Empleados del Servicio Penitenciario de Santa Fe serán imputados por torturas

Las denuncias fueron presentadas en el MPA el 7 y el 14 de marzo por Estrella Moreno Robinson, titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, por hechos ocurridos a fines de febrero y principios de marzo. Las torturas investigadas en marzo ocurrieron horas después de que dos colectivos que trasladaban penitenciarios a Piñero sean baleados el 2 de marzo de 2024 a la altura de barrio Rucci de Rosario.

Ese ataque, que dejó a un hombre herido en la cabeza, fue una respuesta al Gobierno de Santa Fe, que días antes difundió imágenes de una requisa en la cárcel al estilo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, las cuales tuvieron alto impacto en la opinión pública y en los medios de comunicación de todo el país.

Según los hábeas corpus, luego del ataque a los colectivos, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (Goep) y la Unidad de Traslado de detenidos realizaron violentas requisas en los pabellones 7 y 8 de la cárcel de Piñero, ubicada a solo 14 kilómetros de Rosario. Los agentes le aplicaron a 154 detenidos torturas como submarino seco, puñetazos, patadas, palazos y picana eléctrica.

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La denuncia fue realizada por el Servicio de la Defensa Penal y abogados particulares, quienes recogieron testimonios y evidencias sobre los sucesos. Darío Santa Cruz, Roberto Romero Martínez, Franco Sandoval, Brian Montes, Leonardo Portillo y Carlos Martín Jerez, son los empleados penitenciarios citados a la audiencia imputativa que se realizará este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal fue rechazado por el juez de primera instancia Rafael Coria y luego por la camarista Carina Lurati que, sin embargo, exigió tareas de cuidado al Poder Ejecutivo, en especial relación a los presos bajo medida de aislamiento. En esa ocasión, Lurati explicó que no descartó las denuncias por tortura que investigaba el MPA, que es lo que justamente avanzará desde este lunes con imputaciones.

"Los médicos del Instituto Médico Legal fueron al penal, revisaron a todas las personas y constataron lesiones de todo tipo en 154 de ellas. Pedimos que a partir de eso se tratara el tema de las requisas, sobre todo cómo deben ser las mismas. Pero el juez, a pesar de las heridas constatadas, se negó a tratar el tema. El juez solo trató el aislamiento y definió que se hizo bien en aislarlos", dijo en su momento sobre el planteo del juez Coria la defensora general de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson.

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