Un artículo exclusivo de The Wall Street Journal, redactado por Dustin Volz y Byron Tau, revela la existencia de una base de datos con más de 150 millones de transferencias entre personas de Estados Unidos y más de 20 países, a la cual cientos de policías federales, estatales y locales del país norteamericano pueden acceder sin supervisión judicial.
ESCÁNDALO
TRAC: La base de datos ilegal que ratrea las operaciones
Un nuevo escándalo surgió en Estados Unidos luego del descubrimiento de una base de datos secreta e ilegal (TRAC) con más de 150 millones de transferencias.
La investigación, realizada por el Senador Ron Wyden, confirma que la base de datos, alojada en una organización sin fines de lucro poco conocida, llamada Transaction Record Analysis Center, o TRAC, fue creada por la oficina del fiscal general del estado de Arizona en 2014 como parte de un acuerdo alcanzado con Western Union para combatir el tráfico de drogas y el paso transfronterizo de inmigrantes mexicanos. A partir de ahí empezó a crecer al punto que de hoy:
Rich Lebel, director de TRAC, dijo que el programa ha logrado ayudar a encontrar pistas y detenciones que van desde a cárteles de la droga a delincuentes que buscan lavar dinero.
Pese a estos resultados hay todo un debate en el país acerca de la violación a la privacidad que trae TRAC, en este sentido, Sr. Wyden, demócrata de Oregón, afirma que el programa permite que el gobierno: “Se sirva un buffet de todo lo que pueda comer de los datos financieros personales de los estadounidenses mientras pasa por alto las protecciones normales para la privacidad de los estadounidenses”
Un artículo de ACLU destacaba: El costo humano de este tipo de vigilancia gubernamental es grave. Puede tener consecuencias de gran alcance para la vida de las personas, en particular para los miembros de las comunidades de color, que están desproporcionadamente sujetos a una vigilancia injustificada. Esto es especialmente dañino porque somete a la gente común a un escrutinio injustificado por parte de las fuerzas del orden y permite que el gobierno acumule información sobre las actividades ordinarias de millones de personas sin justificación.
Y es que cualquier agencia de aplicación de la ley autorizada puede consultar los datos sin una orden judicial para examinar las transacciones de personas dentro de los Estados Unidos en busca de evidencia de lavado de dinero y otros delitos. Nathan Freed Wessler, subdirector del Proyecto de Tecnología, Privacidad y Discurso de la ACLU, decía que: “Los registros financieros privados de la gente común están siendo desviados indiscriminadamente a una base de datos masiva, con acceso a prácticamente cualquier policía que lo desee”. Y hace énfasis en que:
TRAC captura las transferencias de dinero que se realizan a través de empresas como Western Union, MoneyGram, DolEx y Euronet a través de su marca Ria. Millones de personas utilizan estos servicios, especialmente aquellos que no tienen cuentas bancarias, para transferir fondos entre amigos y familiares -similar a las billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá-, en donde:
La web de la base de datos TRAC, disponible en línea, indica que TRAC es "un sitio exclusivo para las fuerzas del orden público" y advierte a los visitantes que sus solicitudes de acceso serán denegadas si no están en las fuerzas y no proporcionen una dirección de correo electrónico gubernamental activa.
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