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FALTAN LAS PRUEBAS

Debate: Cártel de Sinaloa, Insight Crime y UNODC

Mie, 27/05/2020 - 8:42pm
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Por Urgente24

Las pruebas resultan un dato fundamental en cualquier investigación. Las pruebas faltan en las graves afirmaciones de Insight Crime sobre Venezuela.

Cocaína, objeto del tráfico que realizan los de Sinaloa, entre otros.
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La fundación estadounidense Insight Crime difundió un informe sobre la presencia del Cártel de Sinaloa en la comunidad de San Felipe, en el municipio Machiques de Perijá, en Venezuela.

("En una comunidad conocida como San Felipe, ubicada sobre el municipio de Machiques de Perijá al noroeste del estado venezolano de Zulia, escuchar a personas hablar con acento mexicano parece estar convirtiéndose en algo rutinario. Habitantes de esta localidad, próxima a la frontera con Colombia, manifiestan que el grado de penetración de los grupos mexicanos es tan grande, que ahora este lugar es conocido con el nombre de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes consultadas por InSight Crime en Machiques de Perijá, son varias las evidencias que confirmarían la presencia de emisarios aztecas en el lugar. Ganaderos, productores y habitantes han sido testigos de la llegada cada vez más frecuentes de muchos mexicanos, en su mayoría en actividades de paso. Además de la proliferación de lujosas camionetas último modelo, fiestas con narcocorridos de fondo, prostitución y otra serie de excentricidades que han cambiado la cotidianidad de esta zona.

“Sí, ese pueblo lo llaman Sinaloa, y le dicen así no por inventar el nombre, sino porque muchos (de los que llegan) son pilotos mexicanos. Los han visto, duermen en hoteles, hablan (mexicano), una persona con ese acento es fácil de reconocer. Ya llaman a ese pueblito Sinaloa”, sostuvo uno de los ganaderos entrevistados en la zona, cuya identidad será resguardada por seguridad.")

Insight Crime es dirigida por 

** Steven Dudley, investigador principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos (CLALS por sus iniciales en inglés) de American University en Washington DC; exjefe de la oficina del Miami Herald en la Región Andina y autor de “Armas y urnas: historia de un genocidio político” (Routledge 2004). 

** Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime; exoficial del ejército británico con servicio activo en Bosnia e Irlanda del Norte; corresponsal de guerra, cubriendo los Balcanes desde Bosnia y luego el Medio Oriente para el Daily Telegraph y Jane’s Intelligence Review.

"El régimen de Maduro, así como de otros países, se basan en las ganancias de las drogas para obtener ingresos. El pueblo venezolano está sufriendo muchísimo, los narcotraficantes están aumentando sus actividades", señaló Mark Esper, secretario de Defensa de Estados Unidos, en el anuncio de abril.

Ahora bien, en el mucho más creíble Informe Mundial sobre las Drogas 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), no se menciona nada al respecto. 

En las 65 páginas hay 1 mención a Venezuela y no es sobre flujo de narcotráfico.

Sí hay menciones a América del Sur, pero básicamente a la región andina.

La agencia de noticias rusa Sputnik citó a Pino Arlacchi, director ejecutivo de la UNODC de 1997 a 2002: "Es ridículo porque los mismos documentos de Estados Unidos muestran que esto no es verdadero. Si tú lees los últimos reportes de la DEA [Administración para el Control de Drogas​], solo unos meses atrás, no se menciona a Venezuela. Entonces, no se sostienen las acusaciones contra el Gobierno de Venezuela".

¿Es correcto lo que afirma Insight Crime? 

¿Podría resultar las acusaciones de Insight Crime parte de las acciones tales como la fallida Operación Gedeón, para desestabilizar a Venezuela?

Carlos Fazio, presentado por Sputnik como especialista en temas de terrorismo mediático, dijo: "Dirigido por un par de periodistas profesionales con amplia experiencia de campo en la región andina, Colombia en particular, lo singular de los trabajos de 'investigación' de Insight Crime (…) es que están alejados de los principios académicos y periodísticos, que indican que una investigación debe estar basada en información veraz y contrastada que proporcionen fuentes legítimas".

Agregó que el informe "no contenía fuentes confiables y verificables, y buscaba posicionar mediáticamente la idea de que el Cártel de Sinaloa se mueve a sus anchas en el estado Zulia, muy rico en hidrocarburos, donde manejaría cerca de 400 pistas clandestinas de aterrizaje y salida de narcoaviones con destino a islas del Caribe y Centroamérica".

Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, señaló: "Se focalizan en Venezuela debido a que Insight Crime y el Gobierno norteamericano tienen un sesgo político antivenezolano. Eso no exime de culpa al Gobierno venezolano, pero me refiero a que hay que relativizar. Están presentes [el Cártel de Sinaloa] en 69 países haciendo más o menos lo mismo que hacen en Venezuela".

Sin embargo, la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019 de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sostiene que las Organizaciones Criminales Trasnacionales de origen mexicano tienen representaciones en Colombia, Ecuador y Venezuela, aunque también escasean los datos precisos.

Ya que estamos...

Pero, hay que aclararlo, Insight Crime no sale mal parado de su análisis sobre la Argentina. Es posible compartir muchas de sus apreciaciones, aunque surgen como un análisis en base a información periodística, nada adicional.

El informe de Insight Crime sobre la Argentina es de 2018:

"A pesar del prominente papel de Argentina como centro de lavado de dinero y punto de tránsito y consumo de drogas, el país no padece los altos niveles de violencia que afectan a otras naciones latinoamericanas. Aun así, la corrupción profundamente arraigada en varias ramas del Gobierno ha fomentado la criminalidad de manera persistente en el segundo país más grande de Suramérica.

Argentina no tiene grupos criminales propios con alcance internacional, pero las organizaciones criminales transnacionales han llevado a cabo durante mucho tiempo varios tipos de actividades ilícitas en el país. Además, hay indicios de que los grupos criminales del país han desarrollado lazos con actores transnacionales —aunque todavía relativamente a pequeña escala— y pueden estar creciendo en sofisticación y capacidad para la violencia.

(...) La cocaína es traficada desde el vecino de Argentina al norte, Bolivia, por vía aérea y terrestre. La marihuana y la cocaína son traficadas por la frontera noreste con Paraguay, en especial por vía fluvial y en menor medida por aire. La frontera oriental de unos mil kilómetros con Brasil también es bastante porosa y se ha asociado con el tráfico de armas. El contrabando de personas y bienes ilícitos se da en ambas direcciones por la frontera occidental de 10.000 kilómetros entre Argentina y Chile.

Los más de 5.300 kilómetros de la costa Atlántica hacia el suroeste albergan numerosos puertos importantes, como el de la capital, Buenos Aires, a través de los cuales circulan cantidades significativas de bienes ilícitos desde y hacia los mercados internacionales.

(...) Un factor que hizo de Argentina un lugar atractivo para el procesamiento de drogas fue su industria química, que sustentaba los robustos sectores petroleros y farmacéuticos. La disponibilidad de gasolina relativamente barata —un ingrediente clave en el procesamiento de la cocaína— y de sustancias químicas precursoras permitieron el surgimiento no solo de laboratorios de procesamiento de cocaína sino también de operaciones ilícitas para la producción de drogas sintéticas. Sin embargo, la demanda de tales drogas en Argentina aumentó por encima de la capacidad de los productores nacionales, y los surtidores europeos entraron a llenar el vacío.

A principios del nuevo siglo, las redes criminales también aprovecharon la industria química de Argentina para obtener precursores en el mercado negro regional, en particular la efedrina y la pseudoefedrina, utilizadas en la producción de metanfetamina en México e importadas de Asia bajo el pretexto de las necesidades de la industria farmacéutica argentina. Entre 2004 y 2008, Argentina importó unas 48 toneladas métricas de efedrina, 41 de las cuales se cree que fueron desviadas al mercado de la producción ilegal de drogas. Aunque el tráfico de precursores en Argentina ha disminuido considerablemente desde 2008 debido a las estrictas regulaciones y a la disminución de la demanda, no ha desaparecido del todo.

También a comienzos del siglo Argentina continuó desarrollando su papel como centro de lavado de dinero. En un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos filtrado en 2009 se describe a Argentina como un país “maduro para la explotación” por parte de intereses criminales, debido a lo que se considera “ausencia casi completa de la ley, junto con una cultura de la impunidad y la corrupción”. En 2010, el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (FATF por sus iniciales en inglés) criticó enérgicamente la estrategia de lucha contra el blanqueo de dinero en Argentina e incluyó al país en una “lista gris”, como advertencia de que debía hacer mejoras en este sentido. El grupo de acción financiera sacó a Argentina de la lista gris en 2014, después de que el país mejorara su labor contra el blanqueo de capitales, aunque el tema sigue siendo una prioridad para los funcionarios actuales.

Dado que las fronteras del país son poco vigiladas y que existe un nivel de vida relativamente alto, a finales de la primera década de este siglo Argentina también se convirtió en un centro regional para el contrabando y el tráfico de personas. El país aprobó una ley contra el tráfico de personas en 2008, por lo que en los años posteriores se dio un gran aumento en el número de víctimas rescatadas y en los cargos levantados contra los tratantes. Pero a pesar de estos esfuerzos, el problema dista mucho de ser erradicado.

Las mismas características que hicieron de Argentina un centro del tráfico de seres humanos también llevaron a que se convirtiera en un atractivo refugio para criminales extranjeros (las oportunidades para lavar dinero y comprar protección de funcionarios locales corruptos también sirvieron como incentivo). Por ejemplo, el capo criminal Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, fue arrestado en 2012 en Buenos Aires, donde según las autoridades había estado viviendo por dos años, viajando con frecuencia por toda la región y haciéndose pasar por un empresario venezolano.

Además de utilizar a Argentina como refugio, los grupos criminales extranjeros empezaron a reforzar su presencia allí durante la segunda década de este siglo. Las autoridades descubrieron operaciones de grupos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades, que estaban vinculados a la creciente violencia en torno al comercio de drogas de Argentina en ese momento.

A comienzos de la segunda década del siglo, las organizaciones criminales del país también se hicieron más sofisticadas y violentas. Uno de los grupos más emblemáticos de esta nueva generación del crimen organizado argentino fueron Los Monos, una pandilla que surgió del negocio de la droga en Rosario. En el año 2012 comenzó una disputa interna en el grupo, conformado en su mayor parte por miembros de una misma familia, lo que desató un baño de sangre que se extendió por varios años y convirtió a la ciudad en el símbolo del aumento de la violencia relacionada con el comercio de drogas en todo el país.

Movidas por fuertes presiones públicas, las autoridades se resistieron a recurrir a políticas militarizadas, pero enviaron mensajes contradictorios acerca de cómo planeaban hacer frente al creciente problema. La violencia de las pandillas dedicadas al tráfico de drogas iba en aumento, y los grupos criminales locales estaban diversificando sus carteras e incursionando en actividades como el secuestro. Además de todo esto, la corrupción siguió plagando muchos niveles del Gobierno, el sistema judicial y los organismos de seguridad.

La recolección de datos fue irregular durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupó la presidencia en periodos sucesivos de 2003 a 2007 y de 2007 a 2015, respectivamente. Pero a pesar de la falta de datos confiables —o quizá debido a ello—, las percepciones sobre la creciente violencia y la adicción a las drogas asociada con el crimen organizado ayudaron al candidato de mano dura, Mauricio Macri, a ganar las elecciones presidenciales de Argentina en 2015.

Tras la posesión de Macri iniciaron cambios importantes en la política de Argentina frente a la seguridad y las drogas, ya que la nueva administración buscó rápidamente implementar políticas de seguridad más duras —algunas de las cuales fueron criticadas por su tinte militarizado—.

En sus primeros meses en el cargo, el Gobierno de Macri lanzó operaciones contra los grupos mafiosos chinos, las barras de fútbol conocidas como “barras bravas” y diversas figuras importantes en el comercio de drogas a nivel nacional. La administración también puso más énfasis en reunir datos e inteligencia con el fin de guiar la formulación de políticas en materia de seguridad, y tomó algunos pasos iniciales para comenzar a tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública en lugar de un tema criminal.

Sin embargo, los logros de la administración Macri hasta el momento han sido a corto plazo, y hay abundantes pruebas de que los grupos criminales tanto internacionales como nacionales se han adaptado para seguir operando diversos esquemas criminales sofisticados y lucrativos.

Una de las principales razones de la persistencia del crimen organizado en Argentina es la corrupción profundamente arraigada. Las organizaciones criminales de todo el país han establecido fuertes relaciones con altos funcionarios locales, y la ineficiencia y la corrupción en el sistema judicial han contribuido a la impunidad en muchos casos. Hay algunas señales alentadoras de que las autoridades están comenzando a abordar este problema más seriamente, pero la administración Macri no ha cumplido en general sus promesas más progresistas en este sentido. Además, dadas las experiencias previas de militarización en la región, así como la oscura historia de abusos policiales en Argentina, sigue habiendo serias preocupaciones en cuanto a las preferencias políticas de mano dura de Macri. (...)".