El contrato modelo es una postura inicial maximalista por parte de PDVSA y se inclina a favor del Estado venezolano, especialmente en materia de arbitraje, impuestos y rescisión de contratos, informa Bloomberg.
No es el mismo contrato que con Chevron...
La cláusula de arbitraje del contrato contradice las licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y el documento incluye un lenguaje en contra de las sanciones, refiriéndose a ellas como "medidas coercitivas unilaterales".
El documento revisado por Bloomberg establece las condiciones para que PDVSA colabore con empresas pero es probable que el contrato modelo reciba cambios.
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Larga espera
Las compañías petroleras que ya cuentan con acuerdos preliminares de producción con PDVSA llevan semanas esperando el marco contractual como punto de partida para las negociaciones.
Sin embargo, mientras abogados y asesores analizan minuciosamente el documento de 90 páginas, la reacción del sector sugiere que convertir los acuerdos en contratos operativos podría demorar más de lo previsto.
La flexibilización de las sanciones abre las puertas a los acuerdos petroleros venezolanos.
Un plan estratégico de empresa conjunta favorable a los inversores, forjado mediante un acuerdo histórico en 2022 entre PDVSA y Chevron Corp., generó esperanzas en la industria petrolera de que Venezuela dejara atrás el nacionalismo de los recursos y acogiera una mayor inversión extranjera tras años de duras sanciones.
Sin embargo, este nuevo contrato operativo favorece al Estado venezolano, especialmente en materia de arbitraje, impuestos y rescisión de acuerdos, al tiempo que elude las normas de sanciones estadounidenses, según fuentes familiarizadas con el documento.
Venezuela
En caso de controversia contractual, el documento estipula la mediación por parte de la Organización Internacional de Mediación (OIM), con sede en Hong Kong . Si esto no resuelve el asunto, la controversia se somete a un tribunal arbitral en París, administrado por la Oficina Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje .
La cláusula de arbitraje contradice las licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que han regido el levantamiento de las sanciones impuestas por la administración Trump a Venezuela desde principios de año, porque las normas estadounidenses exigen que los acuerdos se rijan por la ley estadounidense y el arbitraje.
El contrato también estipulaba que Venezuela podría rescindir unilateralmente un contrato si alguna persona vinculada a la empresa operadora participaba en “actos de desestabilización política”, con una indemnización limitada si el contrato se rescindía unilateralmente por “razones de interés público” durante los primeros seis años.
Otra cláusula otorga al Estado amplia discreción en materia de impuestos y regalías. Si bien no sería sorprendente que las compañías petroleras se quejaran de las condiciones tributarias, en el caso de Venezuela, los intereses comerciales se ven agravados por consideraciones políticas y económicas más amplias, dado que la administración Trump impulsa la aceleración de la inversión en un país con algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo.
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