Las ambiciones del mandatario caudillista de Nicaragua, Daniel Ortega, que está atornillado en el sillón presidencial desde hace 26 años, no tienen término. Allí ni el multipartidismo ni libertad de expresión o de prensa ni comicios libres figuran.
TOMA DE LA CSJ
Nicaragua: Ortega se apropia de todos los poderes del Estado
La vice Rosario Murillo de Nicaragua, preocupada por la sucesión, tomó control absoluto de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua; desalojó a su titular.
03 de noviembre de 2023 - 11:05
Auténtica dictadura en Nicaragua, dicen analistas.
De 2018 a 2023 y en su propagación de mando único, Ortega canceló decenas de universidades públicas y privadas y más de 3 mil organizaciones no gubernamentales.
Tal como contó Urgente24, ejerciendo el despotismo comunista a través de la inhabilitación de partidos políticos, el hostigamiento a la curia católica, el encarcelamiento y desnacionalización de opositores desde su aparato estatal que viola los Derechos Humanos, la censura a medios no oficialistas y cancelación de decenas de universidades públicas y privadas, progresivamente su régimen expande sus dominios con el fin de hacerse con el control total de los poderes del Estado.
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Según La Prensa, el Poder Judicial de Nicaragua se encuentra acéfalo después que un operativo policial se hiciera con el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al desalojar de su oficina a su presidenta, Alba Luz Ramos, a la magistrada Yadira Centeno González, y destituyera y, en algunos casos, apresara, a funcionarios claves de ese poder del Estado.
El operativo policial, encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha- polémico personaje que fue dado de baja de la Policía en 2014 y que Ortega reinstaló en diciembre de 2022 como “ministro asesor de la Presidencia de la República, para asuntos de seguridad”, y que, a criterio de muchos, funciona como jefe policial de facto- se produjo bajo “acusaciones de corrupción en el Registro Público de la Propiedad”.
El martes 31 de octubre la Asamblea Nacional de Nicaragua -con mayoría oficial (76 vs 14) oficial- quitó a la Corte Suprema de Justicia la supervisión y manejo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y trasladó estas funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
En realidad la intervención policial o purga comenzó semanas atrás. Numerosas patrullas entraron a los edificios de esa institución y, en días distintos, sacaron de sus oficinas a las magistradas Ramos y Centeno, quienes fueron enviadas a sus casas.
Analistas entienden que esta jugada oficial responde progresivo dominio de la vicepresidenta Rosario Murillo sobre los tradicionales dominios a la sombra del presidente: Ejército, Policía Nacional y Poder Judicial.
Según una fuente cercana a la Corte, Murillo está asumiendo el manejo del Poder Judicial como ya lo hace con otras dependencias y ministerios, “tal es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores donde ella redacta y aprueba las notas oficiales y hasta los discursos del canciller Denis Moncada”.
“Rosario Murillo busca tener el control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega, quien en unos días cumplirá 78 años”, dijo una fuente que pidió revelar su nombre, según Infobae.
Según Confidencial, diario opositor que opera desde Costa Rica, este punto es especialmente sensible en momentos en que la salud de Daniel Ortega es una incógnita.
El mayor nicaragüense en retiro, Roberto Samcam, en el exilio en Costa Rica, en diálogo con El Universal afirmó: “Este es el inicio de un proceso de transición en el que Ortega le entrega el poder a Murillo y él queda detrás para proteger que no se desintegren el partido—Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—y la gente… se someta”.
Con ello, el máximo tribunal del país no sólo es un instrumento del oficialismo —que ya lo era desde hace tiempo— sino también se convierte ahora en un vehículo al servicio de las ambiciones de Murillo. El complejo de poder que tiene la pareja oficial es tan grande que incluso desconfían de sus propios correligionarios en los poderes del estado intervenidos.
El mismo diario venezolano informó que Murillo ejerce como “vicepresidenta, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, vocera presidencial, rectora de la agenda del mandatario, jefa de propaganda y publicidad, directora de prensa gubernamental y supervisora de todas las actividades del Poder Ejecutivo y vigilante de las decisiones legislativas, judiciales, electorales, municipales, militares y policiales”.
¿Golpe de estado o Estado de Terror?
La Prensa, al sostener que “no quedan articulaciones políticas o estas operan bajo total discreción por miedo a ser encarcelados, desnacionalizados y expulsados del país”, concluye: “La dictadura tiene un control total del país”.
Algunos hablan que esta estrategia de la pareja presidencial es un golpe de estado interno ya que se los expulsó a las fueras magistrados ignorando su impunidad. Para el exfuncionario judicial Yader Morazán, la intervención policial en el Poder Judicial representa “un golpe de Estado porque está suplantando por la fuerza las facultades y funciones que le corresponden a los magistrados que, aún gozando de inmunidad, han sido desplazados de facto”.
Otros como la jurista y catedrática María Asunción Moreno lo contradijo: “ No, de ninguna manera es un golpe de Estado, y la razón es que el golpe de Estado lo dio Daniel Ortega cuando se reeligió de forma inconstitucional (en 2011) y desde entonces viene acabando con toda la institucionalidad del país”.
Cabe destacar que en las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el presidente Daniel Ortega fue reelegido por un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales rivales en prisión.
“En Nicaragua no hay separación de poderes, todos los poderes del Estado han sido absorbidos por un poder único, el de los Ortega Murillo, quien quita y pone fiscales, jefes policiales, magistrados, jueces, alcaldes y hasta diputados, así que esto no se parece para nada a un golpe de Estado”.
En ese sentido la abogada alegó que la forma violenta e ilegal con que se adueñaron del máximo tribunal de justicia del país la pareja Ortega Murillo es solo otra manera de enviar una señal clara al pueblo sometido: el poder se ejerce sólo desde El Carmen (La fortaleza de los Ortega Murillo).
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