Vialidad: Casación ordenó decomisar propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó las objeciones y planteos de Cristina Kirchner (CFK), Lázaro Báez y otros, y confirmó el decomiso de 111 bienes en el marco de la condena por corrupción en la causa Vialidad.

En una primera etapa, a Cristina Kirchner (y sus hijos) le quitarán 20 inmuebles, y a Báez unos ochenta. El objetivo es alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados deben pagar. El monto fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

Con la decisión -que contó con la disidencia parcial de Borinsky, quien consideró que no se debían decomisar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner- se ratificó la recuperación efectiva de activos producto de hechos de corrupción.

La decisión adoptada por el máximo tribunal allana así el camino para la ejecución de veinte propiedades que pertenecen a la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito a sus hijos Máximo y Florencia.

Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que son propiedad de las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas.

Esto, señalaron los jueces, es una consecuencia de la condena por corrupción que obtuvo firmeza en junio pasado por decisión de la Corte.

Los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, una grieta entre los jueces

Los jueces de la Sala IV no votaron de manera unánime respecto a los bienes de los cuales son titulares los hijos de Cristina Kirchner. Se trata de inmuebles cedidos a título gratuito en marzo de 2016.

Con un voto disidente, el juez Mariano Borinsky advirtió que, si bien los criterios genéricos utilizados para ordenar el decomiso "eran correctos, la resolución del tribunal oral presentaba defectos de fundamentación al aplicarlos sobre algunos inmuebles en concreto".

El magistrado argumentó que "no se analizaron adecuadamente los planteos de las defensas respecto de determinados bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner".

En otro tramo de su voto expresó que varios de esos bienes habían sido adquiridos antes del período tomado como referencia para el decomiso (concretamente fueron obtenidos en los años 1978 y 2002). Formuló, además, similares apreciaciones respecto de inmuebles decomisados a las empresas Loscalzo y Del Curto Construcciones y Kank y Costilla (sociedades vinculadas a Lázaro Báez).

De los 111 bienes decomisados, el magistrado indicó que la medida dispuesta sobre 19 de dichos inmuebles carecía de una fundamentación suficiente (una proporción de 17 %, confirmándose el 83% de la resolución recurrida). Cinco de ese universo de propiedades cuyo decomiso se propuso anular, corresponden al hotel “Los Sauces”.

Por el contrario, los jueces Hornos y Barroetaveña, en el voto conjunto, señalaron que el decomiso puede alcanzar "bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria." En ese sentido, entendieron que cuando los bienes tienen un origen ilegítimo, "su transmisión a título gratuito carece de eficacia jurídica frente al decomiso".

Bajo ese criterio, "la transferencia no borra el origen ilícito del bien ni impide su recuperación, en línea con el principio según el cual nadie puede transmitir un derecho mejor que el que posee".

Decomiso de bienes por no pagar: Qué había argumentado Cristina Kirchner

En agosto de 2025, en la recta final del plazo fijado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para que los condenados por la causa Vialidad paguen los $685.000 millones de pesos, para resarcir al Estado por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, CFK había presentado un escrito impugnando la orden de ejecución de sus bienes.

La ex mandataria, que cumple prisión domiciliaria por esta causa, sostuvo que no posee bienes que encuadren en el artículo 23 del Código Penal, es decir, que sean producto, provecho o instrumento del delito por el que fue condenada. Además, reafirmó que toda su evolución patrimonial es legítima y que ha sido investigada en numerosas causas en las que resultó sobreseída.

En su presentación, la defensa de Cristina Kirchner acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de no realizar una investigación patrimonial suficiente para determinar con certeza cuáles bienes podían ser decomisados. Según la ex presidenta, esta omisión derivó en una sentencia sin precisión sobre los bienes a ejecutar. “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que puedan ser ejecutados”, aseguró, insistiendo en que el proceso viola garantías constitucionales.

Cristina Kirchner calificó la decisión judicial como un “verdadero disparate jurídico ” y un acto de “persecución con rasgos confiscatorios”. Denunció un “ trato desigual y arbitrario ” y cuestionó que se haya elegido el IPC como método de cálculo sin fundamentar por qué se descartaron alternativas como tasas bancarias.

Afirmó que esta metodología multiplicó por cien el monto original del decomiso, configurando un proceso “confiscatorio prohibido por la Constitución Nacional”.

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