El Gobierno de Martín Llaryora atraviesa días complejos tras el femicidio de Agostina Vega. Llega el momento de tomar decisiones (o no).
Llaryora y un momento clave en su gestión.
Al mes 30 de gestión, la crisis política tocó la puerta del despacho de Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba. Tras el femicidio de Agostina Vega (14) el destape de una cadena de errores, que llevaron al sospechoso Claudio Barrelier a formar parte inocultable del oficialismo y a estar en libertad a pesar de registrar un severo antecedente penal, expuso a la gestión del PJ a la bronca colectiva.
En Barrelier se materializaron varias crisis en una. La primera, en su condición de empleado municipal y formando parte del seno político de la administración de Daniel Passerini, donde permaneció durante más de un año a pesar del registro de una causa por privación ilegítima de la libertad; la segunda en su condición de imputado que lo encontró exponiendo presuntas falencias del Poder Judicial provincial que avaló su libertad previa al femicidio; y la tercera en su condición de sospechoso, dejando bajo la lupa la gestión de Seguridad durante las horas de desaparición.
El combo, de alto impacto a nivel nacional, hizo convulsionar varias capas del Gobierno provincial como nunca antes en la actual administración. Con varios frentes abiertos, la exposición a la crítica opositora fue contundente, excediendo incluso los límites de los rivales políticos y trascendiendo hacia lugares mucho más complejos, incluso dentro del propio espacio.
Más allá de las reacciones municipales ejecutadas por Passerini, el Gobierno provincial optó por una contención provisoria. Con el velorio de la menor en marcha, desde el Panal prefirieron un impasse para adoptar, de manera definitiva, una postura frente a la embestida que generó el caso.
Con la Copa del Mundo en puerta, evento que suele ser tomado como un “oasis” para la política en términos de exposición pública, el gobernador Llaryora estaría enfrentado entonces a una disyuntiva compleja: blindar su gestión y sostener a sus funcionarios cueste lo que cueste, o optar por un reinicio justo a tiempo para encarar con mejor salud política el 2027 decisivo.
En caso de extender la contención vigente más allá del corto plazo, Llaryora habría optado por blindar su administración. Esta estrategia, común en los tiempos que corren para la política, implicaría el sostenimiento de cada uno de los funcionarios cuestionados como elementos centrales y la disposición a absorber un eventual impacto electoral.
Entre los más apuntados por la crítica estaría el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien fue objetivo de los principales dardos opositores por su rol en la investigación inicial.
Para Llaryora, la gestión de Seguridad es uno de los puntos más sensibles, de tal modo que el costo político de una eventual eyección de su titular adentraría al Gobierno provincial a una autocrítica sin precedentes.
Ahora bien, salvarse de ese terreno desconocido también expondría al PJ cordobés a los efectos que ya sufrió la Casa Rosada con el caso Manuel Adorni. Esto implica una importante erosión en la imagen de la cabeza de la gestión (Javier Milei), afectando de manera directa la potencia electoral del oficialismo.
La otra opción que el escenario dispuso para Llaryora es el avance en una reestructuración importante. Una maniobra que tendría costo político pero que podría brindar la dinámica de gestión necesaria para llegar al 2027 con competitividad, en medio de un escenario complejo desde lo fiscal para las administraciones provinciales.
En la historia, el recuerdo inmediato a un accionar similar remonta la crónica policial al caso de los bebés asesinados en el Neonatal (2022). En aquella oportunidad, y una vez destapada la trama de errores oficiales que desataron la tragedia múltiple, el por entonces gobernador Juan Schiaretti ordenó bajar de su cargo al ex ministro de Salud, Diego Cardozo.
El médico, que quedó imputado en la causa oficial instruida por el fiscal Raúl Garzón (mismo del caso Agostina) y más tarde fue absuelto, llegó a ese punto con un enorme crédito político por haber controlado aceptablemente la crisis desatada por el Covid-19. Aún así, Schiaretti ordenó su salida y redujo los efectos del escándalo que salpicó al oficialismo.
Más profunda aún fue dicha reestructuración si se tiene en cuenta que Schiaretti también ejecutó, para ese entonces, la salida de su ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. El funcionario llegó altamente erosionado por la cuarentena obligatoria, y en particular por el caso Blas Correas, el joven asesinado en manos de la Policía de Córdoba en un control vehícular.
Con ese último registro, la posibilidad de cambiar justo antes del periodo electoral no luce descabellada para un Llaryora que intentará renovar su mandato ante rivales, por ahora desconocidos.
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