversas agencias, lo que podría generar más caos en la administración pública.
El Departamento de eficiencia gubernamental (DOGE) está en la mira por su acciones opacas, equipo secreto y acceso a sistemas clasificados.
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