Juicio político a la Corte: Más testimonios en contra

Ministros de la Corte, cuestionados en diputados

En otra convocatoria de la comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT) dieron sus testimonios Silvina Batakis, ex secretaria de la Secretaría de las Provincias, ministerio del Interior; Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de la Provincia de la Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de la provincia de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz.

La actual titular del Banco Nación Argentina, explicó sobre los fondos de coparticipación a favor de la Ciudad que "no encontraron ningún antecedente de los tres decretos de la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En este sentido, criticó que “el primer decreto ni siquiera establece los motivos por los cuales se aumenta el porcentaje de 1,4 a 3.75”.

El informe de la Auditoría de la Ciudad precisa que "no había ningún fundamento para poder llevar al 3,75 y que había inconvenientes para acceder a la información”, y agregó. respecto de la coparticipación que “para poder abordar las erogaciones, la variación tendría que haber sido 0,92% y fue en exceso. Del 2.32 al 3.75 es todo el exceso que tuvo”. Explicó la exministra.

Testimonio Abate (Fiscal de Estado- Santiago del Estero)

“Todos los participantes de la coparticipación tienen interés en la misma por eso solicitábamos ser escuchados y, a través de ello, se dispone que concurra ante la Corte”. “Tenemos un problema con la Corte de comunicación. Evidentemente la corte ha decidido el silencio, es desidia y es un desprecio a las provincias”, dijo el funcionario.

"El fallo de la Corte -como opinión técnica- es verdaderamente sorprendente en tanto suspendía la aplicación de una ley que no había sido declarada constitucional y, establecía un porcentaje arbitrario o caprichoso. A lo mejor ese porcentaje es menos o más pero no fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo”, aseveró el testigo.

Pedro Goyochea (asesor del gobierno riojano)

El enviado provincial afirmó: “para participar en este proceso judicial y ser escuchados, ya que la acordada de esta figura- contempla los juicios de carácter ordinario como los que se presentan en materia originaria como es este caso entre el Estado y CABA”. En Julio y diciembre 2022 ”realizamos la presentación para ser amigos del tribunal y no tuvimos respuesta”.

Luego aclaró que se tomaron dos aspectos para esa presentación uno que “tienen que ver con una naturaleza histórica” (estructura y rol de las provincias del norte) y el otro con una “cuestión de carácter jurisprudencial”.

“Hemos advertido que la Corte a partir de 2017 adoptó lo que se denomina un nuevo standard en lo referido a las presentaciones de CABA, para poder tener participación en causas originarias, es decir, admitir la CABA para estos juicios originarios. Desde el año 2004 la Corte Suprema de manera coherente y sistemática ha venido rechazando esa capacidad ya que les corresponde únicamente a las provincias”, detalló

Marcos Denett (por Catamarca)

Testificó que la provincia se “apersonó sobre esta causa” ejerciendo facultades de la acordada de la Corte bajo la figura de Amicus Curiae, que calificó como “una figura de carácter republicano que nos ha permitido incorporarnos en este proceso”.

“La presentación de la provincia se hizo manifestando que no éramos parte de este proceso, pero teníamos legitimación para intervenir ya que nos interesaba dar cuenta del desfasaje a favor de la CABA”. señaló

El fiscal de Santa Cruz, argumentó

"Entendíamos que el mecanismo de coparticipación es sumamente complejo y que cualquier decisión que se pueda tomar respecto de recursos fiscales podría incidir en las economías y finanzas de distintas provincias de una manera directa o indirecta. Por eso cuando tomamos conocimiento de la causa, que se estaba pidiendo y tramitando, decidimos recurrir al instituto del Amicus Curiae para dejar sentada nuestra posición”.

Al comienzo de la reunión, se aprobó la solicitud del diputado Rodolfo Tailhade (FdT) de convocar a Alejandro Otero, actualmente funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y quien había elaborado un estudio sobre el reparto de recursos coparticipables, exponiendo en el Senado, a declarar ante la Comisión.

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