Por qué el sobreseimiento de CFK puede ser un búmeran para Alberto F. en su guerra contra Macri

Esa medida había sido cuestionada en tribunales por dirigentes del radicalismo y el PRO. En 1ra instancia, el juez Claudio Bonadio había procesado a la exPresidente, al titular del BCRA y a Axel Kicillof, quien había sido ministro de Economía. 

Cuando el caso se dirigía a juicio oral, el máximo tribunal penal resolvió que una medida de esas característica, en tanto política de gobierno, no podía ser judiciable. 

De acuerdo al fallo de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, los jueces "están llamados a juzgar, no a administrar ni a fijar ni revisar la política económica de los poderes políticos, pues lo contrario implicaría desvirtuar el régimen democrático sustituyéndolo por el gobierno de los jueces". 

Según sostiene el voto unánime, los controles de legalidad no facultan a los magistrados "a sustituir a la Administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad; ya que el ejercicio de los mencionados controles no puede justificar que todas las medidas de política económica de los poderes competentes sean sometidas a la revisión, no de su legalidad sino de su acierto o su oportunidad, pues ello implicaría sustituir a los órganos constitucionales que tienen su origen directo en la voluntad popular por el criterio predominantemente técnico del Poder Judicial". 

Claramente, el fallo de Casación convalida la política sobre el dólar futuro y libera a CFK y al resto de los imputados de culpa y cargo. 

La calidad de no judiciable de las políticas de gobierno sobrevoló sobre este caso en los más de 6 años de su existencia. Comentaristas afines y críticos del kirchnerismo encontraban en la inviabilidad de la acusación un punto de encuentro, más allá de los avances de la causa. 

Pero lo que para el oficialismo hoy es motivo de alivio, también puede volverse un efecto búmeran en su empeño de criminalizar algunos aspectos de la política económica del gobierno de Cambiemos. 

Días atrás, el Poder Ejecutivo facultó al Procurador General, Carlos Zannini, para que solicite -en nombre del Estado- ser querellante en una causa iniciada contra Mauricio Macri y otros exfuncionarios a raíz del crédito contraído durante su gestión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

De esa manera, el presidente Alberto Fernández dispuso darle mayor apalancamiento a la "querella criminal" que él mismo impulsa por lo que entiende que fue "la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda", según dijo en la apertura de sesiones ordinarias, el 01/03.

La denuncia fue presentada por la Oficina Anticorrupción ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti, y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el gobierno de Macri había contraído los US$44 mil millones de deuda con el FMI, monto que además, era idéntico al de la cifra de dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.

Según el pedido de la Procuración del Tesoro, "existen elementos de juicio que fundadamente permiten atribuir a los funcionarios del gobierno argentino responsable de las operaciones celebradas con el FMI el incumplimiento de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa".

El fallo sobre el dólar futuro abre un interrogante sobre la viabilidad de la judicialización de aquella medida del gobierno macrista, querella impulsada ahora por el mismo sector político que se beneficia de la decisión de Casación.