Aunque haya sido eliminada la tasa mínima de referencia cuando estaba en 60%, ninguna actividad lícita de la economía real en Argentina logra ajustar en más, como lo hacen las colocaciones bancarias asociadas al financiamiento del Estado o lo hicieron los sismos cambiarios en plena corrida desde mayo.
Grandes empresas formadoras de precios con acceso al crédito externo vuelcan los excedentes de liquidez que consiguen gracias a sus posiciones dominantes en los respectivos mercados en Lebacs, o sus sustitutos Leliq, Lecap, Lete, y los bicicletean en plazos cortos para embolsar la diferencia.
La posición de director financiero de una Ternium-Tenaris, Cargill, Aceitera General Deheza, Nidera, Quilmes, Arcor, P&G, Aluar, Unilever, Molinos, Dow, Telecom-Cablevisión, Nestlé, Bayer, y siguen las firmas hasta llegar a no más de un millar, puede actualmente ser más significativa para una organización, que la de las mayoría, condenadas a lidiar en inferioridad con el deprimido consumo interno, la exportación y la producción de planta, ya que la inflación gobierna los grandes números, beneficiando a aquellos con espaldas para soportarla.
El director ejecutivo de la AFIP, un hombre del palo como Leandro Cuccioli, está más que conforme con la cobranza fiscal en este segmento privilegiado del rumbo económico, si así puede llamárselo, ya que, en gran parte, le salvan las papas al movimiento de cada uno de estos recesivos meses en el IVA, el gravamen a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque), la seguridad social pero, fundamentalmente, con la contribución adicional que hacen para ganancias aunque por default, gracias a que en ninguna de las reformas tributarias que anduvieron por el Congreso en los últimos 10 años se les permitió deducir la inflación en los balances, de modo que lo tributan por lo nominal.
El cálculo financiero casi de almacenero en la intimidad de los sectores menos expuestos al parate económico consiste en aprovechar el plin caja y la conexión crediticia con el exterior (donde consiguen fondos abajo del 10% anual en dólares), para tener al día los sueldos, al fisco, y lo que queda, como los insumos y otros costos implícitos en el giro comercial. Así, meten todos estos ingredientes en una rueda en la cual se privilegia en los plazos a los proveedores con mayor capacidad de apriete, en un degradé que va dejando para lo último a los eslabones más débiles de la cadena.
A una tasa del 60% (10 puntos por encima del ritmo que traen las alzas en los precios generales), los spreads (ganancias) se amasan con la diferencia entre lo que se difiere a favor y en contra: cobrar a 30, 60 y 90 días, versus pagar a 90, 120, 180, o más.
Entre nos, editores de publicaciones periodísticas se quejan de que muchos de sus anunciantes les mantuvieron la pauta publicitaria con tratamiento de dádiva, a condición de que la orden de pago sea a partir de 180 días, y llegado ese momento, entregan cheques diferidos por otros 60 y 90 más.
La modalidad la repiten (aunque encojan los plazos según las circunstancias) con el resto de los proveedores, muchos de ellos Pymes que para financiarse tienen que salir a descontar facturas o cheques a tasas del 70% para arriba. Y hasta 120% si tienen que acudir a la capucha.
Al final del día, el cash flow real de estos grandes jugadores, entre las remarcaciones que cada músculo se banque, lo que hayan logrado pellizcarle a la nómina salarial (-12% a octubre tomando los convenios) y los réditos del pedaleo de cobranzas y pagos en los que prevalece su fuerza, compensa de algún modo la retromarcha a la que condena la mala praxis de la Administración Macri.
La relación de fuerzas y a quiénes favorece queda abiertamente expuesta en los datos regionales sobre distribución del ingreso que difunden los organismos internacionales: en América Latina y el Caribe el 10% más rico concentra el 68% de la riqueza, mientras el 50% más pobre sólo accede al 3,55%. A su vez, el 1% más rico concentra el 37% de la riqueza, superando el 33% que tenía a comienzos de este siglo.
La lógica contable de un modelo de gestión inflacionario como el actual, basado en que la tasa de interés le saque media vuelta de ventaja al resto de los factores económicos, consiste en reciclar a futuro situaciones pasadas: afrontar la incertidumbre de lo que viene con ingresos esterilizados ya conocidos.
La AFIP presume metas de cobranza en gravámenes al consumo o a las rentas que toman en cuenta una actividad que tenía, aunque moderados, signos positivos y las usa para emprender pesquisas informáticas que recaen siempre sobre los mismos actores, nada más que por figurar (lo que se dice cazar en el zoológico), sin admitir que todos los vectores apuntan para abajo. O al menos así era hasta que, igual que se hizo con los tarifazos a los servicios públicos, reconvierten la exacción en planes de cuotas.
Cuccioli explicó en la última rueda de prensa del 3 de diciembre que la plataforma creada para los morosos ya cubrió 130 mil planes permanentes y 40 mil puentes.
En la agencia fiscal, como en las grandes empresas, la estrategia financiera ha ganado lugar, a tal punto que conviven con la estrategia de cobranza el sinceramiento prorrateado a 5 años y el plan puente original más los nuevos que se lanzaron en mayo cuando la actividad empezó a mostrar signos de debilidad: hay vigentes 6 de 8 cuotas y después apareció otro para deudas vencidas en 48 mensualidades, porque (como sucede con el revolving de las tarjetas de crédito: pagar el 5% y aplazar el saldo a más del 70% anual) se percataron de que la refinanciación corta sólo era aplicable a pagarse a sí misma y requería de un plazo mayor para ir cancelando la deuda original.
AFIP acompaña con esas facilidades los concursos preventivos, los acuerdos particulares de partes o, en todo caso, amenaza al moroso o incobrable con embargos, pedidos de intervención o quiebra cuando son empresas, hasta convertirlo en deudor quirografario.
Voracidad recaudadora
La política recaudadora de Cambiemos se repite en las relaciones territoriales, a punto tal que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires revaluó los inmuebles urbanos el año pasado elevándolos en muchos casos el 1000%, con lo que la base imponible llegó a superar los precios de venta reales.
Para los propietarios que sufrieron un incremento de esa magnitud hasta hubiera sido conveniente una figurada entrega de las llaves a la gobernación de María Eugenia Vidal a cambio de que les fuera reconocida la valuación fiscal como precio para desprenderse de esos ladrillos, ya que el año transcurrido, uno de los peores que se recuerden en la compraventa inmobiliaria, no le daría la solución de liquidez como para afrontar un nivel de impuesto como el establecido.
La administración bonaerense también sacó, al igual que otras provincias, los planes de pagos, como la AFIP y los municipios, además de las distribuidoras de luz, gas y agua, con lo cual a los ciudadanos a los que les va mal (la gran mayoría, sin duda) les irá peor cuando se les sumen las cuotas de todas esas refinanciaciones y ocupen un porcentaje de su presupuesto equiparable al que ya se come su devenir habitual de usuario o contribuyente.
Si las cuentas ya llegan mensualmente en total el 38% de los ingresos, como estiman las asociaciones de consumidores, ¿qué margen quedaría para agregar planes de pagos por todo lo mismo que ya así cuesta afrontar, pero además vencido, de meses ya transcurridos?
De todos modos, la gobernadora bonaerense ha sido condescendiente y otorga una instancia más a quienes no cumplieron con la carga fiscal multiplicada: amenaza a deudores con apremio/embargo de cuenta a través de un apoderado fiscal llamado Pablo Carrique.
Aunque haya sido para ensalzar su gestión, el titular de AFIP construyó entre 3 párrafos un diagnóstico realista: en un contexto de debilidad económica, la fiscalización hecha en las cadenas de valor, “el salir a buscar al contribuyente que no está contribuyendo lo que debería” (sin hacer mención a sí podía o no), evitaron un paso lógico a la marginalidad, a la informalidad, y se llega hasta un punto en que los contribuyentes hacen uso de los planes de pago, lo cual “da una idea de que hay ciertos contribuyentes que queriendo cumplir no pueden y ese es el escenario en el que estamos”, podría sintetizarse.
En otras palabras, a la gran mayoría del poco más del 50% de la población en blanco que, como consecuencia de la política aplicada desde la cima del poder, le ha ido mal con los ingresos e inclusive se quedó con menos o sin trabajo, la Presidencia de Mauricio Macri, junto a casi todos los gobernadores, le redobló la presión impositiva y la compele a endeudarse, llegado el caso, si demuestra voluntad de tributar.
Si pueden o no cumplir con los planes tendrá su primer test en febrero, sostuvo Cuccioli, cuando llegue el IVA declarado en diciembre a las arcas recaudatorias y así saber cómo le fue al consumo (actividad más salarios) en la temporada de Navidad y Fiestas.
La siguiente referencia que mencionó estaría disponible de verificar recién en el 2do trimestre si, como espera el gobierno, se concreta la recuperación de la economía, de la mano de la cosecha, y si cede la inflación.
Cosas veredes, Sancho, como diría El Quijote de Miguel de Cervantes.