Nueva Ley de VIH: El Senado a punto de dar su voto positivo

El proyecto busca erradicar prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales y entre otros puntos, la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social.

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Cuando sesione el Senado diferentes organizaciones marcharán en favor de la nueva Ley

Camino recorrido

Diputados dio media sanción, por 241 votos positivos y solo 8 negativos, a la conocida como “Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y tuberculosis (TBC)” después que el perdiera estado parlamentario en los años 2017, 2019 y 2021.

La iniciativa utiliza un capítulo para considerar a “las mujeres y personas con capacidad de gestar”, consagrando los derechos que los asisten en relación con el acceso a la información sobre su salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto tanto como la atención integral durante el embarazo y posparto.

La norma considera la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De acuerdo con la referido por el sitio de noticias La Nación, el proyecto focaliza en cinco “poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad” identificadas por Onusida (personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas) sin enumerarlas,

Además fija sanciones para distintos incumplimientos de la ley, y crea el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación a la condición de persona positiva.

El texto también deroga el Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y crea instancias para combatir la “criminalización por la sola condición de la infección

perspectiva de género y derechos humanos”.

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