Entre los atributos que hicieron que Javier Milei tuviera a lo largo de su primer año de gestión una valoración que promedió el 50% de imagen positiva sobresalen 2 elementos, de acuerdo a los analistas de opinión pública. El primero y principal es la reducción de la inflación, que permitió un escenario de mayor estabilidad en comparación con los meses previos a la asunción del libertario, quitando de la mesa la zozobra que generaba la posibilidad de un hiper. El otro factor que los consultores registraron es lo que se da en resumir como “el orden”, que tiene su registro más visible en los operativos dispuestos para evitar piquetes en zonas neurálgicas del tránsito. Ahora, en mayor o menor medida, ambos elementos expusieron flancos débiles en los últimos días. La inflación se estancó por encima del 2% por quinto mes consecutivo en febrero, cuando tuvo una ligera aceleración respecto de enero, lo que pone en entredicho la afirmación de Milei de que “estamos derrotando” a este problema de vieja data. El IPC de 2.4% de febrero abrió el interrogante sobre si se llegó a un piso en la desinflación. Estimaciones privadas esperan una cifra en el mismo umbral para marzo, cuya estacionalidad torna difícil que la tendencia recupere el sesgo declinante.
PANORAMA
Jaque al mito fundacional del orden
A pesar del enorme despliegue de seguridad, la situación de caos frente al Congreso se prolongó por varias horas poniendo en entredicho uno de los principales atributos con los que el Gobierno construyó su popularidad.
La de Pablo Grillo se volvió la postal más dramática del accionar de las fuerzas de seguridad en la marcha frente al Congreso.
Montaje: Urgente24Por su parte, la noción del “orden” que contribuyó a que el mandatario sea valorado de forma positiva por una buena parte de la población quedó desafiada tras el desastroso operativo de las fuerzas federales para reprimir los desbordes de la marcha a la que asistieron hinchas y barras de clubes de fútbol, sindicatos y agrupaciones políticas para acompañar la habitual manifestación de los jubilados de los días miércoles para reclamar por mejores haberes. El dispositivo dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incluyó un número descomunal de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura -cercano al millar- pero aún así le tomó varias horas lograr despejar el área. Los primeros cruces comenzaron en la previa a la hora convocada, alrededor de las 16:00, cuando una columna cortó la Avenida Rivadavia y los uniformados se desplegaron para intentar retirar a la gente de la calle. Luego iban a comenzar las corridas, el agite, el lanzamiento de elementos contundentes contra los efectivos, que respondieron con balas de goma, gas pimienta y lacrimógeno, y descargas de agua con camiones hidrantes. Hubo destrozos de autos, patrulleros y contenedores de basura incendiados, un policía de la Ciudad con una herida de bala en el brazo, y un fotoperiodista que sufrió la fractura de su cabeza y la pérdida de masa encefálica cuando fue impactado por una cápsula de gas lacrimógeno mientra tomaba fotos. Ahora lucha por su vida. Hay que sumarle la violenta respuesta de un policía contra una anciana de 87 que intentó golpearlo con su bastón. La mujer terminó tendida en el piso, con una herida en la cabeza, ante la total indiferencia de ese efectivo o algún otro de los que estaban alrededor. La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) pidió investigar estos casos.
Eran alrededor de las 20:30 del miércoles cuando todavía un numeroso operativo policial buscaba desalojar a los manifestantes que quedaban, ya sobre las veredas de las inmediaciones del Congreso. Fueron más de 4 horas en las que la zona se convirtió en un enorme caos, poniendo en jaque uno de los principales atributos, casi un mito fundacional, con los que el Gobierno pudo construir su popularidad. A pesar del enorme despliegue, las fuerzas federales comandadas por Bullrich tardaron demasiado tiempo en traer de nuevo “el orden” tras una movilización que no fue especialmente numerosa. Se prevé un despliegue similar para el próximo miércoles, para cuando está convocada otra movilización. ¿Tolerará la opinión pública otra batalla campal que exponga que el Gobierno perdió el control de la calle?
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Hubo quienes quisieron parangonar lo ocurrido con aquellos violentos episodios en el mismo lugar cuando el Congreso debatía la ley de movilidad jubilatoria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Aquella jornada que los macristas recuerdan como la de “las 14 toneladas de piedra”. El propio exPresidente alentó esa lectura en un tuit de apoyo a la administración mileista. Pero los memoriosos recuerdan que el número de manifestantes fue superior aquella vez. Tampoco se registró en esta ocasión una imagen tan impactante como la de los policías resistiendo con sus escudos los piedrazos que los hacían retroceder. Por el contrario, fue notable la agresividad que las fuerzas federales imprimieron incluso cuando no hacía falta. Se pueden destacar como ejemplos los disparos de balas de goma de un efectivo contra una mujer mayor que protestaba a pocos metros de él; y las ráfagas de agua que camiones hidrantes disparaban contra personas que se encontraban sobre las veredas, donde está permitida la permanencia, según el protocolo antipiquetes de Bullrich. Un video registró que desde uno de los vehículos se agitaba la consigna “vengan zurdos de mierda”.
El accionar de las fuerzas de seguridad también quedó en la mira por la herida de gravedad provocada en el fotoperiodista Pablo Grillo. Si bien Bullrich afirmó que la cápsula de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del joven de 35 años se disparó de acuerdo a la normativa, una análisis cuadro por cuadro de lanación.com desde una posición cercana a Grillo muestra que la trayectoria de la cápsula de gas lacrimógeno que disparó un efectivo de la Gendarmería fue horizontal, y no en forma de parábola, como establece el protocolo. Una filmación aérea del dron del canal TN confirma que el gendarme disparó directamente hacia la posición en la que estaba el fotoperiodista. Grillo se encuentra internado en el hospital Ramos Mejía y su pronóstico es reservado. A la negligencia de los efectivos, se le agregó la desidia política de la ministra Bullrich, quien primero afirmó que Grillo se encontraba “preso” cuando en realidad estaba siendo operado en ese mismo momento. Además, la ministra sugirió que la condición de “militante kirchnerista” era prueba suficiente para esa detención que nunca ocurrió.
Bullrich abundó en información falsa. Dijo que Grillo fue candidato del intendente Julián Álvarez en Lanús y que era empleado del municipio. Álvarez desmintió esto último, y el padre de Grillo hizo lo propio respecto de la supuesta candidatura. También afirmó que su hijo trabaja en el Hospital Evita de Lanús, a donde accedió por disposición del gobierno bonaerense. Grillo sí se desempeñó en el municipio como “coordinador administrativo”, de acuerdo a un decreto de 2020 publicado por el sitio chequeado.com y que lleva la firma del entonces intendente Néstor Grindetti, quien no fue otro que el candidato de Bullrich a gobernador bonaerense en las elecciones de 2023 en el que ella fue la postulante presidencial de Juntos por el Cambio y salió tercera, detrás de Sergio Massa y Milei.
La mala praxis policial fue el argumento de la jueza porteña Karina Andrade para liberar a 114 de los 124 detenidos que el operativo tuvo como resultado. Además de ponderar el derecho a la protesta como objeto de protección, la magistrada hizo en su fallo hincapié en la “comunicación deficitaria” con la que llegaron los detenidos, sobre los que, dijo, “no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle". También sostuvo que "ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos". Esto le valió el ataque del Gobierno, que anticipó que la denunciará por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura porteño, y mediante operaciones de prensa inició una campaña de desprestigio en su contra. El diario Clarín la bautizó en una nota sin firma como “la jueza camporista”, al apuntar que fue promovida por la diputada, sindicalista judicial y militante de la agrupación ultra K Vanesa Siley.
Sin embargo, otra nota de Clarín, en este caso firmada por Daniel Santoro, parece desmentir aquella caracterización. Santoro recoge la denuncia del legislador de la CC Facundo del Gaiso sobre un supuesto histórico acuerdo entre el actual titular de la AGN y dirigente peronista de la Capital Federal, Juan Manuel Olmos, y el binguero y operador judicial Daniel Angelici para designar jueces. Esos padrinazgos también fueron consignados por Hernán Capiello en el perfil que trazó de Andrade en el diario La Nación y en el que señala que la jueza está “bien conceptuada entre sus colegas”. La nota de Santoro, en tanto, agrega otro elemento revelador: Andrade no tuvo el aval de la legislatura para convertirse en jueza, sino que esto sucedió porque transcurrieron 60 días desde que la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control del cuerpo deliberante aprobó su pliego, condición suficiente para que quede “nombrada en forma legal”. La presidente de la Junta de Ética es María Luisa ‘Marilú’ González Estevarena, una diputada que responde a Bullrich y que recientemente, junto a otros legisladores bullrichista, se fusionó con el bloque de LLA.
Además de su destitución, Bullrich quiere que la jueza vaya presa. Para eso la denunciará por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato. La ministra ya denunció por sedición y asociación ilícita a un grupo de personas sindicadas como “barras”. El periodista Gustavo Grabia, especialista en el tema de las barras bravas de los clubes de fútbol, afirmó que de los 5 señalados por el ministerio de Seguridad, 2 no pertenecen a ninguna facción. Se trata de Hugo Bellón, dirigente de ATE y expresidente de Nueva Chicago hasta finales de 2023, quien tuvo problemas con la barra del club; y Gastón Ruiz, un hincha del mismo cuadro, pero cuya identidad no se corresponde con la imagen difundida por la cartera de Bullrich. Ruiz aseguró además que no participó de la marcha. De los otros 3 señalados, Grabia confirma que 2 integran la barra de Deportivo Español y que uno de ellos, Roberto Cajal, pertenece a la jefatura; el 3ro es Carlos Román, también hincha de Chicago y que aparece en la base de datos del derecho de admisión impuesto en agosto de 2024 y por una duración de dos años. De todas formas, Grabia señala que no se difundieron imágenes de ninguna estas personas cometiendo ilícitos. También llama la atención la proporción: Bullrich bautizó la movilización como “la marcha de los barras”, pero apenas 3 personas tendrían esa caracterización entre el centenar de detenidos que dejó el operativo.
Bullrich también involucró en su denuncia a 2 intendentes peronistas: Fernando Espinoza, de La Matanza, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora. Según la ministra, micros con barras partieron desde sus respectivas municipalidades. Los jefes comunales rechazaron las acusaciones. La narrativa que impulsa Bullrich es que la movilización tuvo como objetivo “desestabilizar” al Gobierno. “Vinieron dispuestos a matar”, dijo, mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de “una especie de golpe de Estado”. El fiscal que quedó a cargo de la denuncia, Franco Picardi, le pidió al ministerio de Seguridad pruebas documentales de la participación de los denunciados en la supuesta trama golpista, que tuvo como sorpresiva contradictora a la vicepresidente Victoria Villarruel, quien desestimó un cariz destituyente de la marcha, en la que vio un mero "ejercicio de la democracia", más allá de que repudió la violencia.
Javier Milei, en cambio, defendió el operativo (diferenció a los “buenos de azul” de “los hijos de puta que andan con las caras tapadas") y reivindicó a Bullrich, a quien sentó a su lado durante su discurso en Expoagro y le adjudicó “sostener los valores de la República”. Sin embargo, la funcionaria habría pagado un costo ante la opinión pública. Según un estudio de la consultora AdHoc, que hace seguimientos en redes sociales, los sucesos frente al Congreso generaron el mayor pico de “menciones digitales” a la ministra de Seguridad en lo que va de 2025, dentro de lo que se registró una “negatividad alta” del 51%. No obstante, este fenómeno no se trasladó directamente a la imagen digital del Presidente, quien viene sufriendo un desgaste en su reputación por un cúmulo de acontecimientos, que van desde el discurso homofóbico en el Foro de Davos al escándalo de la criptoestafa, que la oposición busca investigar desde el Congreso. Para eso logró que comisiones de la Cámara de Diputados traten pedidos de interpelaciones y de la conformación de una unidad de investigación que luego sean aprobados por mayoría simple en el recinto. En el Senado, en tanto, podría propinarle otro revés en los próximos días con el eventual rechazo de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. Ambos pliegos quedaron en condiciones de ser votados en el recinto. García-Mansilla asumió en comisión por decreto en el máximo tribunal, pero renunciaría si su pliego no reúne los 2 tercios requeridos para su ratificación, a pesar de que la Casa Rosada sostiene que su permanencia en la Corte está blindada hasta fin de año.
Milei estuvo en Bahía Blanca, donde un temporal causó una inundación que dejó hasta ahora 16 muertos, desaparecidos, evacuados y la ciudad destruida. Viajó de forma sorpresiva, se reunió con el intendente local, Federico Susbielles, pero no se mostró con los damnificados. Se especuló con que quiso evitar escraches como los que sufrieron Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri. En ese caso, no le falló el olfato, dado que un vecino expresó su bronca contra el mandatario, aunque a la distancia. El Gobierno luego anunció un fondo de $200 mil millones para asistir a los afectados de manera “directa y sin intermediarios”. El anuncio no dejó de tener ingredientes políticos: sirvió para reivindicar el “equilibrio fiscal” que permitió la disponibilidad de recursos, y para acusar a Axel Kicillof de hacer un uso electoralista de la tragedia. El gobernador había pedido que parte de la nueva deuda con el FMI se invierta en la reconstrucción de Bahía Blanca.
El nuevo programa con el Fondo fue autorizado por DNU, aunque no se conoce su contenido pero sí su finalidad: el pago de la deuda del Tesoro con el Banco Central. Se conjetura que todavía está en discusión el esquema cambiario que incluirá el programa. El economista Ricardo Arriazu, defensor del modelo de Milei, estimó que incorporará un sistema de flotación entre bandas, con máximos y mínimos para su intervención, como se fijó durante el gobierno de Macri. Arriazu también arriesgó que hay diferencias de criterios entre Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a cuál debe ser el esquema cambiario. Las apreciaciones que el economista hizo en el Jockey Club habrían motivado la volatilidad en la rueda del viernes, cuando el BCRA vendió US$474 millones en el mercado, la cifra más alta en lo que va del año, y se disparó la demanda de dólar futuro, ante la expectativa de una devaluación mayor al 1% mensual que fijó el Gobierno.
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