Córdoba también se sacude con el terremoto Alberto

El funcionario del gabinete de Martín Llaryora enfrenta un proceso judicial provincial por presunta violencia de género contra su ex pareja. El caso cayó en manos de la fiscal Juliana Companys en Villa María y fue un punto de presión en los últimos meses para la oposición provincial, desde donde surgió un pedido de juicio político.

En las últimas horas, esa presión aumentó por el caso Fernández y motivó a un segundo pedido de juicio político. Esta última solicitud fue nuevamente realizada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, pero volvió a quedar trunca por falta de apoyo del arco opositor local.

No obstante, la permanencia de Gill en el gabinete de Llaryora es cuestión de discusión entre las altas esferas del Gobierno provincial. Sobre todo teniendo en cuenta que el caso del ex presidente tuvo un golpe de efecto en las encuestas, que volvieron a marcar una tendencia favorable para el oficialismo.

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Martín Gill, ex funcionario de Alberto Fernández

Casualidad o no, el funcionario cordobés fue intendente de Villa María y secretario de Obras Públicas de la Nación en la administración de Alberto Fernández. Un dato que dio lugar a una amplia variedad de análisis sobre dos casos que involucran a funcionarios con cargos por presunta violencia de género.

Para Gill, la última novedad procesal fue el pedido de elevación a juicio. Mientras tanto, el ex funcionario albertista amplió su declaración en las últimas semanas, donde reafirmó su inocencia.

Al respecto, la denunciante Lourdes Astudillo se refirió a la coincidencia de los casos. “Me vi en las fotos de Fabiola, era muy amigo de Alberto”, comentó la ex pareja de Gill a Radio Continental.

Según la mujer, el ex intendente de Villa María la habría golpeado en numerosas ocasiones. “Me arrastró del sexto piso al tercero, me sacó una uña y quedé con muchos golpes”, explicó.

A la espera de una nueva resolución judicial, el debate de la continuidad o no de Gill en su cargo también se proyectó hacia otros casos similares dentro del poder cordobés. Casos que casi siempre terminaron con los funcionarios eyectados de sus cargos como medida disciplinaria.

Antecedentes y política de género

Para el oficialismo cordobés, un escándalo de género en el seno de la administración no resultaría novedad, como tampoco la aplicación de medidas disciplinarias. Desde casos muy graves como el de Diego Concha (ex director de Defensa Civil provincial) imputado por presunto femicidio, pasando por Gustavo Folli (exjefe de Bomberos, ex subjefe de Policía de la Provincia y más recientemente director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba), Juan Ledesma (exdirector del Hospital de Niños y ex coordinador del COE), Francisco Flores (ex juez Civil y Comercial), y hasta Alfonso Mosquera (ex ministro de Seguridad), Gabriel Bermúdez (ex secretario de Transporte municipal), se desanda una contundente lista de ex funcionarios señalados por presunta violencia de género en los últimos años.

El común denominador entre ellos fue el proceso de expulsión casi inmediato de la administración, tanto a nivel provincial como en Córdoba capital (municipal). Ninguno de ellos permaneció en funciones con cuestionamientos abiertos.

En el caso de Gill, la postura oficial sería distinta. Para expulsarlo del gabinete provincial, el factor decisivo sería la expectativa de una posible condena o absolución en un eventual juicio.

Mientras tanto, Gill continuará ejerciendo como ministro de Cooperativas, cargo sobre el cual no cesó su trabajo. Y con él, seguirá incrementando el calor de la polémica que la oposición buscará aprovechar de cara al periodo de elecciones legislativas del año 2025.