Celdas desbordadas: Córdoba adhirió a la emergencia penitenciaria de Bullrich

Córdoba intenta contener el desborde en la cárcel.

CÓRDOBA. Finalmente, el Gobierno de Córdoba logró adherir a la emergencia penitenciaria que Patricia Bullrich declaró a nivel nacional durante 2024. La medida, que fue aprobada en la Legislatura, llega para prevenir un posible desborde en el ámbito carcelario provincial, donde las instalaciones se encuentran bajo estrés máximo por el aumento del delito.

En ese orden, el oficialismo cordobés buscó una herramienta para intervenir la situación desde dos ángulos. El primero, económico, con luz verde para el Ministerio de Economía a la hora de ampliar presupuestos y aportes a tal fin, y el segundo judicial, dotando al Ministerio de Justicia de capacidad de intervenir las instalaciones penales y ordenar acciones concretas.

De esa manera, el Gobierno provincial tomó control directo sobre el sistema penitenciario, que antes estaba mediado por otras instituciones, cuestión que demoraba la velocidad de acción. Ahora, con el Servicio Penitenciario intervenido por actos de corrupción, el Centro Cívico pretende ajustar al máximo las variables que llevaron a las cárceles cordobesas a una situación extrema.

Naturalmente, el avance del proyecto generó críticas en la oposición, donde se señaló “un cheque en blanco” para el Gobierno provincial. Algo previsible teniendo en cuenta que la gestión de seguridad es uno de los puntos más criticados por parte del ala opositora y uno de los más cuestionados por el electorado local.

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Un preso cambió de género, violó y embarazó a otra reclusa en el pabellón femenino.

Córdoba le reclama a Nación

Más allá de las maniobras de contención que pueda desplegar la provincia, en el oficialismo cordobés remarcaron la necesidad de que Nación tome responsabilidad directa por los presos federales. Se trata de convictos condenados por delitos del fuero federal pero que son resguardados y mantenidos con recursos locales, lo que le quita capacidad al SPC de atender reclusos propios.

Ese reclamo podría ser trasladado al Congreso con un proyecto para la construcción de una instalación federal en Córdoba, lo que descomprimiría sustancialmente la situación actual. Sin embargo, parece poco probable que la Casa Rosada ponga en el radar la posibilidad de activar obra pública, aún cuando se trate de una destinada a la gestión de seguridad y que bien podría ir de la mano con el discurso de “mano dura” que repite Patricia Bullrich.

Además de la obra, Córdoba reclama que Nación se ponga al día con la deuda de mantenimiento penitenciario. Se trata del dinero que destina la provincia a mantener a los presos federales, cifra que actualmente superaría los 24.000 pesos diarios por recluso.

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El CEMAX en Córdoba.

Córdoba y una nueva cárcel

Por otra parte, Córdoba anunció hace pocos días la creación del CEMAX, la cárcel de máxima seguridad que está en construcción dentro del área del penal de Bouwer. Con un desembolso de más de 109.000 millones de pesos, estará destinada a delincuentes condenados de alto perfil, como narcotraficantes, sicarios y otros involucrados en delitos violentos.

Todo ello en un predio de más de 118.000 metros cuadrados donde se desplegarán medidas de alta seguridad. Contará con la aplicación de controles restrictivos de ingreso y egreso, barreras múltiples, un grupo táctico especial destinado a la cárcel, escáneres de vehículos y personales, inhibidores de señal y drones, limitación de ingreso de mercadería, entre otras.