En un contexto incertidumbre respecto a la capacidad de pago del Gobierno nacional sobre la deuda en dólares que vence en 2025, el presidente Javier Milei desató una nueva controversia. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Ejecutivo habilitó la posibilidad de una reestructuración todos los títulos emitidos en moneda extranjera sin necesidad de ajustarse a las exigencias previstas en la Ley de Administración Financiera y, lo que es más fuerte, sin intervención del Congreso.
ATENTO AHORRISTA
Reestructuración indirecta y un nuevo golpe a la confianza
El Ejecutivo habilitó la posibilidad de una reestructuración todos los títulos emitidos en dólares sin ajustarse a las exigencias de la Ley.
23 de septiembre de 2024 - 20:49
El Gobierno se habilitó a una posible reestructuración de deuda.
El decreto en cuestión modifica el artículo 11 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, que, a su vez, replicaba el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Hasta ahora, esa normativa obligaba al Gobierno a cumplir con al menos dos de tres condiciones clave al encarar una reestructuración: Extender los plazos, reducir el monto total de la deuda o aliviar la carga de los intereses.
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El espíritu de la ley modificada apuntaba a evitar que las administraciones posterguen pagos dejando una pesada carga futura, tanto en términos de mayores pagos de capital como de intereses. Sin embargo, con la nueva reglamentación, el Ejecutivo se libera de esto, abriendo la puerta a una reestructuración a largo plazo, lo que muchos consideran una estrategia de dilatación que puede agravar el problema.
Señal de pocos dólares
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), su director, Hernán Letcher advirtió que esta maniobra responde directamente a las dificultades del Gobierno para enfrentar los vencimientos del próximo año. "Al no contar con los dólares necesarios, buscan una salida que les permita 'rollear' la deuda sin la necesidad de someterse al escrutinio del Congreso", señaló Letcher, evidenciando la magnitud del desafío financiero.
En la misma línea, Martín Guzmán, exministro de Economía y actual presidente de Suramericana Visión, expresó su preocupación por los efectos de esta estrategia. "Ante la imposibilidad de acumular reservas en el marco del actual esquema económico, el Gobierno se ve obligado a patear los vencimientos hacia adelante a un costo elevadísimo para el Estado", subrayó Guzmán, añadiendo que este tipo de movimientos crea un perfil de vencimientos cada vez más desestabilizante para la economía nacional. Los hitos más cercanos de este endeudamiento recaen el 9 de enero y el 9 de julio de 2025, fechas que, según el exministro, el Gobierno podría intentar diferir mediante esta medida, aunque a un costo desmedido.
Para Guzmán, esta decisión no solo refleja una estrategia para enfrentar las restricciones del momento, sino que también podría desencadenar un ciclo problemático de endeudamiento a largo plazo. "El aumento de los intereses genera una dinámica en la que se incrementa la carga de deuda, lo que exige cada vez más superávit para cumplir, y esto, a su vez, impacta negativamente en la actividad económica", explicó, señalando que a mayor esfuerzo por cumplir con los pagos, mayor será el deterioro en la relación deuda/PBI. Esta "bola de nieve", como él la define, termina agravando los problemas estructurales de la economía.
Una de las cuestiones más inquietantes que rodea este decreto es la falta de justificación en cuanto a su carácter de necesidad y urgencia. Guzmán destacó lo paradójico de la situación: "El presidente anunció el 15 de septiembre, en la presentación del Presupuesto 2025, que la prioridad es el pago de la deuda, tanto en intereses como en capital, y que la política fiscal se ajustará a esa premisa. Sin embargo, lo que se observa es que al darle prioridad a la deuda, el margen de maniobra del Estado para atender otras necesidades se irá achicando", concluyó el exministro.
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