CÓRDOBA. La cárcel de Bouwer en Córdoba amaneció en medio de un escándalo policial, político y judicial tras darse a conocer la imputación de varios funcionarios penales por una presunta asociación ilícita dentro de las instalaciones de máxima seguridad. Por orden del fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de Córdoba, Enrique Gavier, cayeron detenidos el subdirector Sergio Alejandro Guzmán, el contratado desde el año 2015 en la Subsecretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de Gobierno y Seguridad Ramón Salas (particular con conexiones políticas) y el abogado penalista Alfredo Ciocca.
CORRUPCIÓN
Córdoba: Escándalo policial en cárcel de máxima seguridad
En Córdoba se destapó un escándalo en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer. Se cae parte de la cúpula directiva.
La magnitud de la noticia sobre el establecimiento penitenciario más importante de la provincia sacudió varias escalas de la política provincial e incluso generó un sismo en la cúpula de Seguridad. Además, se libraron allanamientos en las instalaciones de Bouwer en busca de pruebas.
La investigación correría en torno a irregularidades en el régimen de alojamiento de internos, particularmente con el uso ilegal de celulares y su utilización para realizar estafas desde el penal. Todo habría comenzado en 2021, con la detención de un guardia cárcel que intentó ingresar dos teléfonos celulares a las facilidades.
Además, la Justicia presume que algunos funcionarios penitenciarios habrían sacado ventaja de sus cargos para pedirle dinero a los internos a cambio de informes favorables sobre su evolución dentro del penal. Así mismo, se le facilitaban a ciertos internos beneficios como los teléfonos, elementos tecnológicos y otros privilegios a cambio de dólares, una suerte de “kiosco” penal.
Con el problema destapado, también llegaron las implicancias políticas. Además del despido de Salas del Ministerio de Seguridad, la oposición provincial salió a pedir la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, quien está en el cargo desde hace 15 años.
Según indicó el fiscal, la investigación se encuentra en las primeras etapas de la evolución tras una denuncia del propio Sistema Penitenciario de Córdoba. Sin embargo, en Córdoba dilucidan que podrían quedar “pegados” muchos funcionarios, en algunos casos políticos, dentro del escándalo.
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