Martín Llaryora y un ministro en el freezer del gabinete

Envuelto en un escándalo por presunta violencia de género contra una ex pareja, Gill decidió sacar licencia hace algunos días y luego de meses de presiones externas a la administración para que abandone su cargo. El movimiento habría sido por solicitud de los altos mandos del Gobierno provincial, que admitieron más tarde la necesidad de que el oriundo de Villa María pueda ocuparse de enfrentar su situación judicial sin entorpecer la actividad del Ministerio.

Cabe recordar que Gill fue blanco de las críticas opositoras en Córdoba. En ese sentido, el oficialismo resistió en dos oportunidades embestidas legislativas para un juicio político en su contra.

Bajo ese marco, es que la licencia de Gill sería el primer paso para un apartamiento definitivo y a la espera de una resolución judicial del caso. La maniobra sería preventiva para evitar seguir extendiendo el discurso opositor, que ya tiene varios puntos para hacer “palanca”, sobre todo en materia de seguridad, donde la administración Llaryora sufre turbulencias por escándalos.

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Martín Gill, el ministro de Martín Llaryora que enfrenta un juicio.

Martín Llaryora no quiere “cisne negro”

Para Gill, el panorama se volvió aún más complicado tras el estallido del escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Su pasado como secretario de Obras Públicas de la Nación durante la gestión del ex presidente dejó a tiro de la oposición una incómoda comparación.

En ese sentido, la relación cercana entre el ex intendente de Villa María y el ex mandatario potenció dos figuras que en el Gobierno provincial quieren bien lejos. Primero, la de funcionarios bajo la lupa de la Justicia por temas de género; y en segundo orden la de funcionarios asociados directamente con el kirchnerismo.

Si bien el procedimiento con Gill fue diferente, ya que el Gobierno provincial expulsó funcionarios mucho más rápido por el mismo motivo, la puerta de su futuro político estaría de mínima abierta para el ingreso de un nuevo actor. Para el caso del villamariense, el propio Llaryora fue quien dispuso no ceder ante la presión opositora y sostener al funcionario en su cargo hasta tanto no haya un fallo judicial.

Mientras tanto, la situación judicial de Gill está en manos de la fiscal Juliana Companys, quien elevó recientemente a juicio la causa. Según el funcionario declaró a la prensa, sostiene la confianza sobre su inocencia y la esperanza de poder retornar a su cargo tras la conclusión de la Justicia.