CÓRDOBA. El ministro provincial de Cooperativas y Mutuales de Martín Llaryora, Martín Gill, fue llevado a juicio por un presunto caso de violencia de género contra una ex pareja. El ex intendente de Villa María había sido imputado por lesiones leves calificadas por vínculo y por violencia de género tras una denuncia en su contra.
IMPUTADO
Martín Llaryora no la vio: Ministro a juicio por violencia de género
Martín Llaryora sufre el mal momento de uno de sus ministros. Había sido denunciado antes de asumir al Gobierno.
La causa, en manos de la fiscal Juliana Companys, terminó por golpear al Gabinete de Llaryora, que ya tuvo que lidiar con un caso similar hace pocas semanas. Se trató del secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, quien fue imputado por presunto acoso sexual y conformaba una gestión del mismo partido que el gobernador cordobés.
Para Gill, la elevación a juicio era previsible incluso antes de ser nombrado como ministro provincial. El ex secretario de Obras Públicas de Alberto Fernández amplió su declaración el viernes pasado (22/3) en una sesión de más de cinco horas, donde ratificó su presunta inocencia.
El escándalo, que salpica al más alto estamento del Gobierno provincial, podría empujar la salida de Gill como parte de un protocolo de acción interno que aplica el oficialismo. Algo que se repitió en casos anteriores, aunque no tan pesados.
Martín Llaryora y Gill, un acuerdo por lo bajo
La incorporación de Martín Gill al Gobierno de Córdoba se da luego de que el villamariense hiciera su propio juego con el kirchnerismo, por fuera de los lineamientos establecidos del por entonces gobernador Juan Schiaretti. Respecto a ello, el ex intendente de Villa María llevó incluso apoyo a Sergio Massa durante el balotaje cuando tanto Llaryora como Schiaretti permanecieron “neutrales”.
“La Fiscalía de Instrucción de Villa María, a cargo de Juliana Companys elevó a juicio la causa contra el exintendente Martin Gill por lesiones leves calificadas por vínculo y por violencia de género”, fue el escueto comunicado que publicó este miércoles en su sitio web el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, dando a conocer la novedad. Así, las fuentes oficiales intentaron bajar el ruido del caso que podría poner en jaque el puesto de Gill.
Mientras tanto, Llaryora intenta gestionar la realidad de las cooperativas, sobre todo las referidas a la energía eléctrica en localidades del interior. La queja principal de los vecinos cordobeses es la disparidad en las tarifas que presentan esas organizaciones, que son reguladas por el Ministerio que hoy conduce Gill.