Plata para las universidades: la oposición desafía el plan económico de Javier Milei

Si bien el tema perdió centralidad en la agenda pública por el vértigo de la coyuntura política, en las últimas horas volvió a cobrar fuerza: sectores opositores buscan instalarlo nuevamente en el debate y presionar por una respuesta concreta.

La propuesta de la oposición

En ese sentido, y en respuesta "al ajuste fiscal y al creciente recorte de fondos para el sistema universitario", los diputados nacionales Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley con el objetivo de garantizar "un financiamiento estable y previsible para las universidades públicas del país".

La propuesta contempla una actualización automática de las partidas presupuestarias, ajustadas por inflación, desde mayo hasta fin de año. A partir de 2025, se aplicaría una fórmula mixta de actualización que incluye inflación (50%), tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%), con revisiones cada dos meses.

Recomposición salarial en universidades

Además, el texto prevé la recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, estableciendo la convocatoria obligatoria a paritarias dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley. También propone actualizar los programas de becas estudiantiles según la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y fijar mecanismos automáticos para evitar su desvalorización.

“Este proyecto busca aportar previsibilidad y sostener la calidad del sistema universitario en un contexto económico adverso. La educación superior no puede quedar librada al recorte o la discrecionalidad”, aseguró Danya Tavela.

Para la legisladora, garantizar el financiamiento adecuado es clave "para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país".

El diputado Maxi Ferraro, en tanto, advirtió: “El desfinanciamiento no es un error, es una decisión política. Defender a nuestras universidades es defender el futuro. Por eso impulsamos esta iniciativa que pone en el centro el derecho a la educación y el desarrollo nacional”.

Cambios en la Ley de Educación Superior

El proyecto también introduce cambios en la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución de los fondos: cantidad de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, producción científica y extensión universitaria, con un enfoque de equidad regional y transparencia.

Además, la Auditoría General de la Nación tendrá un rol central en el control del uso de los recursos, debiendo presentar informes regulares ante el Congreso.

“Una universidad pública fuerte, gratuita y de calidad no puede depender de decisiones coyunturales. Es deber del Congreso proteger este derecho esencial”, concluyó Tavela.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diputados de distintos bloques, entre ellos Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

Puntos claves del proyecto de ley:

• Actualización automática de fondos: Se ajustarán las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales desde enero de 2025 según la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024 (Índice de Precios al Consumidor - IPC).
• Fórmula de actualización bimestral (2025): A lo largo del año, el presupuesto se actualizará cada dos meses combinando: 50% IPC, 25% variación del tipo de cambio oficial para importaciones y 25% tarifas de servicios públicos.
• Paritarias docentes y no docentes: El Ejecutivo deberá convocarlas dentro de los 5 días posteriores a la sanción de la ley. Se busca recomponer salarios tomando como base el Índice de Salarios del sector público.
• Recomposición de becas estudiantiles: Se ajustarán por inflación desde diciembre de 2023 y se establecerán mecanismos automáticos de actualización.
• Nueva fórmula para asignar presupuesto: Se modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios como:

Cantidad de estudiantes

Tipo y área de carreras

Actividad científica y de extensión

Equidad regional y distribución histórica

• Transparencia y control: La Auditoría General de la Nación deberá auditar el uso de fondos y enviar informes al Congreso. Además, el Gobierno deberá justificar públicamente los criterios de asignación.
• Facultades al Ejecutivo: El jefe de Gabinete podrá reasignar partidas presupuestarias para cumplir con esta ley.

El proyecto completo a continuación:

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