Córdoba se pregunta si Patricia Bullrich tiene dinero para bajar la edad de imputabilidad

Bajaría la edad de imputabilidad.

CÓRDOBA. Los diputados de Córdoba del bloque Encuentro Federal cuestionaron ayer el financiamiento para el proyecto de ley que impulsa Patricia Bullrich para bajar la edad de imputabilidad. La medida, que busca reducir de 16 a 14 años la punibilidad ante una creciente ola de delitos, obtuvo dictamen de comisiones y quedó lista para ser tratada en el recinto.

En ese orden, los legisladores cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora aprovecharon para señalar que el proyecto impulsado por el oficialismo no incluyó mayores detalles sobre el destino de recursos para adecuar el sistema penitenciario. El señalamiento llegó de diputados cordobeses como Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres, Juan Brügge y el ex PRO Oscar Agost Carreño.

Si bien algunos de esos diputados estarían de acuerdo con el avance de una modificación de las condiciones penales juveniles actuales, la duda que se instaló es si el cambio penitenciario caerá nuevamente en las arcas de cada provincia. Algo que podría implicar el colapso carcelario en jurisdicciones como las de Córdoba, donde las instalaciones penales están al límite de sus capacidades y hay obras de ampliación pero que no contemplan un nuevo universo de reclusos carcelarios menores de edad.

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Córdoba y el presupuesto para alojar menores en las cárceles.

Córdoba reclama más cárceles

Al respecto, los congresistas cordobeses recordaron durante el debate de comisiones que la provincia mediterránea mantiene y aloja actualmente a presos federales. Se trata de reclusos que deberían ser contenidos por Nación pero que, a falta de instalaciones destinadas a tal fin en la provincia, están bajo cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba.

“Somos las provincias las que, en los delitos cuyos autores son jóvenes, tenemos competencia con las justicias provinciales. Ahí necesitamos recursos. En Córdoba trabajamos muy fuerte con el tema de la seguridad; hoy estamos atendiendo a condenados por delitos federales en nuestras cárceles provinciales. Debemos prever que cuando entre en vigencia esta ley, las provincias, CABA y el Estado Nacional tengan los recursos”, reclamó la diputada Torres. “Somos las provincias las que, en los delitos cuyos autores son jóvenes, tenemos competencia con las justicias provinciales. Ahí necesitamos recursos. En Córdoba trabajamos muy fuerte con el tema de la seguridad; hoy estamos atendiendo a condenados por delitos federales en nuestras cárceles provinciales. Debemos prever que cuando entre en vigencia esta ley, las provincias, CABA y el Estado Nacional tengan los recursos”, reclamó la diputada Torres.

Según el proyecto de Bullrich, las erogaciones extra que demande el nuevo marco penal juvenil serán contempladas año tras año en el Presupuesto. Algo que no resulta garantía para las provincias y menos aún para Córdoba, que tuvo que salir a “tapar” varios vacíos presupuestarios que la Casa Rosada dejó a partir de su política de “motosierra”.

En simultáneo, otros espacios políticos señalaron que no se puede avanzar en la implementación de la nueva ley hasta tanto no haya infraestructura para separar a los futuros presos menores de edad de los mayores. El proyecto prevé entrar en vigencia 180 días después de su sanción.

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Los menores son protagonistas del delito.

Qué dice el proyecto de Patricia Bullrich

Se trata de una ley que busca reducir la edad de imputabilidad, llevándola de los 16 actuales a los 14 años. De esa manera, el Gobierno nacional entiende que se reducirá la propensión de los menores a cometer delitos graves, de los cuales actualmente son los principales protagonistas.

La propuesta contempla que los menores condenados no ingresen directamente al circuito carcelario común sino a instituciones diseñadas para albergarlos. Además, deberán ser supervisados por personal especializado para trabajar en una recuperación.

Otro detalle que contempla el proyecto es que las condenas menores a 10 años puedan ser cumplidas bajo un régimen flexible. También propone reducir las penas máximas de 20 a 15 años de prisión.

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Bajar la edad de imputabilidad a 14 años no solucionará el problema de la inseguridad. Hay que llegar antes, con educación y oportunidades reales. Reinsertar y resociabilizar a niños y adolescentes debe ser nuestro objetivo. Proyectos de vida en lugar de penas más severas.
— Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) May 6, 2025