ROSARIO. Tal lo viene informando Urgente24, una estructura de desvío millonario de fondos públicos, articulada desde el interior de la Policía de Santa Fe, quedó expuesta en el Centro de Justicia Penal. Los involucrados fueron enviados a prisión preventiva por seis meses, acusados de desviar fondos públicos destinados al combustible de patrulleros en la ciudad.
CAJA NEGRA DEL COMBUSTIBLE
Rosario expuesta en una de las maniobras defraudatorias más graves en lo que va del año
Trece policías y cuatro civiles de Rosario quedaron presos por seis meses tras estar involucrados en delitos de corrupción. La responsabilidad no termina allí.
Se trata de trece policías y cuatro civiles vinculados a una estación de servicio, en el marco de una investigación que reveló sobrefacturación, simulación de cargas de combustible y entrega de dinero en efectivo. La maniobra, que habría causado un perjuicio mensual de 45 millones de pesos al Estado provincial, fue descubierta tras una denuncia anónima recibida en julio de 2024.
La decisión fue tomada por el juez provincial, Gustavo Pérez Urrechu, tras la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal que inició el martes.
Malversación de fondos para combustibles
La causa se centra en el presunto uso fraudulento de tarjetas destinadas al abastecimiento de móviles policiales entre agosto de 2023 y mayo de 2024. Según la fiscalía, el sistema consistía en cargar combustible a patrulleros fuera de servicio, sin GPS o incluso inmovilizados, y simular consumos diarios que luego se facturaban al Estado santafesino. En muchos casos, los registros superaban los litros que los vehículos podían almacenar.
La maniobra tenía su epicentro en una estación de servicio (Puma) donde también se habrían entregado dádivas en efectivo a los funcionarios implicados. Allí se descubrieron planillas adulteradas, documentación irregular y registros de entregas de dinero, además de un hallazgo llamativo: más de 300 tarjetas "Visa Flota" y un posnet de la petrolera en la casa de uno de los policías imputados.
Se detectaron vehículos fuera de servicio que registraban consumos diarios de combustible. Un patrullero del Comando Radioeléctrico, por ejemplo, facturó 170 litros más de lo necesario para su recorrido.
El principal acusado es el comisario Gerardo Ramírez, jefe de distribución de combustible de la Unidad Regional II, acompañado por altos mandos de distintas divisiones: Orden Urbano, Secretaría Privada, Caballería, Perros, Logística, Infantería, PDI, Motorizada y Comando Radioeléctrico.
Del lado civil, se imputó a directivos y empleados de la firma Gas Auto Tiferno S.A., operadora de la estación. Tres de ellos quedaron detenidos, mientras que una empleada administrativa fue liberada con restricciones: firma quincenal ante el Organismo de Gestión Judicial, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con los demás imputados en la presente causa y constitución de domicilio.
Corrupción policial
El caso se apoya en múltiples pruebas: escuchas telefónicas, documentos secuestrados, fotografías y los propios registros internos de consumo. Una de las evidencias clave surgió con la incorporación de GPS a coches fuera de servicio a fines de 2024: demostraron que nunca se movieron del predio policial, pero aparecían en sistema con cargas ficticias por más de $250.000.
La defensa de los acusados argumentó que las prácticas cuestionadas eran comunes debido a la falta de recursos y la necesidad de mantener operativos los patrulleros. Sin embargo, la fiscalía sostiene que se trató de un esquema sistemático de corrupción que permitió el desvío de fondos públicos.
A su vez, no descarta que haya más jerárquicos involucrados. La magnitud del desfalco y la cantidad de personas implicadas hacen de este caso una de las investigaciones por corrupción institucional más relevantes en Rosario en los últimos años.
El diputado provincial, Carlos del Frade, habló en el programa de streaming, Democráticamente, y brindó su panorama el cual alerta sobre la situación.
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