Desde Claudio Tapia a los narcos: Leandro Camani luce escorado

Comencemos: La Fiscalía Federal de La Plata que se investigue al empresario de las fotomultas y los cinemómetros (medidores de velocidad de vehículos en circulación), Leandro Camani, por supuestos vínculos con el narcotráfico rosarino, de acuerdo a la web InfoPilar.

La apoderada legal de la Cámara que preside Bernardino García, se presentó en la causa caratulada 'Quatrocci Mario y Otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública', que trata de la detención de Lisandro Damián Contreras, alias 'Licha' o 'Limón' -supuesto contacto de la banda narcomafiosa 'Los Menores', de Rosario- cuando conducía una camioneta Mercedes Benz GLE 400 registrada a nombre de Leandro Camani, portando la cédula verde vencida.

Acerca de Camani se afirmó que "diversas investigaciones periodísticas han vinculado públicamente con personas investigadas por delitos de narcotráfico, extremo que fue ampliamente difundido por medios de alcance nacional y regional".

También que "la existencia de estos vínculos y la exposición pública de los mismos constituyen un elemento adicional que no puede ser soslayado al momento de analizar el contexto general, la credibilidad y las motivaciones del accionar denunciativo desplegado en autos".

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En este contexto, resulta imprescindible que la presente investigación sea abordada con una mirada integral, contextual y despojada de toda lectura fragmentaria, a fin de prevenir que el proceso penal sea instrumentalizado como mecanismo de presión, extorsión o persecución indebida, desnaturalizando su función constitucional y comprometiendo las garantías esenciales del debido proceso. En este contexto, resulta imprescindible que la presente investigación sea abordada con una mirada integral, contextual y despojada de toda lectura fragmentaria, a fin de prevenir que el proceso penal sea instrumentalizado como mecanismo de presión, extorsión o persecución indebida, desnaturalizando su función constitucional y comprometiendo las garantías esenciales del debido proceso.

CECAITRA sostuvo que "(…) lo verdaderamente relevante para el presente proceso es que el denunciante Leandro Camani mantiene desde hace años un patrón de comportamiento reiterado y uniforme, consistente en: promover denuncias penales y mediáticas contra terceros; efectuar acusaciones de extrema gravedad, muchas de las cuales luego resultan desacreditadas o severamente cuestionadas; y utilizar dichas denuncias como mecanismo de presión para obtener beneficios económicos, comerciales o políticos que no podría alcanzar por vías lícitas".

Claudio Tapia

En forma simultánea, según la web DataClave, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ratificó su rol de damnificado por el empresario Leandro Camani. Tapia relató ante el fiscal Germán Camafreita -en forma virtual- que no conocía ni a Facundo Del Gaiso ni a Matías Yofe ni a Leandro Camani, titular de la firma Secutrans.

Tapia reiteró que la denuncia por la vivienda de Pilar (que negó que le pertenezca) fue la consecuencia de su decisión de no ceder ante amenazas y advertencias que comenzaron cuando ejercía funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

“Camani escudándose en Matias Yofe y Facundo del Gaiso materializa las denuncias para coaccionarme, junto con periodistas, no descarto que todo sea un concierto de una asociación ilícita. Todo en el marco de un negocio multimillonario”, aseguró Tapia.

Claudio-Tapia

Tapia sostuvo que Camani habría solicitado una autorización para instalar nuevas cámaras de fotomultas en rutas, accesos y predios administrados por el CEAMSE y que le permitieran el recambio de cámaras existentes por nuevos equipos.

Según él, “los predios y corredores viales del CEAMSE permiten un volumen de recaudación particularmente significativo, lo que transformaba la autorización solicitada en una operación de alto impacto económico”.

Taia afirmó que se negó "de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las (cámaras) existentes". A partir de esa negativa comenzaron a manifestarse "presiones directas e indirectas orientadas a revertir la decisión adoptada", mientras la enviaban un mensaje intimidatorio: si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales en su contra.

(…) “dicha advertencia se consumó con la presentación efectiva de la denuncia vinculada a la denominada ‘casa de Pilar’, tramitada en una causa distinta a la presente, pero funcionalmente conectada con la amenaza previa. (…) Inmediatamente posterior a la activación de la denuncia penal, se puso en marcha una operación mediática destinada a amplificar y reforzar el impacto de la ofensiva judicial previamente anunciada. Esta etapa se caracterizó por la rápida difusión pública de la denuncia, la reiteración de imputaciones en distintos soportes comunicacionales y la instalación de un relato incriminante, lo que permitió transformar una presentación judicial en una herramienta de presión pública adicional, integrada funcionalmente a la maniobra extorsiva originaria”.

"La estructura fáctica descripta permite advertir un reparto de roles, en el cual Camani aparece como organizador y beneficiario económico, mientras que los denunciantes actúan como canal formal de activación del frente penal”.

La articulación entre falsas denuncias penales, filtraciones, publicaciones periodísticas y replicación en redes sociales configura un patrón de actuación convergente, que no puede ser analizado de manera fragmentada. Las publicaciones referidas no constituyen manifestaciones aisladas ni episodios ocasionales, sino que revelan un patrón discursivo homogéneo, continuo y deliberado, orientado a instalar en la opinión pública la idea de que el suscripto habría participado en maniobras ilícitas, irregulares o delictivas. La articulación entre falsas denuncias penales, filtraciones, publicaciones periodísticas y replicación en redes sociales configura un patrón de actuación convergente, que no puede ser analizado de manera fragmentada. Las publicaciones referidas no constituyen manifestaciones aisladas ni episodios ocasionales, sino que revelan un patrón discursivo homogéneo, continuo y deliberado, orientado a instalar en la opinión pública la idea de que el suscripto habría participado en maniobras ilícitas, irregulares o delictivas.

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