OPINIÓN

BENEFICIO PARA LOS ACREEDORES Y PARA EL PAÍS

Atención Biondi: El 'caso Vicentín' según el Derecho Comercial práctico

En una entrevista que le hizo Urgente24, Gustavo Córdoba resumió el conflicto acerca de Vicentín en que ante la opinión pública, el concepto de Expropiación le ganó al de Rescate. Es decir que lo que le sucedió a Alberto Fernández fue una derrota en la estrategia comunicacional acerca de la agroalimentaria. Lo que Córdoba no pudo explicar fue el motivo de la improvisación conque se encaró el tema.Pero en concreto, el Presidente no va a Rosario (Santa Fe, la provincia donde se aloja Vicentín) para recordar a Manuel Belgrano, el creador de la bandera patria. Continuando esa línea argumental, el abogado Marcelo Szelagowski, despliega argumentos de índole jurídico-práctico para sostener la acción de Alberto Fernández. Muy probablemente el vocero del Presidente y se supone que su estratega comunicacional, Juan Pablo Biondi, tendría que prestar atención a lo que se dice más allá de la prensa paragubernamental.

Fácil sería como abogado “sacar la peluca empolvada del placard” y sostener enfáticamente, tal como han hecho la gran mayoría de los colegas, la inconstitucionalidad e improcedencia jurídica del “particular” proceso legal que ha puesto en práctica el PEN para el caso “Vicentin”.

Si bien conozco claramente la división de poderes y los frenos y contrapesos  (“Checks and balances”, Hamilton Alexander y Madison James - 1787 “El Federalista”), lo que impediría interferir en modo alguno al PEN en la esfera del Poder Judicial; creo que limitarme a pensar ello sería desconocer la realidad jurídica, económica y política de nuestro país. Así las cosas desde mi punto de vista la cuestión debe analizarse desde tres ópticas:

1. La Ley de Concursos y Quiebras (hoy “incorporada” al CCC o Código Civil y Comercial),

2. Qué hizo el acreedor con el dinero y

3. Si es o no una opción legal la que ha tomado el Gobierno en el caso que nos ocupa.

En relación al punto 1, hace ya más de de 40 años que la Ley de Concursos ha dejado de ser un modo de proteger la empresa y conservarla como pilar del desarrollo de una economía de mercado. Por el contrario, irónicamente hablando, “la Ley de concursos contiene más delitos que el Código Penal”, solo se ha convertido en un instrumento que permite a los empresarios “salvar” parte de su patrimonio y seguir dirigiendo la empresa cuando a raíz de una deficiente administración o porque no ha sabido o no ha podido con un mercado cambiante y por qué no decirlo difícil (así es el capitalismo), su pasivo supera a su activo.

Ello, por supuesto, en el 90% de los casos, ya que queda algún empresario que agota hasta el último centavo antes de ir a concurso. También es dable decir que ningún empresario declara todos sus activos en un concurso, siempre “olvida” los activos suficientes que él considera ´”personales”.

Lo cierto es que en otros países como USA, la convocatoria a concurso convierte al concursado en un “muerto civil”, que no puede salir más del país y que no vuelve a tener a su nombre ni una tarjeta de crédito. No debemos olvidar que en nuestro país el resultado concreto de un acuerdo de acreedores, no es otra cosa que una reducción sustancial de los créditos verificados que muchas veces llega o supera el 50% y un “delay” o período de gracia de 3, 4 o 5 años según lo se acuerde, por supuesto por un proceso de votación que prefiero no analizar.

Es así que los acreedores ven reducidas sus acreencias en gran parte y pasan a ser cobradas en un futuro muchas veces incierto, ya que en muchas ocasiones el concurso se termina convirtiendo en quiebra y no cobran sino hasta que se realice el activo, llegando al absurdo de que los trabajadores despedidos terminan litigando contra la sindicatura

En lo que hace al punto 2, es relevante en el caso que nos ocupa, así las cosas Vicentin adeuda la suma de US$ 1.350 millones a 2.638 acreedores, al cambio oficial adeuda al Banco de la Nación Argentina $18.000 millones. Nadie se ha preguntado: ¿Qué hizo Vicentín con esa “pequeña” suma?

Pues bien, cualquier banco privado internacional que, preso de irracionalidad, hubiera prestado 10 veces menos a Vicentin, debería interponer cientos de condiciones, que comenzarían por designar un Director de Finanzas o el cambio de todo el Depto. de Finanzas que se encargarían de controlar el destino de los préstamos a través de las condiciones impuestas en los “covenants”.

Sin embargo, aquí nadie controló nada. Ni durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ni durante el de Mauricio Macri, ambos otorgaron los créditos, quienes ahora se desentienden y dejan al Dr. Alberto Fernández con el peso de la decisión de que la mala administración de Vicentin se convierta en un caos económico y, a la larga, también social para una zona y una actividad relevante de nuestro país.

Sin ir más lejos, altos funcionarios del Gobierno de CFK hacen declaraciones propias de un Gobierno conservador mientras que los “amarillos” sacan del museo a Domingo Cavallo.

¿Acaso resulta posible que con los créditos otorgados en vez de invertirlos en la propia empresa se compraran nuevas empresas, con la intención de convertir en una suerte de “holding” a la empresa que hoy pretenden hacerla pasar por “familiar”?

Es dable recordar las malas experiencias en el mundo de Enron y AES, o en nuestro país The Exxel Group, quienes, a través de compras de empresas sanas apalancadas con préstamos otorgados con liviandad, sólo buscaban la obtención de ganancias en la Bolsa y terminaron en grandes desastres.  

En nuestro país, siempre ha fallado el control, ya sea entre los tres poderes del Estado o entre los diferentes organismos. Así las empresas de servicios privatizadas son el desastre que son, porque los Entes de Control están ausentes.

Yo me pregunto en el caso que nos ocupa: ¿La Comisión Nacional de Valores no dijo nada? ¿El BCRA que opinó? No me sorprendería que debiendo US$ 1.350 millones, los Directores de Vicentin sigan siendo calificados por el BCRA como “buenos pagadores” mientras a un empleado no se le otorga un crédito para comprar un auto por falta de avales.

Así las cosas, llegamos al punto 3: ¿El camino elegido por el PEN es el correcto?

Tal como he afirmado al principio, en términos jurídicos clásicos no lo es; sin embargo ¿alguien hubiera imaginado hace 3 meses que para entrar a un Banco lo deberíamos hacer con la cara tapada o que estarían suspendidas las garantías jurídicas más elementales como transitar, trabajar o entrar o salir libremente de territorio argentino?  

Hay veces que las cosas cambian de modo traumático, ya sea en la historia o en la Ley. De no ser así, Francia seguiría siendo una Monarquía y en el Sur de Estados Unidos se mantendría vigente la esclavitud.

Siendo esto así, aquí el PEN ha hecho un mix entre intervención y expropiación, en términos clásicos es incorrecto, en términos prácticos una salida a favor de acreedores tanto nacionales como  internacionales. Si fuera acreedor de Vicentín estaría muy contento.

Es falsa la inducción que sostiene que la actitud del Gobierno resta seguridad jurídica a nuestro país para inversiones extranjeras. Por el contrario, para un inversor extranjero que el Estado “siempre solvente” responda es inmejorable.

Los 3 poderes deben trabajar y por una Ley física “todo espacio dejado por un cuerpo es ocupado por otro cuerpo”, si la Ley a través del Poder Judicial no puede dar solución al problema generado por Vicentin, entonces el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben solucionarlo, eso es lo que está haciendo el Presidente más como un “abogado práctico” que como un doctrinario.

El momento político es el adecuado. La prueba más acabada de que la medida es económicamente correcta, es el hecho de que es políticamente criticada, de hecho debería tomarse como una ponderación que la medida sea criticada por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Nada han dichos los políticos de la flagrante inconstitucionalidad de los DNU que impiden despidos e imponen la doble indemnización que harán un daño infinito cuando la pandemia termine.

No han dicho nada porque es “políticamente inadecuado” pero ambos decretos son ciertamente groseramente inconstitucionales frente a las medidas tomadas por el PEN respecto de Vicentin.

Sin duda la Ley de Concursos y Quiebras debe agiornarse y los jueces deben aplicarla severamente, mientras ello no suceda “un cuerpo ocupara el espacio de otro cuerpo”.   

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