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OCUPACIÓN DE TIERRAS

"Nuestra Constitución dispone que la propiedad privada es inviolable"

Mar, 20/10/2020 - 8:08pm
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La ocupación de tierras lesiona la Constitución Nacional. El déficit habitacional no puede resultar más importante que el texto de la Carta Magna. Además, son cuestiones bien diferentes. Gravísimo error institucional y político mezclar ambas problemáticas. La situación no se encuentra superada ni en Villa Mascardi ni en Guernica, y hay muchos políticos que dudan acerca del orden de prioridades. Esto es lo más grave de todo.

Apoyo a la comunidad Gallardo Calfú tras el ingreso de policía y autoridades para el desalojo
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El diario Río Negro ilustró así los sucesos en Mascardi. En la imagen, apoyo a la comunidad Gallardo Calfú tras el ingreso de policía y autoridades para el desalojo.
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La cuestión de la propiedad privada de los bienes es uno de los temas que, con mayor o menor frecuencia, siempre vuelve a ponerse de manifiesto.

La ocupación de predios en la provincia de Buenos Aires, la toma de tierras en la Patagonia e incluso la indiscriminada prohibición de desalojos son ejemplos de cómo se presenta en este momento, en Argentina, esta cuestión.

No es la primera oportunidad que ocurren situaciones como las actuales.

Siempre ha existido la ocupación tolerada y resistida de inmuebles a lo largo y ancho del país (no en vano está legislada tanto la usucapión como la usurpación), el conflicto con los pueblos originarios, sin ser de tan larga data como se pregona, no es nuevo, y la problemática de los alquileres fue anteriormente conocida con las leyes de prórrogas de las locaciones, sancionadas entre 1921 y 1976.

De todas formas, en la coyuntura actual que nos toca vivir con motivo del COVID-19, la ciudadanía en general (especialmente esa mayoría silenciosa que, con sus más y sus menos, trata de vivir con el producto de su trabajo) percibe que la situación de hoy es distinta a las anteriores.

Una nota distintiva de estos hechos es que se producen de manera simultánea, aunque no necesariamente organizada, y que no han merecido una respuesta contundente de parte del Estado.

Los funcionarios encargados de gestionar las situaciones que desembocaron en tales hechos, ni siquiera se han preocupado por disimular la tensión y la zozobra provocadas, con alguna que otra declaración efectista.

A ello cabe agregar que, con motivo de la cuarentena (ASPO, DISPO y sus variantes más o menos flexibilizadas y acatadas), la garantía constitucional de libre tránsito se encuentra seriamente restringida, razón por la cual algunos propietarios ni siquiera pueden hacer actos de presencia.

Si además, a este tipo de hechos se los trata de asociar con cierto posicionamiento doctrinal relativo a la redistribución de la riqueza, la función social de la propiedad o el derecho natural a que las cosas sean poseídas en común, no puede sorprender que haya desazón, desesperanza e impotencia en muchos sectores de la ciudadanía.

Da la sensación de que “hacer las cosas bien” es de tontos. Pareciera que el accionar ventajista, advenedizo, oportunista e ilegítimo, además de conspirar contra la armonía de la convivencia y la paz social, propia de la vida republicana, organizada sobre la justicia, termina gozando de carta de ciudadanía.

Los predios tomados en el Gran Buenos Aires siguen sin ser desalojados, el movimiento mapuche reclama con una metodología rayana en lo delictual y algunos inquilinos han dejado de pagar los alquileres porque saben que, por lo menos hasta Enero del 2021, no serán desalojados. Y todos ellos, más o menos explícitamente, se amparan en el derecho de propiedad.

De todas maneras, a poco que se analizan distintas posturas, puede concluirse que nadie cuestiona la propiedad privada, especialmente de la propia. Pues los que ocuparon las tierras en la provincia de Buenos Aires han organizado una especie de “loteo”, los mapuches no parecen muy dispuestos a permitir que en las tierras invadidas ingresen los tehuelches y los pícaros locatarios no están dispuestos a contribuir al pago de un gasto común como son las expensas.

En la actualidad, como consecuencia de los reduccionismos culturales, los debates sobre la función del Estado se zanjan –arbitrariamente y tal vez sin saber explicar bien los porqués– en la simplificada categorización entre izquierda y derecha o neoliberal y progresista.

Sin embargo, a poco que se indague, se percibe cierta idea común con relación a qué es la propiedad privada: un conjunto de bienes sobre los que las personas se proyectan para ser felices, una extensión de los hombres y mujeres que se materializa en las cosas que les permiten desarrollarse.

En resumidas cuentas, la propiedad privada es un patrimonio que me permite vivir dignamente, con una determinada calidad de vida, coexistiendo armónicamente con mis conciudadanos.

Mientras, las pueblos originarios invocan una tradición cultural ancestral para reivindicar la posesión de tierras, para lo cual no dudan en desafiar las leyes de la República, también hay quienes basados en lo que sus familiares les transmitieron y enseñaron pretenden que el Estado mantenga otra tradición: la de proteger y garantizar el uso y goce de los bienes legítimamente adquiridos a través de una relación jurídica que no fue cuestionada.

Si una persona, carente de los conocimientos o de la confianza como para “producir”, decide invertir sus ahorros (tal vez heredados en parte) en la compra de una segunda vivienda, a fin de poder alquilarla en su vejez y aumentar los magros ingresos que le supondrán una futura jubilación, ¿es por ello alguien que no merece el respaldo del Estado cuando, con la excusa de un decreto ley de dudosa constitucionalidad, su inquilino debe alquileres y expensas por un período que supera el año?

O, si una persona con la instrucción y/o seguridad en sí mismo suficiente, decide invertir sus ahorros o su herencia en un emprendimiento que, por el esfuerzo o la casualidad, prospera, ¿debe por ello no usufructuar las ganancias y entregarlas indiscriminadamente a la voracidad fiscal del Estado para su “redistribución”?

Parece que el problema no está en la propiedad privada en sí misma, sino en cómo acceder a ella y qué políticas implementa el Estado. Por ello, tan injusto es el entorpecimiento a sabiendas del acceso a los bienes que permite el desarrollo pleno a quienes no los tienen, como el despojo desaprensivo a quienes ya cuentan con un patrimonio.

Es necesario recordar que la necesidad e importancia de la propiedad privada especialmente fue destacada por santos padres de la Iglesia, institución que no aboga por la posesión común de los bienes (al revés de lo que se pueda pensar hoy en día); que los liberales saben que el hombre no es un ser infinito o ilimitado y, como lógica consecuencia, no lo pueden ser sus extensiones y proyecciones, es decir la propiedad privada.

También hay que destacar que los progresistas viven con su familia en una casa y que los pueblos originarios reclaman una tierra con exclusividad y al margen de cualquier otro grupo social o étnico.

Si bien, bajo el rótulo de “nuevos derechos” se pretende legitimar pretensiones y/o pretensores que adquieren hoy determinada corrección política en virtud de una pretérita incorrección, cierto es que la pasividad de los tres poderes del Estado exhibe una preocupante tendencia a la anomia que, más pronto que tarde, altera la paz social y la vida en común.

No en vano nuestra Constitución Nacional dispone que la propiedad privada es inviolable y que nadie puede ser privado de ella sin una sentencia fundada en una ley.