La dictadura de Nicaragua ya es burda. Las ambiciones del mandatario caudillista de Daniel Ortega, que está atornillado en el sillón presidencial desde hace 26 años, no tienen término. El dictador presentó una reforma constitucional con la que básicamente “oficializa” su dominio absoluto en el país.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Nicaragua: Los Ortega consolidan su dictadura bicéfala
Daniel Ortega ordena ampliar a seis años el período presidencial en Nicaragua y convierte a su esposa en "copresidenta" mediante una reforma constitucional.
La propuesta, enviada en la víspera al Parlamento, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, otorgará a él y a su esposa, ahora vicepresidenta Rosario Murillo, el poder de los tres poderes del Estado.
Así la pareja, inaugurarán una dictadura bicéfala. La reforma formaliza las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los atropellos que la dictadura ha venido cometiendo desde hace años.
Entre otras de las enmiendas, establece la creación de la figura de una “copresidenta”, que junto al “copresidente” se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos.
También amplía de cinco a seis años el período presidencial durante los cuales gozarían de "inmunidad", y ambos serán “coordinadores” de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes, y de control y regionales y municipales.
En realidad, desde hace tiempo que Los Ortega tiene el control absoluto de Nicaragua. El complejo de poder que tiene la pareja oficial es tan grande que incluso desconfían de sus propios correligionarios en los poderes del estado intervenidos. Por eso, tal vez quieren “legitimar” su dictadura.
De 2018 a 2023 y en su propagación de mando único, Ortega canceló decenas de universidades públicas y privadas y más de 3 mil organizaciones no gubernamentales. Ha estado ejerciendo el despotismo comunista a través de la inhabilitación de partidos políticos, el hostigamiento a la curia católica, el encarcelamiento y desnacionalización de opositores desde su aparato estatal que viola los Derechos Humanos, la censura a medios no oficialistas y cancelación de decenas de universidades públicas y privadas.
Esta es la reforma parcial número 12 a la Constitución Política que impulsa Ortega desde que retornó al poder en 2007.
Reforma controvertida
Además, la reforma propone incluir, en un gesto descarado, como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007 junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Otra enmienda pretende oficializar la figura de los “policías voluntarios” como "cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”. Según organización de derechos humanos, estos “paramiliatres” reprimieron y dispararon contra ciudadanos durante las protestas antigubernamentales de 2018, que dejó al menos 355 muertos.
La reforma constitucional también permitiría cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen y prohíbe la candidatura presidencial a que los que encabecen o financien un golpe de Estado, o los que alteren el orden constitucional, quienes hubiesen adquirido otra nacionalidad.
El anuncio de la reforma constitucional ha desatado una oleada de críticas en la oposición nicaragüense, cuyos líderes están en el exilio tras ser encarcelados y después desterrados en 2023.
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