Nicaragua: 'Leyes Mordazas' y persecución católica

El régimen sandinista confiscó este jueves (17/08) la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), y decomisó sus bienes/fondos porque supuestamente, según el Ministerio Público, era un centro que organizaba actos terroristas y delincuenciales contra la Patria nicaragüense.

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Luego el ente rector de universidades nicaragüenses, Consejo Nacional de Universidades (CNU), canceló este jueves la licencia a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y la sustituyó por un centro de estudios estatal para impartir la ideología comunista en detrimento del diálogo democrático: por la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro –que lleva el nombre de un ex guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)–

La provincia de los Jesuitas en Centro América, a la que pertenece Nicaragua, rechazó la decisión del Estado de quitarles el control de la universidad y aseguran a través de un comunicado que “son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua…”

La gestión dictatorial de Ortega ha venido persiguiendo a altos mandos de la Iglesia Católica, tal como el obispo Rolando Álvarez, quien está preso desde el 2022 y con una condena de 26 años por ‘menoscabar la integridad nacional’.

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Además hay otros tres sacerdotes católicos detenidos por supuesta ‘traición a la Patria’ y supuesto vínculo con una fundación religiosa considerada ilegal en Nicaragua, Cáritas. Jaime Montesinos, de 66 años, párroco de la Iglesia Juan Pablo Segundo está acusado de ‘menoscabar la soberanía nacional’, Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevaro, están detenidos y siendo investigados por vínculos con Cáritas.

"Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales", dijo la UCA, haciendo alusión al estallido en las calles (2018) contra el gobierno de Ortega que culminó con 300 muertos y miles en el exilio.

Ahora bien, con respecto a la nueva sentencia contra un periodista opositor, Victor Ticay, trabajador del Canal 10, una estación de televisión local y de La Portada, enfrenta cinco años de cárcel + tres años más por supuestos ‘actos que menoscaban la integridad nacional’ y ‘participación en actividades cibernéticas ilegales’.

El arresto del periodista aconteció en vísperas del Jueves Santo (2023) cuando agente de Policía lo detuvo, justo un día después de que el notero cubriera una ceremonia religiosa que el gobierno había intentado prohibir.

Los periodistas y opositores en Nicaragua enfrentan censura, acoso y detenciones arbitrarias, tal como la larga lista de colegas y ciudadanos como la opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y el líder estudiantil Jasson Noel Salazar Rugam, algo que ha sido denunciado junto con delitos de lesa humanidad por organismos de DD.HH.

“Existe desplazamiento forzado, exilio, despojo de nacionalidad, judicialización y privación de la libertad a líderes religiosos y opositores”, declaró en mayo el abogado de la ONG Colectivo de Derechos Humanos, Yader Valdivia.

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