Corrupción policial en Rosario: El negocio de algunos vivos

Caja negra.

ROSARIO. Este martes (13/05), trece policías y cuatro civiles de la ciudad serán imputados por delitos de corrupción vinculados a un millonario fraude en la carga de combustible de patrulleros. La investigación, encabezada por el fiscal de Violencia Institucional, Luis María Caterina, estima que la estafa generaba un perjuicio mensual de 45 millones de pesos al Estado provincial.

Malversación de fondos para combustibles

Todo comenzó a mediados de 2024 a partir de una denuncia anónima enviada por correo postal al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Desde entonces, se desplegó una investigación que derivó en 36 allanamientos simultáneos realizados el pasado lunes, tras los cuales fueron detenidas los individuos que hoy se sentarán ante el juez, Gustavo Pérez de Urrechu.

De acuerdo al MPA, la maniobra consistía en simular cargas de combustible utilizando tarjetas Visa Flota oficiales. En lugar de registrar únicamente lo efectivamente cargado en los móviles, los responsables de las unidades operativas realizaban pagos por montos superiores, en algunos casos sin que los vehículos siquiera estuvieras presentes, para luego dividir el excedente con responsables de, al menos, una estación de servicio involucrada en el esquema.

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Una denuncia anónima derivó en una megacausa judicial que sacude a la cúpula policial de Rosario.

Entre los uniformados implicados figuran altos mandos de distintas áreas de la Jefatura de la Unidad Regional II: desde jefes de Perros, Caballería y Secretaría Privada, hasta personal logístico y de brigadas especiales.

A su vez, inspectores, comisarios, subinspectores y empleados administrativos, se encuentran entre los acusados, a quienes se les imputarán delitos como fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento y lavado de activos.

Asimismo, serán imputados cuatro civiles relacionados a una estación de servicios (Puma) que se encuentra actualmente clausurada a través de la firma Gas Auto Tiferno. Se trata de personas que habrían facilitado las operaciones irregulares a través de sus sistemas de facturación y cobro electrónico.

Por su parte, el caso también tuvo consecuencias en la cúpula policial. Si bien no se encuentra entre los acusados, vale remarcar que el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, fue removido de su cargo en medio de la causa, y la regional fue intervenida por el Ministerio de Seguridad santafesino.

Si bien fue separado, junto con Mariano Govi, el ministro de la cartera provincial, Pablo Cococcioni, aclaró que no fueron aprehendidos.

"Quedaron desplazados por efecto mismo de esta intervención". "Quedaron desplazados por efecto mismo de esta intervención".

Sobre esa línea, valoró el incremento del patrullaje y la operatividad asegurando con firmeza que desde el gobierno provincial no se permitirá "que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad".

Corrupción policial: Martes clave

En ese marco, la audiencia de imputación está prevista desde las 8 en el Centro de Justicia Penal, aunque no se descarta que se extienda hasta el miércoles para permitir la exposición de las defensas. De hecho, el juzgado ya habilitó una segunda jornada para que los abogados presenten sus estrategias y, eventualmente, se debatan medidas cautelares.

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El Centro de Justicia Penal será el escenario donde se revelarán las maniobras de agentes y civiles involucrados.

Entre los policías que serán imputados se encuentran el subcomisario Fabián Darío F., jefe de Perros y Caballería; el comisario inspector Rodrigo Sebastián D., jefe de Secretaría Privada; el comisario supervisor Gerardo R., a cargo del Garaje y distribución de combustible; así como personal del Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada, Infantería y el Grupo Táctico Multipropósito.

Además, tres personas que habían sido detenidas durante los operativos, dos efectivos y una empleada de Talleres Mecánicos, fueron liberadas el fin de semana luego de un análisis preliminar de las pruebas. Al respecto, la Fiscalía evaluará si son imputadas en libertad o si situación queda desestimada.

En tanto, el gobierno provincial considera este caso como uno de los hechos de corrupción más graves detectados en la fuerza en los últimos años. No sólo por la magnitud del perjuicio económico estimado, sino por el nivel de responsabilidad de los involucrados y la red de complicidades que permitió que el mecanismo funcionara durante meses sin ser detectado.