Santa Fe. El Gobierno de Maximiliano Pullaro respondió este martes (1/10) el amparo judicial que presentó el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) de San Carlos, que busca frenar la reforma previsional aprobada semanas atrás y es ley en la provincia. Mañana, el Ejecutivo contestará la demanda de Somos Vida, impulsada por la diputada Amalia Granata.
BUSCAN LA INCONSTITUCIONALIDAD
Reforma previsional: Santa Fe le respondió a Amalia Granata y a un gremio
El Gobierno de Santa Fe respondió este martes los amparos judiciales de Sitram y del bloque de Amalia Granata, que buscan frenar la reforma previsional.
Las dos acciones judiciales, a las cuales hoy se les sumó una de Amsafé (gremio de los docentes públicos de Santa Fe), reclaman que el procedimiento de la votación realizada el 12 de septiembre en la Cámara de Diputados estuvo viciado. Esta teoría se argumenta en que el diputado Pablo Farías pidió una moción de orden para interrumpir el debate y pasar a la votación de la ley por los disturbios que se producían afuera del recinto.
El amparo de Sitram fue aceptado por el juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, Iván Di Chiazza y hoy era la fecha límite para responder. Mientras que la demanda de Somos Vida quedó en manos de la jueza Civil y Comercial N.º 10, Romina Kilgelmann, y será contestada mañana por el Gobierno.
En la respuesta a Sitram, la Fiscalía de Estado rechazó que el procedimiento mediante el cual se realizó la votación haya estado viciado. El órgano provincial, a cargo de Domingo Rondina, argumentó que los demandantes buscan que la Justicia les otorgue lo que no pudieron conseguir en la política.
El texto de la Fiscalía explica que “lo que los actores pretenden es la revisión de un acto del poder político no susceptible de revisión judicial”, porque "el control de constitucionalidad se limita al contenido de la ley, no al procedimiento que llevó a su aprobación". Además, la defensa negó la moción de orden formulada por Farías "no hubiera alcanzado los dos tercios de los votos emitidos”.
Una vez que la ley se aprobó, la sesión pasó a un cuarto intermedio, luego del cual se ratificaron los votos y se aclararon los que quedaron confusos. Por este motivo, desde la Provincia argumentaron: "Podemos agregar que sean las mismas abstenciones o votos negativos como manifestaron, no alcanza a igualar y mucho menos superar a los votos afirmativos que condujeron a la aprobación de la ley".
Además, en torno a la naturaleza de la moción en discusión, “era una de cierre de debate, más allá de los términos que, por el nerviosismo, hubiera empleado al solicitarla el diputado”. La moción de orden de cierre de debate se vota sin precederle una breve discusión, mientras que la explicitada en el inciso 10º, que plantea la oposición, sí lo requiere.
En la defensa jurídica, la fiscalía sostiene que el argumento del sindicato sobre “perjuicios personales en forma genérica y abstracta” no configura legitimación alguna para pedir que la medida sea expansiva, ya que abarcaría no solo a sus afiliados sino a todos los activos y pasivos de la Caja de Jubilaciones. Por lo tanto, el recurso excede a la representación sindical.
La respuesta al bloque de Amalia Granata
En cuanto a la respuesta que emitirá al bloque de Granata, la Fiscalía sostiene: “Al referir expresamente a que 'una ley cuya votación fue una vergüenza institucional no puede entrar en vigencia', ponen con total evidencia la real voluntad de los mismos, que radica en su disconformidad con el resultado de la votación, aspecto que de ningún modo puede ser susceptible de revisión judicial”.
La Provincia indicó que el planteo del bloque Somos Vida constituye una “falacia para enmascarar la real pretensión” consistente en otorgarle otro efecto a una sentencia judicial. “Un posible mal uso del Reglamento interno no habilita a obtener judicialmente resultados de raigambre político que, dentro de la órbita que se desempeñan, no pudieron lograr”, razona la Fiscalía.
Entre los argumentos, el órgano explica que el bloque de Granata tenía a su alcance otras herramientas para frenar la votación de la reforma previsional, que se encuentran descritas en el reglamento, como “retirarse del recinto y no dar quórum parlamentario”. En cambio, en medio de la agitación por los incidentes y la votación, Granata bajó hasta el estrado de la presidenta de Diputados, Clara García, a quien le reclamó que la votación no correspondía.
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