Un tema que ya había sido impulsado por La Libertad Avanza bajo el liderazgo del presidente Javier Milei vuelve al centro del debate. Esta vez, con la presentación de un proyecto de ley que propone eliminar el régimen previsional especial que beneficia a expresidentes, exvicepresidentes y otros altos funcionarios del Estado. Es decir, las conocidas jubilaciones de privilegio.
PROYECTO
Jubilaciones de privilegio: Insisten con sacarle el beneficio a presidentes, vices y jueces
Presentaron un proyecto en el Congreso Nacional que impulsa la derogación de las jubilaciones de privilegio para expresidentes y funcionarios.
En línea con los reclamos de austeridad y equidad que atraviesan el debate público, el diputado nacional Gerardo Milman propuso derogar los artículos 1° al 6° de la Ley N.º 24.018, norma que desde 1991 otorga asignaciones vitalicias a quienes hayan ocupado cargos como presidente, vicepresidente o juez de la Corte Suprema, entre otros.
El proyecto lleva por nombre “Fin del Sistema Jubilatorio de Castas” y apunta a eliminar lo que considera un “privilegio inmoral e incompatible con los principios republicanos”.
Fin a las jubilaciones de privilegio
“El régimen actual permite que expresidentes perciban sumas que hoy superan los seis millones de pesos mensuales, sin haber cumplido los requisitos que se exigen a cualquier ciudadano común para jubilarse”, sostuvo Milman. El legislador remarcó que estas jubilaciones especiales no requieren una edad mínima ni aportes equivalentes a los que exige el régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y que esto genera una brecha simbólica y material difícil de justificar en el actual contexto económico.
Según cifras citadas en los fundamentos del proyecto, al menos 13 expresidentes y exvicepresidentes han accedido a este beneficio previsional, lo que representa un gasto fiscal “financieramente injustificable” en un país con un sistema previsional deficitario.
El déficit estructural del sistema jubilatorio ronda entre el 2% y el 3% del PBI, en un marco de alta informalidad laboral, baja densidad de aportes y haberes mínimos que percibe el 65% de los jubilados.
“Cada peso destinado a jubilaciones de privilegio es un acto de injusticia redistributiva”, remarcó Milman.
Eliminar beneficios, restituir principios
El proyecto establece que quienes hayan ocupado los cargos mencionados deberán jubilarse bajo las condiciones del régimen general: cumplir con la edad, los años de servicio y los aportes requeridos. Aquellos que ya perciben la asignación especial podrán continuar haciéndolo hasta su fallecimiento, pero el beneficio quedará intransferible y no podrá ser otorgado a nuevos beneficiarios.
Además, se prohíbe expresamente que el Poder Ejecutivo restablezca estos beneficios por decreto o resolución. Solo el Congreso podrá, por ley, introducir nuevas disposiciones de esta índole. También se obliga a la ANSES y a la Secretaría de Seguridad Social a publicar en 90 días un informe detallado sobre los beneficios actuales y el costo fiscal asociado.
Para Milman, esta iniciativa no surge desde el resentimiento sino desde una convicción institucional: “Gobernar no puede ser una vía hacia el privilegio. El liderazgo político debe implicar responsabilidad, no recompensa vitalicia”, señaló. Y concluyó: “Eliminar estas jubilaciones no solo aliviará el gasto público, sino que enviará un mensaje claro: que la ley es pareja para todos y que el tiempo de los privilegios terminó”.
El proyecto completo a continuación:
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