La reforma política de Milei: Sin PASO, sin financiamiento estatal y con cerrojo a extranjeros

Pero hay un punto nuevo que todavía está en evaluación y que no estaba en el debate público hasta ahora: la participación de asesores extranjeros en campañas electorales nacionales.

Lo que dice la ley hoy y lo que quiere agregar el Gobierno de Milei

La legislación vigente ya prohíbe que gobiernos o entidades del exterior financien partidos políticos argentinos. Lo que analiza ahora la Casa Rosada es ir un paso más allá: impedir que consultores o estrategas de campaña de otros países trabajen en elecciones nacionales, y también bloquear la difusión de publicidad política paga desde el exterior.

Según fuentes oficiales consultadas por el periodista Ignacio Salerno, de TN, la discusión apunta a cubrir "zonas que el oficialismo considera insuficientemente reguladas dentro del esquema vigente". Dicho en criollo: la ley actual frena la plata extranjera, pero no habla nada de los profesionales que vienen a asesorar ni del contenido político que se paga desde afuera para circular en redes argentinas.

El corazón del proyecto: chau PASO

La eliminación de las PASO sigue siendo el núcleo político de toda la reforma. El oficialismo quiere suprimir las primarias de forma definitiva y, con eso, desmantelar todo lo que las rodea: la logística electoral de esa instancia, los debates asociados y la publicidad que se financia para esa etapa. En Balcarce 50 sostienen que las primarias representan "un gasto innecesario" y que debe volver a ser cada partido -y no el Estado- quien defina cómo elige a sus candidatos.

El financiamiento: el Estado se retira de las campañas

El segundo gran bloque de la reforma toca el dinero. La propuesta oficial es mantener el financiamiento estatal para el funcionamiento cotidiano de los partidos -lo que se llama su "subsistencia institucional"- pero eliminar los fondos públicos para campañas electorales. Desde ese momento, los partidos deberían autofinanciar sus publicidades, actos y operaciones electorales.

Ese capítulo también incluye cambios en las reglas para constituir y mantener un partido: más cantidad de afiliaciones requeridas, cambios en la estructura legal y condiciones más estrictas para conservar la personería jurídica. La idea, según el oficialismo, es reducir la proliferación de "sellos sin actividad real".

Boleta Única: una modificación técnica con trasfondo político

El proyecto propone agregarle a la Boleta Única de Papel una opción para votar lista completa de una sola vez, argumentando que en la implementación inicial del sistema muchos votantes se confundieron entre categorías.

A ese punto se le suma uno de los objetivos personales de Karina Milei: que las provincias que quieran hacer elecciones en la misma fecha que la Nación estén obligadas a utilizar el mismo sistema electoral, si pretenden recibir los servicios nacionales para organizar los comicios. Es decir, o adoptan la Boleta Única o se organizan solos.

El Parlasur: elección directa, en la mira

Otro de los cambios es la forma en que se eligen los parlamentarios del Mercosur. El Gobierno propone que esa elección deje de ser directa -como es hoy, cuando los ciudadanos votan por esos representantes en forma separada- y pase a definirse de manera indirecta, distribuyéndose entre los bloques según su peso en la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada sostienen que el esquema actual "perdió sentido político".

La reforma que mira a 2027: circunscripciones uninominales

Por último, dentro del paquete aparece uno de los cambios más estructurales que el oficialismo tiene en carpeta: la creación de circunscripciones uninominales para elegir diputados nacionales, un sistema que el propio Gobierno compara con el de Estados Unidos, donde cada distrito elige un solo representante por zona geográfica.

Este punto no es el más urgente del paquete, pero está dentro del proyecto. En la Casa Rosada entienden que la reforma política puede convertirse en uno de los ejes de la próxima etapa legislativa y, sobre todo, en una herramienta para rediseñar las reglas del juego antes de las elecciones de 2027.

El proyecto ya está terminado técnicamente, pero todavía sigue bajo revisión política y jurídica antes de ser enviado al Congreso.

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