El Gobierno de Bolivia denunció este jueves la supuesta existencia de un complot golpista orquestado por el expresidente Evo Morales y presuntamente financiado por el narcotráfico, que intentaría voltear la presidencia de Rodrigo Paz.
BLOQUEOS Y PROTESTAS
Estallido social en Bolivia para un golpe por el que se culpa a Evo Morales y al narco
Bolivia denuncia un "plan macabro" pergeñado por el expresidente Evo Morales y el narcotráfico. Crecen las movilizaciones populares en las calles y La Paz está al borde del estado de sitio.
Manifestantes de Bolivia marchan por las calles de la capital pidiendo por la destitución de Rodrigo Paz.
FOTO: LUIS GANDARILLAS / EFEDesde el Palacio Quemado, denuncian la presencia de un “plan macabro” para derrocar a Rodrigo Paz, ante un panorama social en el que el aire se corta con cuchillo y en el que se mantienen manifestaciones en las calles y bloqueos liderados por comunidades indígenas, rurales y de gremios diversos —como los mineros y maestros—, quienes se pronuncian en contra de la actual política gubernamental y claman a viva voz que ruede la cabeza del actual jefe de Estado tras el escándalo con la gasolina adulterada y la polémica ley de reconversión de tierras.
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Según declaraciones del vocero gubernamental, José Luis Gálvez, el actual estallido social en La Paz, la capital del país, y los bloqueos de carreteras en región occidental, estarían promovido por el expresidente Evo Morales (2006-2019) y financiado por el narcotráfico con el objetivo de “romper el orden constitucional”, aunque no demostró pruebas para tales acusaciones.
“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, manifestó el vocero del gobierno boliviano y dijo que el plan fue “pensado, financiado y operado” en la región del Chapare, el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, en Cochabamba, al centro del país.
“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, agregó Gálvez, en una conferencia de prensa durante este viernes en la que precisó la predisposición de la administración de Rodrigo Paz a dialogar con los sectores que tienen “demandas legítimas”.
Evo Morales: las movilizaciones en Bolivia son "movidas por la furia"
Horas antes de la alocución del vocero, el expresidente Evo Morales, ante las especulaciones de la administración de Paz de que el líder cocalero movilizó sus bases sindicales y rurales para derrocarlo, declaró que los manifestantes que se congregan en las calles eran “movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria”, y agregó que no obedecían a “una sola persona”.
Morales, con causas judiciales por abuso de poder, fraude electoral en 2019 y presunta trata de personas y estupro (en un caso vinculado a una menor de edad), repudió hace pocos días la decisión del gobierno boliviano de que la DEA vuelva a tener presencia en Bolivia con una oficina en La Paz dedicada al intercambio criminal. Al mismo tiempo, denunció la existencia de una conspiración en su contra para detenerlo con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
En medio de las denuncias cruzadas y las protestas sociales que no dan tregua, el centro de La Paz vivió una jornada de furia y represión: cooperativistas mineros que marchaban contra el gobierno mientras sus dirigentes para negociar pedidos sindicales se reunían con las autoridades federales se enfrentaron con la policía en una batalla campal que incluyó piedras y gases lacrimógenos, dejando heridos y arrestados.
Tras los disturbios, el Gobierno y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) alcanzaron la madrugada de este viernes un acuerdo tras varias horas de diálogo. El ministro de Economía boliviano, Gabriel Espinoza, dijo que el sector suspende sus movilizaciones.
“Se ha llegado a varios puntos de acuerdo con Fencomin, hemos tenido una larguísima reunión, hemos estado más casi 12 horas conversando. Había varios puntos que tratar, desde el tema de material explosivo, transporte, acceso a combustibles y demás”, confirmó Espinoza a Unitel.
No obstante, el de los mineros es solo uno de los tantos focos de conflicto que enfrenta el Ejecutivo boliviano con los sindicalistas y sectores populares. Desde hace varias semanas, una ola de protestas en varias regiones del país y en la capital boliviana ha escalado hasta hacer que los manifestantes coreen pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Uno de los detonantes de las protestas sociales fue el escándalo de la gasolina adulterada o de baja calidad, denunciada por la población en general y por distintos sectores del transporte, que reportaron daños mecánicos en miles de vehículos.
Más tarde, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió tener problemas en la calidad del combustible, atribuyéndolos a tres factores principales:
- Vacío normativo: El Decreto Supremo 4718 regulaba la calidad en el surtidor pero no en la gasolina base importada, permitiendo la compra de productos intermedios bajo parámetros de producto terminado.
- Sedimentos y corrosión: Debido a la falta de divisas entre 2023 y 2025, los tanques de almacenamiento permanecieron vacíos, generando óxido y gomas que se mezclaron con el combustible al volver a llenarse.
- Presencia de diolefinas: Se detectó este componente y manganeso en el combustible importado, lo que afecta el funcionamiento del motor
Pero antes de lo de la nafta adulterada, las protestas sociales y la crispación en las calles de los sectores populares ya habían tomado forma y empezaban las movilizaciones lideradas por la comunidad originaria de Beni y Pando contra la polémica Ley 1720 “de reconversión de tierras”.
La presión social contra esta ley que mercantiliza la tierra y que había sido aprobada hace apenas un mes, así como el crecimiento de la convocatoria y de los autoconvocados en estas movilizaciones —a las que se agregaron otros pueblos originarios, campesinos, sindicalistas, maestros rurales y estudiantes universitarios—, obligó al Senado boliviano a que el 12 de mayo dictaminara la supuesta abrogación de la norma.
Esta medida no corona de gloria a las comunidades originarias y rurales en su lucha contra la mercantilización de la tierra, sino que incluye disposiciones transitorias que permiten reabrir el tratamiento de la ley en un plazo de 60 días y pretenden que el debate se regionalice y pase a la denominada “comisión agraria”, que representa el pensamiento latifundista y de empresarios.
En tanto, el 6 de mayo, la Federación de Campesinos Túpac Katari instaló bloqueos indefinidos en La Paz, a los que se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB), el movimiento indígena Ponchos Rojos y los mineros cooperativistas, cuyos gremio acordó este viernes con el Gobierno y se retirará de las manifestaciones.
En paralelo a los bloqueos, militantes del MAS leales a Evo Morales iniciaron una movilización de 190 kilómetros hacia La Paz, en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado planteada por el presidente Rodrigo Paz y para exigir el cese de la “persecución judicial” contra el líder cocalero.
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