Caso Adorni: La Casa Rosada no le cree al contratista y prepara la defensa judicial

La posición oficial, avalada por el presidente Javier Milei, es clara: sostener políticamente al funcionario mientras avanza la causa y trasladar la discusión al ámbito judicial.

El eje de la defensa de Manuel Adorni: cuestionar el monto

El testimonio del arquitecto Matías Tabar, quien declaró haber cobrado esa cifra por trabajos realizados en una vivienda en el country Indio Cuá, encendió una nueva etapa del caso. Sin embargo, en el entorno del jefe de Gabinete aseguran que el número no refleja la realidad.

Según fuentes oficiales, ya se está revisando el detalle de los gastos presentados por el contratista y la conclusión preliminar es que “los valores están inflados”. La estrategia apunta a solicitar una pericia que permita contrastar la declaración y establecer el costo real de la obra.

En paralelo, el Gobierno espera que Adorni presente documentación ante la Justicia para respaldar su versión y justificar la evolución de su patrimonio.

Respaldo político en Casa Rosada

Más allá del impacto del caso, en el oficialismo descartan cualquier cambio en la estructura del gabinete. La decisión política de Milei es mantener a uno de sus funcionarios más cercanos, incluso en medio del desgaste.

En despachos oficiales reconocen que el monto mencionado en la causa “no estaba en el radar” de varios sectores del Ejecutivo, pero aun así sostienen que el respaldo no está en discusión.

Ese apoyo se tradujo también en gestos concretos: el Presidente volvió a mostrarse junto a Adorni en una actividad oficial, en un intento por reforzar la señal de confianza.

Una defensa que se mueve en reserva

La estrategia judicial se desarrolla con bajo perfil. Desde el Gobierno aseguran que el jefe de Gabinete sigue el expediente en contacto con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

No obstante, niegan que exista una “mesa de crisis” formal o un esquema coordinado para responder a la investigación. La línea oficial es evitar confrontaciones públicas y concentrar la defensa en tribunales.

En ese marco, cerca de Adorni también rechazaron haber tenido contacto previo con el contratista antes de su declaración en Comodoro Py para ofrecerle asistencia legal.

Sospechas y foco en la prueba

Dentro del oficialismo comenzaron a surgir dudas sobre algunos aspectos del testimonio. En particular, se puso el foco en el teléfono entregado por el testigo y en la posibilidad de que existan mensajes eliminados.

Aun así, en la Casa Rosada admiten que el eje central de la discusión estará en las pruebas que se incorporen al expediente y en la consistencia de los datos que surjan de las pericias.

Impacto en la gestión

El caso no solo tiene implicancias judiciales, sino también políticas. En distintos sectores del Gobierno reconocen que la situación volvió a frenar los intentos de reactivar la agenda de gestión, especialmente después de la exposición de Adorni en la Cámara de Diputados.

La intención del oficialismo era retomar la iniciativa política en paralelo al avance de proyectos legislativos, pero la nueva declaración judicial volvió a colocar el foco en el expediente.

En ese contexto, la evolución del caso aparece como un factor determinante para destrabar la dinámica interna del Gobierno.

Presión para acelerar la defensa

En Balcarce 50 buscan que el jefe de Gabinete avance rápidamente con medidas de prueba que permitan ordenar su situación judicial y evitar nuevas revelaciones inesperadas.

Puertas adentro, el diagnóstico es que el funcionario cuenta con herramientas para justificar su patrimonio, aunque reconocen que el desgaste político crece a medida que se acumulan episodios.

“La explicación llegará en sede judicial”, repiten en el oficialismo, mientras la causa sigue sumando capítulos y condicionando el ritmo de la gestión.

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