Suprema Corte en México avala reforma: Elecciones judiciales a partir de 2025

El proyecto era del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, uno de los 11 que componen la Corte Suprema y buscaba invalidar la elección de jueces y magistrados.

El ministro proponía que la Suprema Corte avalara aspectos clave de la reforma judicial, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero anulara la elección de jueces y magistrados, y la figura de los llamados “jueces sin rostro” y el despido masivo de personas juzgadoras.

Tras las deliberaciones, el proyecto no consiguió los ocho votos necesarios y fue desechado.

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Según supo Nodal, Juan Luis González Alcántara Carrancá, reconoció que no se pueden cambiar las reglas de la mayoría calificada de ocho a seis votos “en pleno juego” y resaltó que era “estéril” entrar al estudio de fondo de su proyecto cuando ya cuatro ministros se habían pronunciado en contra.

Las ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán se pronunciaron en contra y “ se manifestaron también los cuatro por la voluntad de no obligarse a la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo” concluyó.

Al final, fueron siete los votos a favor del proyecto y cuatro en contra, quedando así desechado el proyecto y dejando intacta la redacción de la Reforma al Poder Judicial.

La caída del proyecto se debió principalmente al voto negativo del ministro Alberto Pérez Dayán que rompió el bloque de ocho ministros que se requerían para declarar la invalidez parcial de la reforma al Poder Judicial.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.

Tras la validación de la reforma, que muchos mexicanos consideran como el último logro de AMLO, la presienta Claudia Sheinbaum lo celebró: “Estoy muy contenta, el día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio de 2025, la transformación del país es profunda, para bien de todas y todos los mexicanos. Fue un buen día”.

La semana pasada 157 juezas y jueces, así como 255 magistradas y magistrados y 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México rechazaron contender en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025 por el puesto que ya ocupan.

El 31 de enero de 2025 los comités darán a conocer la lista de los aspirantes idóneos. Cada comité deberá seleccionar 10 candidaturas para cada una de las nueve vacantes de ministro de la SCJN; 10 para cada una de las dos magistraturas de Sala Superior del TEPJF y para las 15 magistraturas de las cinco Salas Regionales, y 10 para cada una de las cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, según informó Animal Político.

El 5 de febrero estas listas pasarán a un proceso de insaculación (tómbola) para que cada Poder postule: 3 para cada cargo de ministra o ministro de la SCJN, 3 para cada vacante de Sala Superior del TEPJF, 3 para cada magistratura del TDJ, 3 para cada cargo de Salas Regionales del TEPJF, 2 para cada cargo de magistraturas de circuito y 2 para cada juez de distrito.

Controvertida reforma

Si bien el gobierno defiende la reforma judicial “democrática y, transparente” “contra la corrupción, el nepotismo y los privilegios”, los críticos advierten sobre sus peligros que atentan contra la democracia mexicana y la división de poderes y sistema de contrapesos y equilibrios.

Uno es que la elección popular podría permitir al partido mayoritario controlar el poder judicial, lo que pondría en riesgo la independencia del poder, y prácticamente de la democracia misma.

El sistema se convertirá, dicen, en una herramienta para la influencia política partidaria comprometiendo la imparcialidad. Incluso algunos advirtieron que la reforma facilitaría la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial en un país donde los poderosos cárteles de la droga utilizan regularmente el soborno y la intimidación para influir en los funcionarios.

Además, de la elección de los jueces por voto popular, la ley contempla también que el total de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descienda de 11 a 9, una reducción a 12 de sus mandatos, abolió el requisito de edad mínima de 35 años, redujo a la mitad la experiencia laboral necesaria a cinco años, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina.

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Advierten sobre la parcialidad del Poder Judicial tras la reforma.

En Bolivia, por ejemplo, hay elecciones judiciales (bastantes impopulares) desde 2009. En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación. En los comicios judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante MAS o no por no conocer a los candidatos.

Para algunos críticos, la función de cualquier miembro de la judicatura no es validar la voluntad de las mayorías, sino resguardar los derechos de quienes más lo necesitan.

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