Mediante la Resolución 49/2025, publicada hoy en el 'Boletín Oficial' y firmada por el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Juan Pablo Allan, se eliminó la exigencia de contar con habilitaciones municipales e inscripciones específicas ante el organismo para una amplia gama de usuarios comerciales e industriales del sector de armas.
RESOLUCIÓN 49/2025
Nueva desregulación elimina requisitos para armas y avanza la "reutilización"
La dispersa carga regulatoria en un sector, según el Gobierno, entorpece el funcionamiento de los actores vinculados al mercado legal de armas.
Esta desregulación del Gobierno de Javier Milei es significativa en los requisitos que deben cumplir comerciantes, talleres y fábricas de armas y municiones.
La normativa beneficiará a pequeños productores y comerciantes, entre ellos:
- Distribuidores mayoristas y minoristas,
- Talleres de reparación de armas,
- Fábricas de armas artesanales (hasta 1.200 unidades anuales),
- Fábricas de municiones y componentes,
- Depósitos de armas y municiones,
- Entidades de tiro con instalaciones propias.
Pero el cambio también alcanza a talleres de recarga de municiones y plantas de destrucción de materiales especiales, como los utilizados en vehículos blindados.
La resolución del Gobierno
Según el texto publicado hoy, la medida apunta a reducir la carga regulatoria en un sector con fuerte dispersión normativa:
Sin embargo, la resolución aclara que los usuarios beneficiados por esta flexibilización seguirán obligados a cumplir con las condiciones de seguridad establecidas por la legislación vigente para el almacenamiento y la guarda de materiales controlados.
"Contar o no con la habilitación de ANMAC no exime a los comerciantes del cumplimiento de las normativas nacionales, provinciales o municipales que rijan su actividad", advierte el texto.
Armas decomisadas y su reutilización
Además, la ANMAC también avanzó con otra medida clave: la reutilización de armas decomisadas por parte de las fuerzas de seguridad federales.
El armamento incautado permanecerá bajo resguardo del organismo hasta que el Ministerio de Seguridad defina su destino, tal como establece el DNU firmado por Javier Milei.
En caso de sentencias firmes, ANMAC podrá determinar si las armas serán destruidas o reasignadas con fines de interés público, pero solo podrán ser utilizadas por las fuerzas policiales o de seguridad federales.
La decisión, argumentan, es para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar los recursos estatales.
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